Señales de Cable

El texto original no alcanzó adhesión en el recinto. Ni siquiera se aprobaron las modificaciones al proyecto planteadas por Comunicaciones. Por eso ahora la cuestión se dirime entre bloques. Y prevalece la idea de penalizar sólo después que el Comfer se encargue de normalizar a las radios

La penalización a la radiodifusión clandestina, tal como fue concebida en la media sanción que votó la Cámara de Diputados el año pasado, tendría casi nulas posibilidades de salir intacta en el Senado a la luz de las movidas que prevalecieron en la Cámara Alta para modificar su contenido por las múltiples resistencias que genera la normativa en la mayoría del cuerpo legislativo. De acuerdo con el resultado de la última sesión que trató el tema, el 25 de septiembre, el texto original del proyecto de ley que pretendía modificar el Código Penal para sancionar a los radiodifusores ilegales fracasó al aprobarse una moción de orden promovida por el bloque de la UCR que mandó la iniciativa a tratamiento en comisión por segunda vez. El fin a la letra de la media sanción tomó cuerpo ya que ni siquiera alcanzó consenso dentro del recinto una propuesta de última hora presentada por la mayoría de los legisladores justicialistas para hacer más flexible la versión inicial y de esa manera agilizar la salida de la ley. En medio de fuertes críticas por las consecuencias negativas que podría llegar a generar la penalización de la clandestinidad en miles de emisoras de baja potencia y con la idea fija que el texto original jamás prosperaría en la Cámara tal como estaba redactado, el presidente de la comisión de Comunicaciones, Guillermo Jenefes, jugó su última carta para salvar parte de la normativa de las múltiples resistencias parlamentarias y propuso que la misma recién tenga vigencia a los 90 días de haber sido promulgada. La idea del legislador fue dar un lapso al Comfer para que trate de regularizar la mayor cantidad de estaciones posibles antes de ponerse en marcha la ley y deslizó que, “en vez de alcanzar a aquellos radiodifusores que no tengan la autorización del organismo para funcionar, se podría considerar a los que no obtuvieran el permiso legal correspondiente”. Es decir que los beneficiados por un amparo estarían exentos de ser sancionados penalmente. Sin embargo, y pese al apoyo explícito del bloque del PJ, la modificación en particular no fue aprobada y ahora el tema será consensuado con otros proyectos en la comisión para ser tratada en preferencia en la próxima sesión con o sin despacho. Tampoco cosechó adhesiones la eventual incorporación del carácter doloso al emisor clandestino para separar al simple responsable por delito culposo. “Vamos a poder separar la paja del trigo, porque hay radiodifusores que quieren regularizar su situación y no encontraron eco en el Poder Ejecutivo, pero también hay quienes no quieren regularizar su situación porque no quieren pagar impuestos”, esgrimió el jujeño como último paso para generar consenso aún cuando, de haber sido aprobada en el Senado, la sanción definitiva llevaría al menos un año más en Diputados, donde podrían insistir con la versión original o aceptar este cambio. El resultado de la sesión también tiró por la borda las aspiraciones del interventor en el Comfer Carlos Caterbetti, quien se había mostrado siempre confiado de obtener la sanción penal como la herramienta indispensable para continuar con la normalización. Ahora, el equipo técnico del organismo ya comenzó a elaborar otros esquemas de acción, ya que por más que la norma sancione en una semana, la promulgación definitiva seguramente no los encontrará en sus cargos. Propuestas encontradas El presidente del bloque radical, Carlos Maestro, manifestó que “las modificaciones son insuficientes por cuanto no consideran a las radios comunitarias y se pretende una suplantación de una ley marco de radiodifusión por la intervención punitiva del derecho penal”. El senador por Chubut agregó que el tema “merece un tratamiento pormenorizado y si bien coincido en el espíritu de la ley, me parece que ahora sí estamos en condiciones de consensuar un proyecto definitivo”. Algo similar planteó la justicialista Sonia Escudero, que no creyó “suficiente el lapso de 90 días para que el Comfer resuelva los más de 6000 expedientes” que tiene. “Veo que sigue teniendo el mismo vicio de penalizar cuando se trata de una mora del propio Estado”, estimó la legisladora sentada justo al lado de Jenefes. En tanto, sus colegas de bloque Marcelo Guinle y Liliana Negre de Alonso adelantaron su votación negativa a la idea del PJ de salvar la ley al asegurar que “no es necesario abordar el tema bajo una norma penal”. Para Negre, “hay que analizar las cosas desde el lado de la pobreza y sus consecuencias. De por qué la gente se cuelga al cable. Esto aumenta los vientos de represión que últimamente son muy fuertes”, porque “en vez de solucionar los problemas queremos llevar a todo el mundo a la cárcel” y se vuelven “a violar los pactos de derechos humanos”, expuso. Del lado de la defensa a la idea del titular de Comunicaciones se ubicó el presidente del Bloque, José Luis Gioja: “Es un tema ampliamente discutido y debatido. Se ha avanzado y la situación está definida”, planteó a modo de respaldo. Lo acompañaron el entrerriano Jorge Busti para evitar la “dilación de la consideración propuesta” y el riojano Jorge Yoma. Este último, que hasta el momento siempre había estado en contra de la ley, ahora se mostró dispuesto a acompañar la iniciativa del plazo al Ejecutivo para normalizar. Sólo pidió que “las radios rurales o comunitarias no sean alcanzadas por la normativa”. Los proyectos en danza Desde el 25 de septiembre a hoy, el tema sobrepasó el ámbito de la comisión de Comunicaciones y ya se transformó en una cuestión “de bloque” al tomar forma y prevalencia dos proyectos de legisladores no pertenecientes a la comisión, el de Sonia Escudero (PJ Salta) y el de Carlos Prades, vicepresidente del bloque de la UCR. Si bien éste puede ser considerado como la propuesta del radicalismo frente a las modificaciones planteadas desde el PJ que no cosecharon adhesión en el recinto, lo cierto es que también promueve, al igual que lo hizo Jenefes, plazos para concretar la normalización. Prades rescata gran parte del texto aprobado en Diputados, especialmente en lo referido a las penas. Pero apela a una regularización del espectro en 90 días como previo paso antes de penalizar. Es decir que el Comfer tendría 3 meses para poner en orden las radios y los que no se hayan presentado para obtener su autorización ahora podrían hacerlo dentro de los 30 días de haber sido publicada la ley. Escudero, en cambio, plantea que son necesarios 180 días para normalizar. Y establece que si el Comfer no lo hace en ese período hasta podría ser sancionado por falta grave a la ley de procedimiento administrativo. El radicalismo, si bien había prometido separar a las radios comunitarias, nada presentò al respecto. Y como punto distintivo sugiere la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y control de la regularización. Respecto de las penas, ambos concuerdan en sancionar con 1 mes a 1 año de prisión al que emitiere en forma ilegal y aumentar al doble la condena si esto entorpesiera o impidiere la emisión de estaciones legales. Las inhabilitaciones también se elevan al doble. En el caso de los que fabricaren, distribuyeran o comercialicen decodificadores o realizare conexiones clandestinas para captar la imagen de TV paga, las penas se elevan hasta los dos años con inhabilitación por el doble de la condena. Prades hace la salvedad de la reincidencia como elemento para imponer la perpetuidad de la inhabilitación. Por último, mientras Escudero piensa que si el delito se comete en función de una persona jurídica la misma debe ser sancionada a través del artículo 22 bis del Código Penal, Prades prefiere la multa del 20% de su capital y hasta promueve la liquidación si el delito se hiciera como objeto de su principal actividad. Ahora, estas cuestiones serán debatidas en la próxima sesión y todo indica que prevalecerá idea de introducir modificaciones para luego el tema regrese a la Cámara Baja. En los últimos días, buena parte de los diputados relacionados con el tema tuvieron sendas conversaciones con los senadores para inducirlos a no aprobar la media sanción ya que la mayoría siente arrepentimiento por su voto positivo en octubre de 2001.

INSTARON AL SENADO PARA APROBAR LA LEY TAL CUAL ESTA

ATA, ARPA y ATVC insisten con el texto original

EDMUNDO REBORA, CARLOS FONTAN BALESTRA, GREGORIO BADENI Y WALTER BURZACO

Las agrupaciones que reúnen a los canales, radios y operadores de TV paga, ATA, ARPA y ATVC, instaron al Senado para que apruebe cuanto antes la ley que pena a la radiodifusión ilegal tal como fue sancionada en Diputados, es decir sin modificaciones de ningún tipo que dilaten aún más la puesta en marcha del proceso de depuración de clandestinos en los medios. Los tres coincidieron en la defensa del texto original en una conferencia de prensa realizada el 7 de octubre en el salón auditorio del edificio de la Prensa Argentina, donde cada uno se dedicó a plantear las dificultades que aquejan a sus asociados frente al flagelo de la ilegalidad. Pese a encontrarse muy trabado en la Cámara Alta por los cuestionamientos de la gran mayoría de los senadores, los privados insisten que la media sanción aún tiene posibilidades de salir a la luz y descreen que, pese a las dificultades, el proyecto finalmente se caiga. De hecho, el presidente de ATA, Carlos Fontán Balestra, confía en la salida de la ley aún cuando hasta el propio impulsor del tema, el senador Guillermo Jenefes, introdujo modificaciones a sabiendas que su sanción sin retoques sería una gestión imposible. Si bien las resistencias en el parlamento surgen sobre todo respecto de la penalización a las radios de baja potencia y casi no habría reparos a la hora de sancionar por el robo de imágenes al cable, las tres asociaciones no desconocen que necesitan estar unidas en el pedido. Cualquier separación de la TV paga del problema por ser una cuestión más viable que la radio las dejaría en una posición más débil. “O sale todo junto como está, o no sale nunca más”, reconocen en privado algunos integrantes del sector. De esta manera, ATA, ARPA y ATVC pusieron en marcha una campaña de difusión en sus medios donde, ya sea a través de spots televisivos o separadores, dan cuenta del grave problema que genera a la gente la ilegalidad en la TV y la radio. Bajo la pregunta sobre por qué es imprescindible y urgente que se sancione la ley, las tres apuntan: Para garantizar la subsistencia de miles de medios legales, proteger un activo social y las inversiones genuinas que dan trabajo, aportan recursos al Estado y aseguran el derecho a la información plural Para desterrar los privilegios y la competencia desleal, promover el cumplimiento de la ley y enmarcar a los que se aferran a los beneficios de la ilegalidad, como sucedió en todos los países. Para que no se burlen los requisitos de una licencia, como los antecedentes penales y nadie quede eximido de responsabilidad ante cualquier violación o exceso. Para evitar la usurpación de un bien público y las violaciones a los derechos de propiedad, las afecciones a la seguridad y las estafas a terceros. Por último, el asesor legal de ADEPA, Gregorio Badeni, aseguró que “no es válida la imputación de inconstitucionalidad y violación del Pacto de San José de Costa Rica a la ley contra la clandestinidad”.

Las FM de baja potencia, en alerta

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) y la Red Nacional de la Comunicación informaron que, “junto con los trabajadores de prensa que desarrollan sus tareas en las radios de baja potencia, se mantienen en estado de alerta y movilización ante el intento de aprobar una ley que provocará el cierre de 5.000 emisoras y la pérdida de 50.000 puestos de trabajo”. En el XIX Congreso del Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba (Cispren) realizado el 27 y 28 de septiembre, periodistas de Córdoba, Rosario, Tucumán y Neuquen también rechazaron cualquier intento de sancionar la normativa ya que aseguran generará la pérdida de trabajo de cientos de profesionales de las emisoras. La Utpba informó que “viene manteniendo reuniones, asambleas y jornadas de debate con los periodistas de las emisoras de baja potencia del conurbano bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires, para unificar junto a otras organizaciones, las luchas contra este intento de cerrar medios de comunicación regionales”. El Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), otra agrupación contraria a la sanción, dejò manifiesta su postura de incluir a las cooperativas y entidades sin fines de lucro en el acceso de licencias. Por su parte, la Asociación de Radiodifusores de Neuquén envió un comunicado de prensa donde repudia el proyecto de ley, al considerarlo “en favor de los monopolios que no titubean a la hora de dejar sin trabajo a más de 60 mil trabajadores de radios de baja potencia”, según indicó su presidente, Héctor Huarte.