Ahora o nunca

A veces, aún en la Argentina, la Justicia hace Justicia. Parece una tautología, una obviedad; pero en los tiempos que corren bien se podría decir que una Justicia impartiendo Justicia es casi una novedad. Un hecho destacable, pese a su normalidad aparente en una sociedad sana.
Ediciones atrás informamos en estas mismas páginas que la controvertida Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad del artículo 45 de la aún vigente Ley de Radiodifusión sancionada por la última dictadura, la 22.285. El artículo en cuestión impedía el ingreso a los medios de las instituciones sin fines de lucro. Es decir que reducía la comunicación, un derecho humano, un bien de todos, a una mera actividad comercial. Desde el dictado de la ley por los gobernantes de facto, a finales de los 70, debieron pasar casi tres décadas para que el máximo tribunal argentino se percatara de ello.
Tarde, muy tarde. Pero llegó finalmente la caducidad del disparate. De ese disparate al menos.
Una nueva ley de Radiodifusión en la Argentina es poco menos que una utopía. Los lectores de R&TA deben estar ya hartos de leer en estas páginas reclamos de “voluntad” y “decisión política” para legislar de acuerdo a los tiempos que corren lo que nos pertenece a todos.
Ni siquiera con un fallo que declara inconstitucional el artículo 45 esa actitud pasiva, abúlica, ciertamente exasperante de los legisladores, se modificó. Y ahora no se trata de una ley completa sino de la modificación simple de un artículo, con un contenido que ya está mandado por la Justicia. Es decir: no hay mucho que pensar ni debatir. Sólo se trata de hacer lo que hay que hacer, tal como lo dispone el sistema republicano de gobierno, de pesos y contrapesos, controles entrecruzados entre los tres poderes del Estado.
La Cámara de Senadores hizo su parte del trabajo, dio media sanción a la modificación y le pasó el tema a Diputados. Pero en la Cámara baja, donde el abanico político es más variado, no hay consenso y la ley está parada. Por insólito que parezca, y pese a que no hay prácticamente nada que discutir, la modificación no sale.
¿Cuál es la consecuencia directa de esa ley paralizada? Que el Estado no puede (no está claro que lo quiera, por otra parte) llamar a concurso para adjudicar absolutamente nada. Ni radios de AM, ni de FM, ni canales de cable. Nada.
En la Argentina hay un antecedente aún muy fresco y de consecuencias que nos alcanzan sobre una situación similar. A poco de asumir el gobierno tras la lacerante dictadura, el ex presidente Raúl Alfonsín suspendió el denominado Plan ARA y produjo un colapso entre la necesidad casi desesperada de la sociedad por una comunicación democrática y la escasez de medios democráticos puestos al servicio del nuevo sistema de vida.
Así, aparecieron y se multiplicaron exponencialmente las FM de baja potencia, que se esparcieron por el éter sin ningún marco regulatorio. Sólo una década después ese aire comenzó a ordenarse, y esa tarea aún está inconclusa.
Es decir que no se concluyó una etapa y ya está en ciernes un problema de similar o mayor magnitud. El hombre –y si es argentino más- es el único ser vivo que tropieza dos veces con la misma piedra.
¿Qué podría hacer el Poder Ejecutivo en este escenario? Apelar a un elemento que mucho les gusta a todos los presidentes (porque aunque el ícono haya sido Carlos Menem, todos los que lo sucedieron se aprovecharon de él): los decretos de necesidad y urgencia.
En este caso sí es necesario un decreto de esa naturaleza, porque hay una mora en el Congreso y un impedimento para solucionar la situación. Pero según la información recopilada para este editorial, la presión corporativa frena esa decisión. El cuello de botella se transforma así en un callejón sin salida. Y los únicos perjudicados son los oyentes-televidentes, que se quedan vacíos y huérfanos de su reclamo de pluralidad.
La democracia no es así.
La Justicia, en tanto, sigue adelante y salen amparos para que las emisoras de radio AM y los canales de TV puedan transmitir, a la sombra de una ley que debe ser y no es, de unos legisladores que deben legislar y no lo hacen, de un gobierno que debe asumir decisiones y las evita.
Tal y como están las cosas, falta muy poco para que los canales de aire empiecen a transmitir ayudados por una acción de amparo y con el seguro apoyo de gran parte de la sociedad que no quiere monopolios en los medios.
Más de 20 canales de TV en todo el país esperan por esa ley. Casi 40 millones de ciudadanos también.

Ruben S. Rodríguez