Radios

El diputado del ARI Rafael Romá pidió una justificación oficial al incremento de profesionales externos. Dice que en lo que va del año se aumentó en un 100% el número de locutores. La idea es conocer si el trabajo pudo haber sido resuelto por la planta permanente

Amparado en el reclamo popular sobre la necesidad de recortar el gasto público y en virtud de un contexto de transición gubernamental, el diputado por el ARI Rafael Romá pidió un pormenorizado informe para que Radio Nacional justifique las últimas contrataciones de personal que la habrían llevado a tener una planta “sobredimensionada” de profesionales. El legislador asegura que durante 2002 “se ha producido un aumento paulatino en el número de contrataciones, en especial de locutores, lo que ha derivado en un aumento cercano al 100% del personal dedicado a estas funciones”. Al parecer, veintidós de los cuarenta locutores de la radio habrían sido incorporados dentro de este año. Para Romá, esto es anormal a los parámetros habituales que siempre tuvo Nacional. Además, consideró que el incremento “provoca una importante distorsión en las condiciones de trabajo, las cuales no sólo pueden ser atribuibles a los perjuicios que se derivan por la sustitución de personal permanente por contratado, sino también por los importantes diferenciales salariales que se dan entre unos y otros”, esgrimió en su proyecto que ya se analiza la comisión de Comunicaciones. Sobre este punto, el diputado solicitó detalles sobre el plazo de ejecución y el valor unitario de los contratos según cada actividad para poder comparar las cifras que se manejan entre la gente que pertenece a la radio y los que son temporarios. En este sentido, el legislador duda de la existencia de “elementos de peso que permitan convalidar los incrementos en la dotación, más aún teniendo en cuenta que no se ha producido un aumento sustancial de la programación de la emisora que los amerite”, expresó. El director Mario Giorgi deberá ahora presentar una fundamentación técnica que dio origen a la incorporación de profesionales externos a la emisora y presentar las razones por las cuales esas funciones no pudieron haber sido desarrolladas por la planta permanente. “Al tratarse de un Gobierno de transición al que se le impone la necesidad de evitar la dilapidación de esfuerzos y recursos no parece oportuno originar aumentos del gasto público sin una adecuada justificación de los mismos”, destacó el ex vicegobernador bonaerense del período duhaldista

REUNION CON LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Las comunitarias pidieron igualdad
en el acceso a frecuencias

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) visitó Washington y ahora el organismo multinacional hará un informe sobre la situación en la región. Fue porque alertaron sobre legislaciones excluyentes y discriminativas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comprometió a estudiar la compatibilidad de las legislaciones latinoamericanas sobre radiodifusión en cuanto al acceso de frecuencias por parte de las emisoras no comerciales. Luego de escuchar los reclamos que realizó AMARC en su sede en Washington por el papel excluyente y discriminativo que tienen las normativas regionales sobre las radios comunitarias, la CIDH entendió el mensaje y ahora visitará cada lugar para relevar la información y ayudar a generar igualdad. Néstor Busso y Gustavo Gómez, en nombre también de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), pusieron énfasis en la existencia de legislaciones que no son igualitarias con “las organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro en el acceso a la titularidad de frecuencias de radio y televisión”. De igual forma, aclararon que “en varios países incluso se restringe indirectamente el derecho a la información al discriminar este tipo de estaciones imponiendo limitaciones de alcance, umbrales técnicos inaccesibles y restricciones de tipo económico, además de la arbitraria administración de frecuencias”. Al momento de formular las peticiones, AMARC y ALER requirieron de la CIDH la elaboración de un informe sobre la compatibilidad entre las legislaciones y reglamentos nacionales en materia de radiodifusión y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y pidieron que la Relatoría incluya el tema de la asignación de frecuencias y el estado de las legislaciones y reglamentos en sus informes anuales. En tanto, informaron que serán estas agrupaciones las que colaborarán con el envío de la legislación y demás información que se someterían a estudio, así como el aporte de técnicos y especialistas, tanto en la elaboración de los informes como en las visitas que la CIDH realice a los países de la región

EN UN MES VENCE LA PRESCRIPCION QUE IMPUSO EL ESTADO

Piden que los medios universitarios
también emitan publicidad

En el marco de una nueva cruzada en pos de crear igualdad de condiciones en el acceso a la oferta de bienes y servicios comerciales, la Cámara de Diputados ya tiene listo para ser aprobado en recinto un proyecto de ley que autoriza a los medios universitarios a emitir publicidad. Se trata de una iniciativa promovida por el legislador mendocino Guillermo Amstutz (PJ) por la cual las radios, canales de televisión, servicios de tecnología digital e Internet dependientes de las casas de estudios nacionales queden habilitados a poner avisos bajo lo estipulado en la Ley Superior de Educación. En realidad, la última prórroga de prescripción para transmitir comerciales, modificatoria de la ley 22285 a través del decreto 621/98, vence en diciembre próximo al tener carácter transitorio. Es por eso que ahora el diputado cree posible la sanción de una normativa “que modifique o anule el artículo que rige la prohibición y que además es contrario a la Ley de Educación Superior”, describió Amstutz en sus fundamentos. “La necesidad de generar recursos genuinos que contribuyan a sostener el mantenimiento, programación y actualización tecnológica de radios universitarias aún no ha sido resuelto por ninguna ley y cada día es más preocupante el sostenimiento y financiamiento de la educación superior como para que pese únicamente en el presupuesto la actividad de radiodifusión”, destacó el diputado. Para contextualizar la iniciativa, el representante mendocino se refirió a los principios de autonomía y autarquía que se desprenden de la ley de Educación Superior, como el dictado de “normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad…” El 29 de agosto último, el Consejo Interuniversitario Nacional dictó un acuerdo plenario por el cual las “estaciones de radiodifusión televisiva o sonora de las Instituciones universitarias Nacionales regirán sus ofertas de bienes y servicios de publicidad por las disposiciones que cada Casa dicte, en aplicación del art. 59 inc. c de la Ley de Educación Superior, y demás normas aplicables.”

Allanaron la Rock & Pop por presunta evasión

En el marco de una serie de 90 procedimientos en grandes contribuyentes porteños, un grupo de agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos allanó el 12 de noviembre la sede de la radio Rock & Pop por presunta evasión con facturas falsas. Según informó la Policía Federal, se trató los delitos de “adquirir facturas a empresas fantasmas por prestaciones de servicios, con las cuales se descarga IVA, y así se evaden millones de pesos”. Si bien luego no se dio precisiones en particular sobre la emisora, la AFIP destacó que se encontraron 15 empresas fanstasmas que facturaron servicios inexistentes a más de noventa firmas. Algunas de las compañías son de entretenimientos y radiodifusión, indicó el organismo

El cine se garantizó los fondos del Comfer

Gracias a un decreto que firmó el presidente de la Nación Eduardo Duhalde a inicios de mes, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) volverá a recuperar el 5% de los fondos que recibe el Comfer en concepto de gravamen por la emisión de la publicidad televisiva. Según expresó su director, Mario Coscia, la decisión era muy esperada ya que “restaura el dinero que el Comfer no aportaba” y ahora permitirá que el cine continúe con el apoyo cada vez más activo a la producción nacional. Si bien aún no se sabe a cuánto ascenderá la suma que recibirá el Incaa, porque la misma depende en su mayoría del nivel de morosidad de los privados con el Comfer, los funcionarios del área confían en un monto significativo para respaldar el 10% que entra por la venta de entradas y el otro 10 por el alquiler de videos