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Ahora
quieren que los municipios |
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Iniciativa en Diputados
Ahora quieren
que los municipios
fijen el impuesto a las “telcos”
Buscan derogar el impedimento a los municipios de cobrar el gravamen por el tendido de redes. Así se reconoce la autonomía y ya no habría topes al impuesto como planteaba una ley vetada en septiembre último. Aunque no están obligadas, en la práctica las empresas ya arreglan con las intendencias.
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El diputado cordobés Fernando Montoya (UCR) presentó un proyecto de ley tendiente a eliminar el artículo 39 de la ley de Telecomunicaciones (19.798), que les impedía a los municipios cobrar a las empresas de telecomunicaciones un impuesto por el uso del espacio público. En realidad, cuando se sancionó la ley, en 1972, la utilización de los espacios terrestres y aéreos estaba exenta de cualquier imposición ya que en ese momento las empresas se encontraban en manos del Estado. Pero ahora, el legislador aspira a reflotar la autonomía de las comunas amparada en la Constitución Nacional y que sean ellas mismas las que estén habilitadas a negociar con las “telcos” el monto del gravamen. “Debemos terminar de una vez por todas con los obstáculos a los municipios, los que cada vez con menos recursos deben hacer frente a nuevas responsabilidades”, expresó Montoya. Ahora se espera que el proyecto sea tratado en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, donde ya había trascendido la intención de insistir con otra ley, la 25464. Esta normativa modificaba el mismo artículo que Montoya quiere eliminar. Es decir que había fijado como competencia de los municipios el cobro del gravamen, que jamás podía superar el 2% de la facturación de las empresas. Pero en septiembre último el ex presidente de la Rúa la vetó. “Aquella norma no respetaba cabalmente la autonomía municipal porque establecía cuánto debían cobrar”, sostuvo el diputado, convencido que de salir a la luz su proyecto, las comunas optarán por cobrar o no, e incluso liberará la negociación hacia una modalidad “tete á tete” con las mismas firmas. En diálogo con esta redacción, fuentes allegadas al legislador aseguraron que en la práctica, muchas empresas pagan religiosamente sus gravámenes aunque no estén obligadas a hacerlo. “Hay compañías que ya arreglan con algunos municipios el impuesto. Suelen pagar entre el 0.3 al 1%”, afirmó la fuente. Esta maniobra les aseguraría a las “telcos” un buen trato en las localidades. Al parecer, los directivos no desconocen que cualquier obstáculo oficial para pedir habilitaciones o iniciar obras puede tener directa incidencia en los niveles de rentabilidad. Por lo que de sancionarse esta ley, a muchos los encontrará con las cuentas hechas. En Diputados también se descartó que lleguen a existir conflictos en las tratativas con las empresas justamente por el hecho de las presuntas ventajas que obtendrían con su apoyo a las magras arcas de las comunas.
Los protagonistas
El secretario ejecutivo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Juan Sziymankiewicz, confirmó el dato a R&TA: “Es verdad, hay lugares donde ya existen las negociaciones, que llegan hasta el 4% y hasta algunas empresas se comprometen a instalar tecnologías en las escuelas”, ejemplificó el funcionario. Pese a no estar obligadas, las compañías saben que es mejor pagar. “El municipio tiene la facultad para determinar esta negociación porque si mañana se le ocurre que todos los cables deben ser subterráneos, la empresa lo tiene que hacer y el costo sería enorme”, calculó el directivo de la FAM. Por estos días, la agrupación de comunas –reúne al 80% de la población del país- analiza si es factible continuar con la especificación de la tasa que proponía la ley vetada o considerar la eliminación completa que impulsa el diputado Fernando Montoya. Al parecer, todas las fichas estarían puestas en la primera opción, ya que sería la que menos resistencia generaría en las mismas empresas. “El beneficio de la unificación del gravamen es para la empresa, que no va a tener en cada ciudad o pueblo un porcentaje distinto”, apuntó Sziymankiewicz. Entre los rechazos que esgrimirían las “telcos” aparece el destino del gravamen. Al no haber en el artículo especificación alguna sobre la utilización de los recursos, desde la FAM creen que las compañías apelarán a este punto flojo para decir que ese dinero va a las arcas de las campañas para financiar el gasto político. Sin embargo, el directivo señaló que ahora “es imposible establecer el destino de los fondos”, por lo que se espera avanzar tal como fue redactado en un principio. En tanto, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, (CICOMRA), que nuclea a las compañías del sector, se mostró dispuesta a evaluar la iniciativa a pedido de esta redacción. Pero al cierre de esta edición aún no se había pronunciado al respecto.
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Tal como adelantara R&TA a través de sus envíos de último momento, el presidente Eduardo Duhalde designó el 11 de marzo, luego de dos meses de acefalía, al nuevo secretario de Comunicaciones. Se trata de Jorge Emilio Serghini, el ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Carlos Ruckauf. El funcionario, que ocupa el lugar de Hecnoh Aguiar, fue nombrado a través del decreto 413/02 y al cierre de esta edición se encontraba en plena tarea de reconocimiento del área. Pese al gran incentivo que el sector prometía experimentar en tiempos de la Alianza, la gran crisis económica lo encuentra ahora en una depresión, potenciada por la devaluación. La gran parte de las empresas de telecomunicaciones, con las que ahora comenzará a tratar Serghini, discontinúan sus producciones por los altos costos operativos en dólares y las inversiones son nulas. Además, el funcionario se hace cargo de una secretaría que puso a consideración una serie de proyectos de ley para regular el correo electrónico y las transacciones on line. Entre los temas que hereda de la anterior gestión en la SECOM figura también la candente realidad que experimenta el Correo Argentino, con sus deficiencias financieras y de empleos. Tampoco le escapará al nuevo hombre de Economía la definición de políticas de Estado en torno de la nueva generaciones en telefonía y el cambio de la TV digital.
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