Editorial :: edición N° 83 :: julio de 2003

En materia de comunicaciones, la Argentina era un campo yermo en los ´70. El aire estaba más limpio, es cierto. Pero ello no era una virtud sino el reflejo del atraso tecnológico que padecía el país. También había una demanda insatisfecha de vastísimos sectores de la sociedad que precisaban estar más y mejor comunicados, tener mayores accesos a contenidos informativos, educacionales y de entretenimiento e interactuar con mayor profundidad en su comunidad. Enormes áreas territoriales e innumerables localidades no recibían servicios de radiodifusión o televisión. Altas torres con desarrolladas antenas en los techos de las casas iban dando cuenta de la distancia que las separaba de alguna ciudad importante. La calidad de la recepción televisiva dependía de factores climáticos o fortuitos. La inmediatez, tal como se la conoce hoy, no existía. La respuesta surgió desde dos flancos. Uno legal: la televisión por cable; otro anárquico, la radiodifusión a través de radios de baja potencia y las televisoras de carácter comunal y alcance limitado a poblaciones determinadas que, por desidia, no contaban con un marco jurídico adecuado. Había una necesidad y los pueblos, como decía Juan Domingo Perón, “tienen la fuerza incontrolable del agua. Uno puede ponerle un dique, desviar su curso, entubarla, pero el agua siempre pasa”. Y los pueblos que tienen una necesidad y se deciden a ir por ella, más tarde o más temprano terminan por conseguirlo. La cuestión es cómo lo consiguen. Las radios de FM se multiplicaban por doquier al final de los ´80. Mientras la TV por cable es un sector pujante girando en la legalidad, las radios FM y las emisoras de TV de similares características (aunque en menor medida), por no haber sido reconocidas y ordenadas desde un principio, crecieron al margen de la ley. En este escenario es, obviamente, muy difícil mas no imposible generar ese marco legal para poner blanco sobre negro en la radiodifusión argentina. Los argentinos asistimos a una nueva etapa, un período de aparente resurgimiento institucional, de recuperación de la fe y el orgullo de sentirnos parte de un país que quiere cambiar. En el editorial anterior abrimos una moderada carta de crédito para el nuevo gobierno, al cual –no obstante- le advertimos que la radiodifusión es una de las cuestiones pendientes más importantes que debe resolver. De nada valdría que el Estado ejerza su función de policía, porque se trata de prevenir y no reprimir. De la misma manera que para combatir la inseguridad y la delincuencia no hay que construir cárceles sino escuelas, para que la radiodifusión sea el elemento de cultura e instrucción no hay que cerrar radios ni decomisar equipos, sino crear un marco legal para que funcionen en un cuadro de pluralidad creciente. Sin embargo eso es lo que en las últimas horas comenzó a ocurrir. Ante la necesidad comunicacional planteada y frente a la anomia absoluta en ese sentido, los usuarios de TV de dos pequeñas localidades del sur de la provincia de Córdoba recurrieron a la Justicia para defender sus derechos a estar comunicados, a recibir información de importancia para su vida doméstica y a difundir sus necesidades. En este contexto, un juez federal, con los elementos legales de que dispone (insistimos: acotados a una ley rémora de la dictadura y con más de 20 años de antiguedad, lo que en materia de comunicaciones es poco menos que una vida) resolvió ordenar la continuidad de las emisiones de una televisora que emite en UHF. El COMFER, basado sobre sus argumentos, había considerado clandestina la emisión en UHF y ordenó el decomiso de los equipos. No hubo, en el caso, una intención aviesa y deliberada de transgredir la ley, sino una ley obsoleta, superada en tiempo y espacio, ridícula en su fundamentación, que en una lectura entrelíneas establecía que unas 500 personas quedaran incomunicadas. Fue el primer fallo de ese tipo. Pero se insinúan más, a partir de este antecedente jurídico irreprochable para quien debe juzgar con los elementos legislativos de que dispone, aún cuando esas leyes sean de otro país, de otra sociedad y fundamentalmente, de otro tiempo. Ante las iras que seguramente despertará ese fallo en el COMFER, habrá que apresurarse a aclarar que el juez está obligado, por su función, a resolver de acuerdo a lo que establece el derecho. Y en derecho, nadie puede alegar su propia torpeza como razón para eludir los alcances de lo que la ley establece. En otras palabras: si la democracia nunca se ocupó seriamente de establecer un marco legal adecuado para las comunicaciones, mal puede quejarse ahora de que la falta de ese marco legal derive en un fallo que perjudique a uno de sus organismos. Esta en manos del Poder Ejecutivo el plan de frecuencias para televisión y el llamado a concurso para cubrir con canales de televisión abierta toda la Argentina. La nueva ley de radiodifusión sigue esperando que los legisladores se decidan a tratarla seriamente y a sancionarla. Si esto no ocurre en un tiempo prudencial, otra vez estaremos perdiendo la oportunidad de administrar en orden un recurso finito y permitir que los atajos se impongan sobre los caminos. Presidente Néstor Kirchner, secretario Julio Bárbaro: aprendan de los errores del pasado. Tienen todo el apoyo de la ciudadanía para cambiar la decadencia de este país. Adelante con la nueva ley de Radiodifusión y con el plan de televisión. No es un tema menor. Si pretenden entrar en la historia como autores de un capítulo mayúsculo de la Argentina, abran los ojos, arremanguen sus camisas, adopten decisiones y pónganse a trabajar. Ahora son ustedes los que tienen la palabra. Los estamos mirando

Ruben S. Rodriguez | Editor ruben@rt-a.com