Señales de Cable

El 18 se prevé la sesión que transformará en ley o lo dejará en el olvido al proyecto que modifica el Código Penal para sancionar a los radiodifusores clandestinos. Habría apoyo de la UCR, pero las críticas por los alcances de la medida no amenguaron

Cuando este miércoles 18 de septiembre el presidente de la Cámara de Senadores, Juan Carlos Maqueda, de por comenzada la sesión, el proyecto de ley que busca penalizar con hasta un año de prisión a los radiodifusores clandestinos tendrá la última oportunidad de salir a la luz. Porque después de dos semanas de idas y vueltas producto de las objeciones que cosechó dentro del cuerpo, finalmente el mismo texto que ya tuvo media sanción en Diputados abrirá la jornada para convertirse en ley o quedará destinado al olvido por un tiempo. El proyecto, avalado por las asociaciones de radiodifusores privados y denostado con la misma fuerza por las emisoras comunitarias del interior, alcanzó la preferencia para la próxima sesión de la Cámara el último 4 de septiembre donde, después de las dudas planteadas y el pase a comisión, los dos tercios de los senadores lo habilitaron a ser sancionado sólo con mayoría simple. Fuentes confiables del Senado confirmaron a R&TA que “si no se aprueba ahora cae indefectiblemente. Al parecer estaría todo listo para que salga el miércoles, a juzgar por el compromiso de tratarlo y aprobarlo que habría planteado el radicalismo, el principal opositor a la salida del proyecto, el último jueves 12 en una reunión informal en el palacio”, indicaron. Pese a que los principales impulsores de la sanción hicieron lo imposible por modificar el plan de trabajo de Labor Parlamentaria el miércoles 11, la sesión de ese día se trató de un cuarto intermedio que venía de la anterior y, de haber dado lugar al tema clandestinidad, se habría forzado la votación pasada que lo colocaba primero en la lista de tratamiento. Como en esa oportunidad los dictámenes de las Comisiones de Comunicaciones y Asuntos Penales fracasaron en el debate del recinto y Maqueda ordenó el pase a comisión para que resuelvan las diferencias, la idea del 11 siempre fue apurar la salida aprovechando que el tema ya se había instalado en algunos medios, los interesados publicaban solicitadas y las radios propiciaban mensajes a favor de la penalización. El principal impulsor de la medida es el senador jujeño por el PJ Guillermo Jenefes, presidente de la Comisión de Comunicaciones, que está acompañado en su visión por varios legisladores justicialistas. Sin embargo, al menos tres colegas de bloque, Jorge Yoma, Marcelo Guinle y Graciela Bar, no mostraron ni un ápice de acuerdo en la sesión y hasta lo llegaron a considerar “inapropiado y inconstitucional y desproporcionado”. Pero las dudas planteadas por una decena de senadores aún siguieron. El otro líder del tema, el presidente de Asuntos Penales, el puntano radical Jorge Agundez, volvió a resaltar que para combatir la clandestinidad no es necesario modificar el Código Penal, postura ésta que la acompañaron Amanda Isidori, Luis Falcó, José Luis Passo y Diana Conti, la representante del Frente Grande que calificó al proyecto como “atentatorio de la libertad de opinión”. En medio de las internas, una fuente allegada al PJ comentó que la postura de Agundez “es al menos poco creíble”. Al parecer, el senador impulsa la modificación al Código Penal para los delitos informáticos “en los mismos artículos que se pretende cambiar ahora para la radiodifusión”, indicó la fuente. Por otro lado, el representante del Partido Renovador de Salta, Ricardo Gómez Diez, puso en tela de juicio la sanción al considerar más oportuna la normalización de las emisoras como un primer paso, ya que se trataba de una situación emergida por la mora del Estado en regularizarlas. Además, se invocó también a la posibilidad de que radiodifusores comunitarios o de diversos tipos no alcanzados por las acciones del Comfer sean llevados a la cárcel. Y hasta existió el planteo sobre las consecuencias de la penalización: para los senadores contrarios, esto “llevaría a destinar elevados costos a las radios comunitarias por el precio de los pliegos”. Entre los datos curiosos que arroja esta sanción aparecen las visiones de tres senadores radicales hoy opositores al texto, Juan Carlos Passo, Raúl Baglini y el jefe de bloque Carlos Maestro, pero que no tuvieron reparo al votarlo en noviembre último cuando eran diputados. En medio de las críticas y sin la menor intención de modificar una coma del texto, la comisión de Comunicaciones se reunió el martes 10 entrada la noche y destinó buena parte del tiempo para que el titular del Comfer, Carlos Caterbetti, les explicara a los legisladores asistentes porqué no se piensa en mandar a los radiodifusores a la cárcel. Con la ausencia de todos los parlamentarios de la UCR, el interventor deslizó: “Son dos procesos que se tienen que llevar a la vez. Si yo normalizo todo el espectro y no existe la sanción penal, por otro lado se vuelven a instalar los clandestinos. La idea es normalizar con la sanción”. También Caterbetti comentó que está “viendo la posibilidad de dictar una normativa para la inscripción de todos aquellos que se quieran plegar a la normalización” en un plazo determinado y descalificó la idea de una eventual caza de radios al sostener que muchas estaciones no comerciales, como las universitarias, las de la Iglesia y los municipios están autorizadas. En esa reunión, convocada de urgencia pero con tono informativo, la senadora entrerriana Graciela Bar reconoció que hasta ese momento “había escuchado una sola campana, la de los ilegales” y se mostró dispuesta a analizar las respuestas que obtenía a sus dudas. Otras fuentes calificadas del Comfer interpretaron que “de no salir la modificación al Código habría que encarar otra estrategia de trabajo” en el organismo. Y deslizaron que la situación también cambiaría si finalmente Caterbetti obtiene la sanción penal como tanto ansía, porque “caerían los amparos interpuestos al quedar la cuestión separada del fuero Civil”. Más allá de las críticas, adhesiones y expectativas que el tema genera en la radiodifusión local, lo cierto es que el reloj del proyecto está en tiempo de descuento y la idea de sacar o no la ley no tendrá un mañana.

Intereses opuestos

Si hay dos polos exactamente opuestos en torno de la penalización a los clandestinos, esos son los del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y el de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, (CEMCI). Esta última, a través de una solicitada publicada el 11 de septiembre, apeló al lema de una ley “que no admite más excusas” y sugirió al Parlamento “no dejar pasar esta oportunidad” ya que se trata de una “antigua deuda con la sociedad”. CEMCI, integrada entre otros por ARPA, ATA y ATVC, expresó que “inexplicablemente el proyecto encontró obstáculos formales y demoras”. E indicó que esto provoca “daños elocuentes en los medios legales y en millones de argentinos que sufren interferencias, cortes de señal, robos y estafas”. Del otro lado, el presidente de FARCO, Néstor Busso, le envió el 6 de septiembre una carta a Juan Carlos Maqueda, donde se mostró “alarmado por un proyecto inconstitucional, inoportuno e inaplicable”. Para él, con esta norma “no se logrará normalizar el espectro como se pretende”. Además, agregó: “Mientras no existe forma de regularizar a las radios se intenta penalizar a las que no pueden tener reconocimiento legal en el marco de una ley de la dictadura”. En tanto, destacó que “muchas de ellas han demostrado su voluntad de legalizarse y no han podido por incumplimientos del Estado”. Busso resaltó el reconocimiento que alcanzan en las comunidades y el aporte a la libertad de expresión.

Sigue trabada la ley de industrias culturales

El proyecto de ley de industrias culturales, que entre otros puntos prevé un tope del 30% a la participación extranjera en medios, aún continua sin entrar a discutirse al recinto después de dos meses de haber logrado dictamen en la Cámara de Diputados. La ley, que ya tiene media sanción del Senado, salió rápido de las comisiones de Comunicaciones, Legislación General y Cultura. Pero encontró escollos a la hora de ser considerada para la orden del día, un listado que se reservan los presidentes de bloque agrupados en la comisión de Labor Parlamentaria. Además de limitar la inversión foránea, el proyecto apunta también a desligar a los medios del proceso de “cram down” que especifica la ley de quiebras y por el cual un acreedor puede tomar el control de una empresa. R&TA consultó al diputado Pablo Fontdevila, presidente de Comunicaciones, sobre los motivos del retraso: “No tengo claro cuál es la razón por la que aún no ha llegado. No se si fue porque los jefes de bloque creyeron que había temas más importantes, porque no hubo tiempo o porque finalmente no están de acuerdo”. Por su parte, consideró que “es necesario que su tratamiento sea urgente porque la crisis afecta a los medios y no va a ser lo mismo si se demora aún más en salir. En el bloque del PJ hay voluntad política de sacarlo y no hubo una voz en disidencia”, declaró el legislador. Sin embargo, tanto él como su colega cordobés de la comisión de Legislación General, Eduardo Di Cola, desconocen una fecha estimada para su tratamiento y se muestran “preocupados por la tardanza”. Los medios de prensa gráfica, agrupados en la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA), ya reclamaron la sanción a fines de agosto.