Mal de muchos

Algunos medios de comunicación parecen haber descubierto que en la Argentina existe censura, presiones contra la prensa, limitaciones, autolimitaciones y llamados telefónicos ante la difusión de determinada noticia que huelen, con un “tufillo” ciertamente desagradable, a extorsión.
Curiosamente, ahora descubren lo que sucedió indisimuladamente durante todos los gobiernos democráticos, desde 1983 a la fecha, durante y después de las primaveras que gozó cada administración, desde Raúl Alfonsín hasta Néstor Kirchner.
Curiosamente, también, porque denunciar desde un medio de comunicación que existe censura y presiones contra la prensa parece un contrasentido.
Sin embargo, no lo es. Tan perverso es el sistema que establecen los dueños de los medios con los factores de poder que todo parece reducirse a la ubicación que cada uno busca para su propia empresa.
Los medios de comunicación en la Argentina no son -se ha reiterado aquí hasta el cansancio- sociedades filantrópicas que persiguen, como objetivo principal, el bien común. Son, antes que nada, empresas.
Entonces descubrir, denunciar y combatir las presiones contra los medios desde los organismos del poder es una práctica saludable. Pero detrás de ella o, para decirlo de otra manera, como génesis de ella, no está el interés público.
Por lo menos no parece estarlo. Y ese es un tema preocupante en una sociedad que pretende convertirse en adulta.
De las múltiples lecturas sobre cuestiones internacionales que los periodistas de R&TA hacen cada día, una llamó particularmente la atención de este editorial: la cadena de radio y televisión británica BBC mandará a todos sus profesionales a cursar un seminario sobre imparcialidad periodística, para acentuar su imagen de credibilidad frente a la opinión pública, ajada tras el escándalo de la difusión de la fuente que reveló que los reportes sobre existencia de armas de destrucción masiva en el Irak de Saddam Hussein estaban «inflados».
La BBC no «infló» esos informes; sólo los divulgó. Pero se filtró el nombre del informante -una regla de oro que jamás debe violarse en un medio de comunicación- y de allí surgió un razonamiento que llevó a pensar que se trataba de una operación política para perjudicar al gobierno de Tony Blair, cuyos postulados laboristas parecen haber mutado al más rancio conservadurismo “thatcheriano”.
«Todos los periodistas de BBC News deberán pasar por un seminario sobre imparcialidad informativa con el fin de devolver a la radiotelevisión pública británica la imagen de objetividad de la que generalmente ha gozado... Los miles de empleados de la televisión pública deberán haber asistido al seminario antes de las próximas elecciones generales, previstas para dentro de un año. La dirección del periódico inglés quiere evitar que en el periodo electoral, un momento especialmente sensible, pueda ser acusada de falta de rigor profesional», reza la información.
La BBC es una empresa pública en el sentido mas estricto de la palabra. La financia, a través de un complejo esquema impositivo, cada ciudadano británico. Y el compromiso, entonces, es con esos ciudadanos más no con el gobierno de turno. Por eso la preocupación de sus directivos en garantizar la imparcialidad.
Mal que nos pese, ese ejemplo de la BBC es imposible en la Argentina. No en la de hoy, sino en la de los últimos 20 años —bajo la democracia- y obviamente antes, cuando el país estaba sojuzgado por una dictadura. En el país no hay un medio de comunicación de un prestigio tradicional como el de la emisora británica, los estatales son poco menos que el coto de caza del gobierno de turno y aún los privados dependen excesivamente de la publicidad oficial muchas veces apostada no ya a una empresa sino a determinado periodista, quien desembarca con su «paquete» y, obviamente, su línea editorial a cuestas.
La vocación por la independencia suele chocar con ese cúmulo de factores que atentan contra ella. Y si algo falta para completar ese complicado menú, estamos en Argentina.
El titular del COMFER, Julio Bárbaro, dijo en reciente reportaje: «Los medios no se hacen responsables de las deformaciones culturales que provocan, y el Estado no tiene instrumentos legales para sancionarlos. Cuando sólo importa el rating conseguido, la consecuencia es la degradación de la sociedad. Los medios han abusado de su protagonismo social. Pero van a tener que acostumbrarse a una nueva clasificación social. Hasta ahora fueron los fiscales, pero creo que de aquí hacia delante les caben las generalidades de la ley».
La buena intención -empíricamente hablando- se contradice a sí misma. Porque desde un organismo de gobierno se pretende decidir cuál es el rol que deben cumplir los medios. Y se lo hace, valga el destaque, desde «un gobierno» y no desde «el Estado»; no hay una política de Estado -una entelequia que nos comprende a todos, como ciudadanos- sino una política de gobierno.
De un gobierno al que, según las tapas de algunas revistas de las últimas semanas, se le ha descubierto una nueva característica: la presión, la censura y los molestos llamados telefónicos a los periodistas que dicen o escriben cosas que disgustan.
No nos asustemos, solo tenemos que mirar al resto del continente, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Cuba, por nombrar los más recientes y podremos decir: “Mal de muchos consuelo de tontos”.

Ruben S. Rodríguez