Rechazan transferencia de acciones
en favor de la nieta de Amalita Fortabat

La CNC avanza con los operativos
para controlar a los móviles

Revocan la licencia a un radiodifusor que era clandestino en otra emisora

Piden informes por LV2



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Es por Radio Coronel Olavarría

Rechazan transferencia de acciones en favor de la nieta de Amalita Fortabat

Bárbara Bengolea pretendía la parte del socio fallecido Alberto Sarce. Pero el Comfer se la negó porque no presentaron la documentación necesaria para el traspaso. Igual, Amalita controla la AM junto con su amigo Luis Prémoli y Eugenio Aramburu

El Comité Federal de Radiodifusión resolvió declarar “caducos” los procedimientos por los que se tramitaba la cesión de acciones de uno de los integrantes de LU 32 radio Coronel Olavarría en favor de Bárbara Bengolea, nieta de la empresaria del cemento Amalia Lacroze de Fortabat.
A través de la resolución 184, publicada el 3 de mayo en el Boletín oficial, el interventor en el Comfer, Carlos Caterbetti, rechazó el pedido de transferencia de la parte correspondiente a uno de los dueños de la radio, el fallecido empresario Alberto Sarce por falta de documentación solicitada.
Ahora, la AM de Olavarría seguirá en poder de la sucesión de Sarce y de Amalita, del ex militar Luis Prémoli y del hijo del ex presidente de la Nación Eugenio Aramburu, quienes conforman la totalidad del paquete accionario de LU 32.
Entre las razones que esgrimió el organismo para no darle la transferencia a Bengolea figuran la falta de la declaración jurada de antecedentes personales de ésta y su hermano Julián, así como también la manifestación del carácter de la cesión de acciones. Es decir si la misma tenía una cuestión onerosa o era a título gratuito.
Según el Comfer, esta documentación “resulta indispensable para la resolución favorable de la petición en cuestión”. Por eso es que al no haberse remitido, la única opción viable fue disponer el archivo de la causa.

Otros rechazos

El mismo día, Carlos Caterbetti también dispuso rechazar otros pedidos de transferencias de acciones por emisoras. En general, las causas siempre giraron en torno de la ausencia de documentación obligatoria para concretar el traspaso.
Resolución 182/02: Caducidad de trámite por transferencia a favor de Organización Periodística 25 de Mayo SA por FM 103.1 Isidro Quesada, de Mariano Tirón.
Resolución 186/02: Caducidad de trámite por transferencia de las acciones de Televisora Comunal Arroyito SA, de la provincia de Córdoba. Resolución 187/02: Caducidad de trámite por transferencia de la FM Monarca 101.3 de la ciudad de Neuquen.
Resolución 188/02: Caducidad del expediente por modificaciones en contrato social y transferencia de cuotas de Tornquist Video Cable SRL, en la provincia de Buenos Aires. Resolución 189/02: Caducidad de expediente por fallecimiento del titular de FM Tauro 91.5, de San Jaime de la Frontera, Entre Ríos.


Secuestro de equipos en las rutas

La CNC avanza con los operativos
para controlar a los móviles

En un mes secuestró 50 equipos en distintos puntos del conurbano bonaerense. Y ahora seguirán en otras provincias. Buscan generar conciencia para que los automovilistas lleven consigo la documentación

El equipo de la CNC controló los móviles con la policía bonaerense

La nueva intervención en la Comisión Nacional de Comunicaciones confirmó que están en marcha los operativos de control en rutas para detectar el funcionamiento y las características de los equipos de radiocomunicación en automóviles.
Si bien fuentes de la CNC aseguran que los procedimientos viales ya eran una práctica común, recién ahora se dio a conocer de manera oficial cómo se articulan los controles y qué sucede cuando el organismo secuestra los equipos clandestinos o ilegales.
Cada semana, los técnicos de la Comisión se instalan en algún punto del conurbano bonaerense y acuerdan con la policía de la zona para efectuar las detenciones. En general se eligen intersecciones clave por su constante tráfico de camiones o áreas neurálgicas de las principales localidades.
Para lograr el operativo, (se extiende al menos 8 horas) la CNC depende en gran medida de la disponibilidad de la policía y por lo general los temas son tratados con el máximo grado de confiabilidad para evitar la fuga de información y el consecuente fracaso de la iniciativa.
La idea es evitar que dispositivos de “banda ciudadana (VHF o UHF)” con frecuencias no autorizadas intervengan ubicaciones legales del dial, como las que utilizan las Fuerzas Armadas, la policía, los bomberos y hasta los propios hospitales y particulares.
Alrededor de 50 equipos fueron decomisados en los últimos operativos realizados en abril en áreas del Gran Buenos Aires, como Lomas de Zamora, La Matanza, Avellaneda, Vicente López y La Plata. Se cree que durante mayo continuarán en el marco bonaerense para pasar a controlar otras provincias en los días sucesivos.
Una vez instalados, la primera pista es detener a los vehículos con antena, porque denota la existencia de equipamiento de radio. La policía para al conductor y luego de identificarse con credenciales, los funcionarios de la CNC empiezan su tarea.
Lo primero que analizan es si el equipo está habilitado por el organismo. El otro paso consiste en el pedido de la documentación que los habilita para utilizar una frecuencia determinada.
Ahí se determinará si puede continuar su viaje o no. Porque si el automovilista no puede presentar la petición, la CNC está autorizada a decomisar el equipamiento de manera preventiva.
Puede ser que la persona tenga la documentación, pero no consigo en ese momento. Por lo que si después la presenta ante la autoridad correspondiente, es factible que lo recupere. En cambio, si no puede acreditar certificación alguna, la CNC retendrá el dispositivo y no se le devolverá.
El equipo de la gerencia de control que participó en el operativo de la Av. Gral. Paz y Del Libertador está conformado por: Joaquín Ortoleva, Néstor Cordasco y Fernando Squieri.


Revocan la licencia a un radiodifusor que era clandestino en otra emisora

El presidente Eduardo Duhalde revocó el 25 de abril la adjudicación de una licencia de AM (1570 Khz.) de Lomas de Zamora luego de comprobarse que sus dueños eran propietarios de una estación clandestina en Capital Federal. Se trata de SIRT SA, una empresa conformada por tres socias que obtuvieron la licencia para operar la radio el 9 de diciembre de 1999, cuando el entonces ex presidente Carlos Menem adjudicó las polémicas radios a un día de irse del Gobierno y que luego fueron anuladas por la gestión De la Rúa.
Sin embargo, seis meses después, el Comfer declaró la clandestinidad de Radio General Belgrano (840 Khz.), una estación que operaba en el barrio porteño de Pompeya. Y fue justamente esta radio la que SIRT presentó como antecedentes para obtener la licencia que hoy se les revocó.
Según confirmó el organismo, las propietarias de la firma son “directoras” de la AM ilegal, por lo que ahora se resolvió declarar “nula” la adjudicación de la radio de Lomas.


Piden informes por LV2

La comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados dio curso a un pedido de informes presentado en octubre de 2001 por Atilio Tazzioli para que el Poder Ejecutivo informe sobre la situación de la emisora LV2 de Córdoba.
El legislador quiere saber el estado patrimonial de Radiodifusora Mediterránea S.A., si la designación de directores, gerentes, síndicos, directores administrativos y apoderados de la misma, fue aprobada por el Comfer al igual que las transferencias de acciones realizadas por la firma. En tanto, fue requerido también un detalle de programación, para analizar si LV2 emite sus contenidos en forma diferenciada para sus servicios de AM y de FM.
En razón de haber recibido “denuncias por el aumento de la potencia nocturna más allá de los niveles establecidos en la ley de telecomunicaciones, así como de otras violaciones a la normativa vigente”, Tazzioli ahora pregunta por los controles en este sentido y si se encuentra la misma dentro de los límites permitidos.
Radiodifusora Mediterránea tiene la explotación desde el año 2000 de radio LV2 y en septiembre último mantuvo diferendos laborales con sus empleados tras adeudarles los últimos seis meses de sueldo y no hacer aportes patronales. Por lo que el legislador estimó que se está ante “una evidente falta de solvencia patrimonial para tomar a su cargo la explotación de una licencia radiofónica”.