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Reflotan el proyecto
de RTA para
regular a los medios públicos
La diputada Irma Parentella remozó dos textos propios y ahora busca una vez más darle normativa legal a los medios del Estado. Quiere evitar “las crisis financieras, el control ideológico y los contratos sospechados de corrupción”
A dos años y medio del veto delarruísta a la ley RTA consensuada como pocas
en el Congreso Nacional para regular el funcionamiento de los medios públicos,
una iniciativa similar busca ahora renovar el espíritu de su antecesora y
darle un marco legal definitivo a Canal 7 y Radio Nacional.
Se trata del proyecto Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, un
texto elaborado por la diputada Irma Parentella (FG) sobre la base de otras
propuestas de su autorías presentadas en la Cámara durante 2000 y 2001.
“Los argentinos soportamos durante años las sucesivas crisis financieras de
los medios públicos, los contratos sospechados de corrupción, las programaciones
de pésima calidad, el control ideológico y la persecución de los trabajadores”,
puntualizó la legisladora el 22 de mayo luego de dar a conocer su propuesta.
Sobre la base de esta percepción, Parentella entendió que los medios del Estado
deben ser “un espacio democrático y pluralista, gobierne quien gobierne”.
Por eso llamó a sus colegas a apoyar la iniciativa para “ser tratada, debatida
y consensuada ideológica y políticamente, en el ámbito del Congreso de la
Nación”, sostuvo.
Ya dentro del proyecto, varios objetivos enmarcan el perfil de los medios
y buscan dejar en claro cómo serán los contenidos y el proyecto cultural que
hacen a la esencia de los mismos.
La idea es que su funcionamiento sea “garante del derecho a la información,
el acceso a contenidos educativos y culturales de calidad y la difusión de
producciones artísticas nacionales y regionales”.
Para concretar estas metas, la programación estimada en el texto aspira a
mantener como mínimo un 60% de producción propia en todos los medios administrados
y el 10% de su programación diaria a difundir contenidos educativos, culturales,
de divulgación de la salud y de bien público. Además debe reservar espacios
de su programación para la prestación de determinados servicios.
A la hora de fijar cómo serán sus ingresos, Parentella propone un financiamiento
basado sobre los propios fondos que sea capaz de generar (emisión de publicidad
en radio y televisión, alquiler de estudios, derechos por difusión de producciones
propias en otros medios, etc). Pero además contará con el “cincuenta por ciento
de los montos percibidos por el COMFER, asignaciones presupuestarias, legados,
donaciones y cualquier otra forma de financiamiento”.
RTA plantea un Directorio integrado por un Presidente, designado por el Poder
Ejecutivo, y cuatro Directores, dos designados por el Poder Ejecutivo, uno
por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores de la Nación,
a propuesta de las respectivas Comisiones de Comunicaciones.
Las designaciones del personal se efectuarán de acuerdo con pautas y procedimientos
de selección objetivos que aseguren la mayor idoneidad profesional y técnica,
sobre la base de concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición.
Por otro lado, “la disposición de inmuebles, muebles de reconocido valor histórico
y/o cultural, así como archivos de distinto tipo sólo podrá disponerla el
Poder Ejecutivo, previa aprobación del Congreso”, aclaró la diputada. En cuanto
a las disposiciones orgánicas, se crea y determina la competencia del Foro
Ciudadano de Defensa y Promoción de los Medios Públicos, a cargo de la tutela
de los intereses de la comunidad en materia de comunicación; integrado por
nueve personalidades de la cultura y comunicación del país, designados por
el Poder Ejecutivo Nacional, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores
de la Nación y representantes de los Sindicatos del sector. “Todos actuarán
ad-honorem”, estimó Parentella.
“Las democracias se construyen con actitudes de apertura a los debates decisivos
y el tema de los medios en manos del Estado merece indudablemente tal calificativo”,
concluyó la diputada. Por otro lado, también presentó otro proyecto por separado
sobre la creación y funcionamiento de la agencia Télam, que aún forma parte
del multimedios oficial a cargo de Marcelo Simón.
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El multimedios
incorporó 34 empleados
Un día antes de nombrar al nuevo liquidador de ATC SA. el presidente
Eduardo Duhalde designó a 34 nuevos agentes para trabajar en el Sistema Nacional
de Medios Públicos.
Veinte de ellos se desempeñarán en Canal 7 y la mayoría ocuparán cargos gerenciales
dentro de la emisora. En tanto, otros 8 serán auditores del multimedios mientras
que dos fueron designados en la agencia Télam. Radio Nacional, por su parte,
recibió cuatro personas para apuntalar la programación.
El multimedios del Estado tiene un presupuesto estimado en 46 millones para
2002, 11 millones menos que el año pasado. Según fuentes inobjetables de la
agencia Télam, que administra los ingresos, “el dinero se termina a mitad
de año”. Por el momento, el centro de noticias mantiene paralizado su piso
de publicidad y dejó de recibir el servicio de la agencia EFE al igual que
el canal por falta de pago.
Ahora esperan que el interventor, Marcelo Simón, termine de definir cómo hará
para desmontar el multimedios y confirme si el Sistema podrá ser solventado
hasta fines de año.
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