Política de Radiodifusión

Confirmó que presentará un proyecto exclusivo para el sistema de TV paga si no sale la penalización en el Senado el 30 de noviembre. Dice que hay un cuerpo “demagógico y sin convicción” para atender el reclamo de las empresas, la gente y el propio Estado

"Si para la finalización del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, no se da una respuesta sobre la penalización de la clandestinidad en radio y TV, presentaré en lo personal un proyecto de ley que contemple exclusivamente la problemática que se da alrededor del cable”. En medio de una notoria demora del Senado por tratar en particular el proyecto para modificar el Código Penal y castigar así la ilegalidad en la radiodifusión, el legislador tucumano confirmó en exclusiva a R&TA una idea que ya venía pergeñando desde hace un tiempo pero que se terminó de definir ahora frente al retraso parlamentario. Para el senador, “es probable que el cable por separado hubiera logrado tener su ley contra la clandestinidad al igual que Uruguay mucho más rápido”. Y cree que si prospera su iniciativa, “saldrá a la luz si el problemas son las interferencias de las radios o la falta concreta de convicción sobre el tema”. A la luz de las últimas movidas que prevalecen en la Cámara Alta la sanción del proyecto en particular pende de un hilo. “Jamás se da que de aprobarse en general no se trate la otra parte de inmediato. La cuestión pasa porque no hay legisladores que apoyen fervientemente el tema”, confió una fuente del cuerpo a R&TA. Si bien la discusión debería haber sido el último miércoles 13, nada ocurrió. Y sólo pululan por los despachos una media docena de borradores de trabajo, algunos sin firma, donde se confirmaría la poca adhesión que cosecha la penalización entre los senadores. “Parecen contener voluntades orientadas a modificar el texto, pero con una carga emotiva tal que hasta parecería ser contraria en el fondo a que salga la ley”, agregó la fuente sobre las ideas de Jorge Yoma, Amanda Isidori y Raúl Baglini, entre otros. R&TA: ¿Cómo analiza el retraso en el tratamiento de la ley? Walter: Es lamentable la manera en que se está dando discusión al tema en el Senado. Se nota una falta de interés y de comprensión absoluta de lo que la clandestinidad significa para el empresario y para el Estado. Inexplicablemente ha sido postergado su tratamiento en particular. Supuestamente en el análisis de algunos discursos en la búsqueda de consensos. Pero la verdad es que la falta de sanción de esta ley es una gran excusa. ¿De quiénes? De los que encontraron una manera elegante para evitar dar salida a una cuestión que debió haberse aprobado. En nombre de una supuesta equidad social, el Congreso utiliza una artimaña para no sacar la ley. ¿Y qué puede pasar ahora? Lo que debió pasar es la aprobación como vino de Diputados y en tal caso con alguna norma paralela dar este tiempo de regularización por el tema de las radios. Bajo el argumento de los problemas sociales, se esconden verdaderas organizaciones de piratas del espectro que terminan usufructuando un grave daño a las empresas del sector y al mismo Estado por la evasión que se provoca. El daño mientras tanto continúa y va a ser irreparable. ¿Por eso cree necesario impulsar al cable por separado? Ahí veremos si el Congreso acepta una buena oportunidad para demostrar que no le interesa más la salud de los delincuentes que brindar un apoyo a las empresas y ciudadanos que pagan por el servicio de TV. Y si no es por esta vía, será por otra alternativa con la que terminemos respecto de la ilegalidad. Ahora, creo también que por más iniciativa propia, es necesario una acción más efectiva del sector, una toma de conciencia de la sociedad, se proteja a los que han invertido y que por una vez se garantice el estado de derecho

La experiencia uruguaya que ya funciona

Invitada por ATVC para disertar en las jornadas sobre la clandestinidad en la TV paga, la abogada de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Cristina Olaso, comentó las positivas consecuencias que tuvo en el país vecino la sanción de una ley para combatir la ilegalidad en el sector. La ley, que fue promulgada en julio último, prevé penas de 500 a 5000 dólares para el que capte señales sin autorización y una pena de tres meses a tres años de prisión para el que instale una conexión clandestina. Además, estima agravantes que elevan la pena para cuando se producen daños en la red o los equipos de una empresa, se ocasione pérdida del servicio o se trate de empleados de la firma operadora. También, indica un castigo de hasta 2 años de prisión para la figura del fabricante o vendedor de decodificadores. La abogada adelantó que desde la salida de la ley desaparecieron los vendedores de elementos para captar la señal. “La sanción debe ser urgente. Porque si después la clandestinidad llegaba al 50% hubiéramos tenido que sacar una normativa para legitimarla y no para combatirla”, concluyó. La ejecutiva destacó la necesidad de una normativa realizada a la medida de los mismos operadores para que su aplicación sea eficaz. “Fuimos al Parlamento a explicarles a los legisladores el porqué de cada pena para que entiendan”, comentó. “En Uruguay –continuó- ya no se podía encuadrar como hurto de energía eléctrica. Y es lógico, porque pretender que una cuestión penal se aplique por analogía es un disparate”, sentenció