Edición N°75

Hace dos meses Carlos Caterbetti aseguró ante R&TA que había convencido a los responsables del programa de Moria Casán para evitar más sanciones por infringir la guía de contenidos. Y que estaba a la firma del Presidente el nuevo régimen de multas para frenar la escalada de abusos y encauzar a la TV bajo los códigos que esta misma se encargó de definir con el Gobierno. Pero hoy, a pesar que el organismo garantiza la inminente salida del decreto, nada ocurrió. Y no sólo fracasaron las gestiones ante productoras y canales, sino que hasta el mismo ciclo de Moria aumentó en 60 días sus infracciones en el orden del 50% y hoy acumula la tercera parte de los 71 millones de pesos que las emisoras le deben al Comfer. Frente a este panorama, con la deuda a cuestas del año pasado y la incertidumbre por lo que sucederá hasta diciembre, ni el propio organismo admite en privado cuál es la causa de tal retraso para oficializar el nuevo régimen de multas y respetar de una vez los derechos de los televidentes. El promocionado esquema aplicará sanciones de cobranza efectiva a los canales que infrinjan. Serán montos más benévolos que los actuales y no se aplicarán duplicaciones por acumulación. Las multas se liquidarán cada 3 meses y habrá una específica delegación de responsabilidades entre las emisoras con las productoras y entre los operadores de TV paga y las señales. Es decir que si se detecta una infracción en un programa de América, la multa que llegará al canal puede ser transferida a la producción del ciclo, porque en la fiscalización se discriminará por nombre. Y en el caso del cable, el MSO seguirá recibiendo la infracción como hasta ahora, pero se multará por señal y éste después podrá descontar el pago de su canon mensual. “Les va a doler y se van a dar cuenta que lo que hacen no les va a resultar rentable”, promocionó Caterbetti. Sin embargo, aún el presidente Eduardo Duhalde no tuvo en cuenta que el 55% de los dos mil llamados que recibió el organismo de la gente para quejarse de la TV le pedía al Gobierno que “asuma un control directo” sobre el tema porque sentían que se estaba yendo de las manos. ¿Será que aún cuesta abandonar los viejos vicios de antes -aún vigentes- donde se aplica la condonación de deuda y el gobierno de turno accede a minutos de publicidad para promocionar sus actos o sus campañas políticas? En este sentido, el senador Mario Colazo, ya presentó el 4 de octubre un proyecto para pedirle información al Poder Ejecutivo sobre estos puntos y destacó en su iniciativa “si es frecuente canjear multas por violaciones por espacios de publicidad”. Además, quiere saber cuál es la causa del retraso en sacar el régimen y en qué estado se encuentra la nueva guía de contenidos. Desde la Cámara Baja, la diputada radical por Jujuy María Teresa Ferrín, también pidió detalles sobre el papel del gobierno en el control de los contenidos. La legisladora indaga por el grado de reincidencia de los infractores y las medidas que el Comfer adoptó en ese aspecto. Sin embargo, también le interesa tomar nota sobre cuál ha sido el destino de la recaudación obtenida por el cobro de multas y hasta dónde el organismo planea un sistema que prevenga el incumplimiento a la ley de radiodifusión. Pese a que las escenas orillan y hasta se mezclan en la obscenidad, el lenguaje es vulgar y las imágenes violentas se multiplican entre desnudos vespertinos, el “chiquero” catódico ya comenzó a autocalificarse como un fracaso comercial. La mayoría de estos programas de la TV basura no logran pasar los 10 puntos de rating y ya muchos directivos y productores agachan la cabeza para reconocer que no les genera dinero. ¿El mismo mercado televisivo se autodepurará antes que el Gobierno se resigne a perder sus minutos libres de publicidad?

FUE A RAIZ DEL ESCANDALO POR LOS CARGOS DE DESARRAIGO

Ahora un senador quiere que los
medios también declaren su patrimonio

Enojado por las notas donde se daba cuenta del cobro de una asignación por desarraigo en reemplazo del recorte instalado en marzo en los sueldos de los senadores, el justicialista José Zavalía presentó el 18 de septiembre un proyecto para que los dueños de los medios estén obligados a responder sobre sus bienes. A través de una iniciativa, el senador pidió al Poder Ejecutivo que se solicite la declaración jurada en forma trimestral de los accionista y/o propietarios de medios de comunicación. E hizo extensiva la propuesta para los comunicadores políticos de radio, televisión, diarios y revistas: quiere saber a cuánto ascienden “los bienes que integran el capital social y sus patrimonios personales, como también las donaciones de las que son beneficiarios”. “Los comunicadores sociales cumplen un rol fundamental en un estado de derecho, siendo los responsables de publicitar todos los actos de gobierno. En éste sentido se hace imperioso precisar los intereses que yacen ocultos en aquellos que son formadores de opinión. De tal manera, que sepamos cabalmente quiénes y porqué distorsionan los hechos, con el fin de lograr beneficios personales. De otra manera no se justifica la calumnia que sufren a diario las instituciones de la República y en particular éste H. Senado de la Nación”, escribió Zavalía en los fundamentos de su proyecto de comunicación. Para él, hay medios que “monopolizan la información en haras de un provecho personal”. Y aseguró que “esta reiterada e inmoral campaña, merece el peor de los reproches, máxime en la gravísima crisis institucional y económica en la que se encuentra inmersa nuestra Nación”. El legislador entendió que “para la salud de la república”, es necesario “determinar quienes y porqué atentan contra la estabilidad democrática, ergo, la opinión está en manos de mercenarios de la información, haciéndose imperioso determinar su poderío económico y el origen del mismo”.