Una cuestión pendiente

Algunos medios de comunicación publicaron recientemente, como una interpretación de la realidad política de la Argentina de estos días, que el gobierno que encabeza Néstor Kirchner está decidido a desterrar de la faz de esta tierra cualquier vestigio de “menemismo”, ese vocablo incorporado al diccionario popular con múltiples y contradictorias definiciones.
Los opinologos de los grandes diarios, los columnistas de las radios y de la televisión creen ver esa intención detrás de cada gesto rimbombante que produce el Gobierno: la suspensión del ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O´Connor, la acusación de “narco-democracia”, las purgas en las fuerzas de seguridad, la derogación de leyes de impunidad y el encarcelamiento de funcionarios que fueron íconos de la década 1989-1999.
Nadie, hasta ahora por lo menos, ha buscado esa misma intención en el manejo de la radiodifusión argentina. Más allá de algunas decisiones que parecen acertadas (la designación de la periodista Mona Moncalvillo al frente de Radio Nacional) y otras que desconciertan (los contactos con Marcelo Tinelli para explotar Canal 7, la presión para que el CEI transfiera una frecuencia), lo cierto es que el Gobierno aún no ha mostrado claramente qué quiere hacer con la radiodifusión local.
Pasan los meses, se suceden los hechos políticos, las decisiones anunciadas con pompas y platillos, pero lo que en estas páginas se viene reclamando desde el desembarco de Kirchner en la Rosada sigue sin resolverse. Parece una contradicción que un gobierno que se proclama campeón de la defensa de los derechos humanos omita tratar seriamente la cuestión de la comunicación social, un derecho humano universal y fundamental, probablemente anterior a cualquier otro.
Como sociedad, la palabra nos aproxima, nos revela, nos desarrolla, nos hace mejores hombres. La comunicación nos humaniza. ¿El Gobierno no lo entiende? Así parece: no ha adoptado ninguna postura respecto de la ley de Radiodifusión, no agiliza la normalización del espectro y, para colmo de males, adopta en la Justicia actitudes que no llegan a comprenderse.
En junio pasado, el juez federal del Chaco Rubén Skidelski dictó una medida cautelar mediante la cual dejó sin efecto un avasallamiento del poder centralizado y unitario sobre los medios de comunicación (y las necesidades sociales y culturales) de varias poblaciones chaqueñas. Entre otras cosas, abrió el juego a sociedades locales para la explotación de frecuencias de radio y televisión, y mediante una medida cautelar prohibió que Canal 7 instalara allí sus repetidoras que probablemente hubieran establecido una situación de desigualdad entre la oferta local de contenidos y la que se enviaría desde Buenos Aires.
El Estado nacional apeló esa medida y, en consecuencia, el amparo que dispuso el juez no se cumplió, pero tampoco ninguna otra. Así, el derecho humano a la comunicación de esos argentinos que viven en el Chaco se vio cercenado, recortado, frustrado.
Lo que se está pidiendo, en este y en otros casos, es que el Estado administre a favor del pueblo; que la Justicia dicte fallos pensados en favor del bien común y que senadores y diputados honren el mandato que les dio la ciudadanía con su voto.
Entre el “deber ser” y el “es” media un zanjón profundo, el mismo que apenas ayer hizo estallar a la sociedad al grito de “que se vayan todos”. No se fueron y hoy, en las sombras algunos logran su provecho…
La Corte Suprema de Justicia acaba de dictar fallos ejemplares en los que democratiza la propiedad de los medios de comunicación. Pero sea quien fuere el titular del medio, si no logramos que se rinda culto al pluralismo, los voraces dueños de la comunicación y el pensamiento en la Argentina aplicarán de nuevo su vieja máxima: “hecha la ley, hecha la trampa”.
La ley de Radiodifusión seguirá esperando en vano, los dueños de los medios grandes fagocitarán a los chicos, la comunicación quedará en manos de los grupos de poder, el Estado seguirá mirando para otro lado y, como consecuencia, tendremos cada día una sociedad más bruta, menos pensante, más fácil de dominar, engañar, sojuzgar.
El gobierno de Néstor Kirchner parece olvidar que uno de los poquísimos errores que reconoció públicamente Carlos Menem fue, precisamente, haber permitido la creación de monstruosos multimedios alejados de la democracia.
Esos medios lo hicieron “gracias a Menem”, pero lo hubieran hecho también “a pesar de Menem” o de quien fuera. Si lo que se quiere es desterrar los vestigios de aquella década, democratizar y hacer justicia, lo peor que puede hacer el actual gobierno es mirar para otro lado.
El Presidente no deberá perder de vista este objetivo, habrá que darle una mano, porque allí radica buena parte de su paso a través de la historia: si lo hace, será un estadista; si lo omite, también él será parte de una política “desgastada”.

Ruben S. Rodríguez
ruben@rt-a.com