Radiodifusión

Hay dictámenes separados

Persiste el disenso en
Senadores por la penalización
de los radiodifusores clandestinos

Mientras la Comisión de Comunicaciones apoya la sanción, Asuntos Penales bajará la iniciativa cuando entre a discutirse en el recinto. La ley es esperada con ansias en el sector privado y en el propio Comfer.

Sólo después de un debate que aún carece de fecha fija en el recinto de la Cámara Alta se sabrá qué suerte correrá al proyecto de ley que pretende penalizar con hasta dos años de prisión a los radiodifusores ilegales que operen en la Argentina.
Porque cuando la tendencia a reformar el Código Penal parecía no tener adversarios en el Parlamento, una nueva divergencia de criterios volvió a sumar condimentos al delicado tema de mandar a la cárcel a los clandestinos del dial.
La Comisión de Comunicaciones aprobó a través de un dictamen por mayoría la media sanción a la ley de Diputados. Pero la comisión de Asuntos Penales y Régimen Carcelario, que actúa como cabecera del tema, tomó distancia y votó otro dictamen en disidencia total. Las dos están lideradas por los justicialistas Guillermo Jenefes y Jorge Agúndez, respectivamente. Y ahora sólo queda esperar la votación general en el recinto donde se advertirá la influencia de cada cabeza dentro de su bloque y el resto de los legisladores.

Las dos opciones

De aquí en adelante, o sale la ley tal cual fue concebida en Diputados, o se detiene su curso y vuelve a ésta para resurgir en otro momento menos candente para la actividad legislativa tal como se concibe por estos días.
Para Jenefes, “la necesidad de esta ley también se funda en que va a ser un instrumento necesario para la normalización que exige hoy el espectro radioeléctrico, donde se produce la apropiación de frecuencias y la imposibilidad de regularizar a muchas de ellas ya que se encuentran ocupadas por clandestinas”.
En sintonía con el senador, el sector privado encabezado por ATA, ARPA y ATVC pidió la “urgente” aprobación del la ley. Y tanto éstos como el Comfer se mostraron confiados luego de una reunión en el Senado que así será.
El propio interventor Carlos Caterbetti confió a esta redacción minutos después de exponer su postura que advirtió en los legisladores “una predisposición total de aprobar la reforma del Código porque entendieron que el gran problema es la urgencia”. A lo que agregó: “Si se encuentra algún defecto de forma, éste puede subsanarse después”, sostuvo visiblemente más relajado que semanas anteriores cuando el proyecto estaba trabado.
Pero ahora el proyecto demostró estar tan o más complicado de salir a la luz que cuando comenzó a discutirse. Y al momento de levantar la mano, la comisión de Asuntos Penales en pleno no dudará en defender a capa y espada lo que ellos consideran fundamental: “la radiodifusión clandestina no debe combatirse mediante una modificación del Código Penal”.
Ni siquiera la promesa de Caterbetti de normalizar el espectro si salía la ley convenció las rígidas posturas de los integrantes de Asuntos Penales. Y en silencio, mientras el tema parecía estar resuelto para los propios interesados, imprimieron el rechazo.

El Código no es el medio

Los legisladores que respetarán la disidencia, entre ellos, José Luis Zavalía, Vilma Ibarra, Amanda Isidori y Eduardo Brizuela del Moral, coincidieron con Agundez que “sancionar la radiodifusión ilegal puede ser alcanzada por las herramientas del derecho administrativo, ya que es ajena a las funciones del Código Penal”.
Pese a coincidir en el espíritu del proyecto de considerar a la clandestinidad como un tema a combatir, Asuntos Penales estima que ésta no debe hacerse “por la intervención punitiva” sino a través de una “ley marco de radiodifusión”.
Para ellos, “sólo se debe recurrir al Código Penal cuando las demás normas coactivas resulten ineficaces”. Y en este sentido entienden que sobre las conductas que afecten las radiocomunicaciones aéreas ya se encuentran subsumidas en el Código con penas de entre 2 y 8 años de prisión.
Lo mismo sucede para la parte del texto donde se pretende penalizar al que comercialice, promueva o distribuya decodificadores. Asuntos penales observó que estas acciones ilegítimas ya están tipificadas en la ley 22362 de Marcas y designaciones.
Por otro lado, el hurto de señales también estaría alcanzado por el Código Penal cuando éste se refiere al robo de un bien mueble. Y si el ilícito fuera cometido en beneficio de una persona jurídica, como dice el artículo 3 del proyecto, éste está contenido en la ley 19550 de Sociedades.
En conclusión, los senadores disidentes resaltaron también que “una penalización irracional e indiscriminada atenta contra el Estado de Derecho y favorece el desarrollo de un Estado de Policía en detrimento del primero”. La cartas están echadas en la mesa de quien mejor sepa convencer al otro para apoyar una u otra postura. El efecto de un aparente consenso demostró ser eso mismo que parecía, una cuestión probable que no fue.

El Congreso atenta contra la libertad de expresión

Quieren enviar a la cárcel a los radiodifusores de la democracia

por Martín García *

Las comisiones de Legislación Penal y de Comunicaciones e Informática de la Cámara de diputados unificaron en junio de 2001 varios proyectos presentados por los entonces diputados Luis Brandoni y José Dumón (Alianza), y por Dámaso Larraburu y Pablo Fontdevila (PJ) haciendo un menú represivo y discriminatorio a favor de los multimedios y las empresas extranjeras de cableado y TV por satélite.
El proyecto que tuvo media sanción en diputados, entre gallos y media noches para convertirse en ley en el Senado, donde está siendo tratado ahora, estuvo dirigido a penalizar con la cárcel las emisiones no autorizadas de radio y de televisión.
La Ley fue impulsada con el urgente pretexto de las interferencias supuestamente provocadas por radios “truchas” en las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery, que lo volvieron inoperable por varios días, lo que, como todo el mundo sabe, fue un “blooper” originado en emisiones de radios legales y autorizadas que se negaban, aun después de ser advertidas, a corregir su anomalía y con esa excusa dictaron una normativa que somete la libertad de expresión a prisión en la cárcel para todos los radiodifusores de la Democracia que administran radios y canales de televisión no autorizados en mas de mil localidades del territorio nacional y que, desde hace 15 años son reconocidos como legítimos y necesarios por sus comunidades locales. Según el proyecto, quienes realizaran o repitieran emisiones no autorizadas de radio o de televisión, podrían recibir penas de un mes a un año de prisión, e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Esto hubiera sido razonable si se hubiera referido sólo a la interferencia en zonas de aterrizaje y despegue de aviones, pero ¿qué sentido tiene su aplicación en los lugares donde esto no es afectado?
A pesar de que para nosotros esto ya está previsto en el Código Penal, se podría, tal vez, entender y proponer, si nos ceñimos al problema de las interferencias en los aeropuertos o en los enlaces de las fuerzas de seguridad que, como alternativa, se efectuara una modificación del Código Penal que dijera, por ejemplo: “Artículo 197 bis.- El que realizare emisiones de radio, de televisión o de transmisión de datos, permanentes o transitorias, que interfieren las frecuencias de transmisión de aeropuertos, policiales o militares, será reprimido con prisión de dos meses a dos años e inhabilitado para operar por el doble del tiempo de la condena”.
Si unos poderosos se quieren quedar con una radio como ha pasado con la Radio 10 de Daniel Hadad, con apoyo de los capitales extranjeros que dictan su línea editorial ¡No hay problemas ¡se le saca la frecuencia a la municipalidad de Buenos Aires, se hace un concurso entre gallos y medianoche, y se le otorga a los amigos con todo lo legal limpito y justificadito, porque para eso es el poder, para beneficiar a los amigos de los poderosos.
Telefónica opera como perico por su casa los Canales 9 y 11 de Buenos Aires en una misma área de cobertura (lo que le esta expresamente prohibido) y sin embargo hace eso y mucho mas, todito fuera de la ley, pero ¿quién le pone el cascabel al gato de los intereses de los poderosos?
Ninguna de las empresas licenciatarias de radio y televisión consideradas legales cumplen los planes técnicos ni artísticos que figuran en los pliegos de las licitaciones que les otorgaron la administración de su frecuencia. Ninguna. Ni Canal 13, ni Canal 9 o AZUL TV, ni TELEFE, ni el Canal 8 de Mar del Plata, ni el 9 de Entre Ríos, ni el 13 de Corrientes. Ni las AM o FM legales que Uds. elijan. Dicho esto con plena conciencia y conocimiento.
¿Y entonces al cumplimiento de qué normas nos referimos? En un mercado que se ha ido achicando cada vez mas, las grandes empresas de la comunicación atacan con esta norma a las emisoras nuevas de media, baja, y muy baja potencia, aunque algunas de las nuevas ya tienen 15 años de nuevas, o digamos no autorizadas por un estado ineficiente, impedidas por un sistema con aires de monopolio o clandestinas como les prefería decir la dictadura militar de Videla, Agosti y Massera.
Se establece, entonces un mecanismo limpio, rápido y perfecto para cerrar todas las radios y canales no autorizados, que desde hace mas de 10 o 15 años lejos de ser clandestinos, como todo el mundo sabe, son el único diseño que se dio la Democracia de manera transparente, para consolidar los derechos humanos, en medio de ataques y amenazas al poder civil por parte de los golpes militares. Fue la única revolución productiva realizada en la Argentina de los últimos 12 años ya que generó 50.000 puestos de trabajo directos y aun mas en ocupaciones derivadas, sin subvenciones ni ayuda alguna del Estado.
El proyecto de esta ley que ahora trata el Senado atenta brutalmente contra la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y al entretenimiento consagrados en la Constitución de Santa Fe por medio de los Derechos Humanos consagrados en Costa Rica.
Y su media sanción en Diputados por la metodología empleada debería ser considerada nula de toda nulidad ya que se ha logrado votar por el engaño y la simulación. La ley parece estar para defender los intereses de los poderosos y enviar a la prisión a los pobres que quieren más de lo que les corresponde por su clase social ya que también incluye a los desocupados que se enganchan al cable de Multicanal o Cablevisión sin pagar y a los pretenciosos que usan un decodificador casero para ver fútbol sin pagarle un plus a los monopolios abusivos. ¡Leña a ellos! ¿Qué se creen? ¡Pobretones ambiciosos!
La clase política argentina parece haber encontrado su formula perfecta - flexibles y sumisos con los poderosos y firmes y duros con los pobres.¡Muy bien !¡Viva la clase política argentina! ¡Maravilloso! (Así les va)

* El autor es asesor de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Trabaja junto al diputado Ricardo Quintela.