El
organismo no acepto la reestructuracion de la deuda
El
COMFER y CableVisión enfrentados
La
operadora de TV paga Cablevisión contestó, por medio de
una nota dirigida al interventor del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) Julio Bárbaro, al rechazo del organismo de control a su
propuesta de reestructuración de su deuda.
La firma, que intenta obtener la homologación Judicial del Acuerdo
Preventivo Extrajudicial (APE) obtuvo una adhesión del 99,9 % de
los tenedores de obligaciones negociables presentes en la asamblea de
bonistas, realizada el 17 de noviembre. Las obligaciones suman 796 millones
de dólares y la oferta inicial fue lanzada a principios de febrero.
Pero el COMFER no acompañó la propuesta y sostuvo que fue
“aprobado por accionistas y directores no legitimados” y que
además “violaba la ley de Bienes Culturales”, pues
esta norma limita a un 30 por ciento las inversiones extranjeras en medios
de comunicación.
La referencia de la institución gubernamental llegó tras
una notificación del juez Claudio Bonadío, quien prohibió
convalidar transferencias accionarias hasta que finalice la investigación
para determinar si la compañía violó las leyes de
radiodifusión, encubrimientos y lavado de activos de origen ilícito
y de preservación de bienes y patrimonios culturales.
Por su parte y con fecha 4 de noviembre de 2004, Marcelo Bombau, apoderado
de la empresa, aseguró que lo sostenido allí “se encuentran
seriamente viciado por una clara incompetencia”.
Entre otras cuestiones, se plantea que la “interpretación
implicaría otorgarle facultades al juez penal Bonadío para
suprimir - de facto - un órgano de la administración pública,
lo que resulta a todas luces inadmisible”.
También insiste en que las transferencias fueron presentadas y
que si “el COMFER no ha cumplido adecuada y temporalmente con sus
obligaciones, o si los expedientes en cuestión habían sido
solicitados por el juzgado” no es “imputable” a la compañía
o a sus directivos.
Enseguida se cita al decreto 1062/98 que dejó sin efecto la obligación
de “aprobación de directores”, y sólo se deberá
informar su designación.
“Este olvido nos hace pensar que los órganos jerárquicos
del organismo no intervinieron en la redacción”, aseguró.
Además se destaca que en cambio sí se aprobó la oferta
pública de acciones de la operadora de cable, Multicanal S.A.
“La única explicación que se vislumbra como posible
en esta instancia sería la consecuencia de las gestiones informales,
no declaradas, efectuadas por algún interesado que no es precisamente
´de los nuestros´”.
Asimismo se cuestiona que se “reanalice” una propuesta “que
está a punto de culminar con éxito en beneficio de los acreedores
y los empleados de Cablevisión ya que en un escenario de concurso
los acreedores cobrarán menos y muchos empleados perderán
sus trabajos”.
Más adelante sostiene que la “comunicación difundida
el 9 de noviembre de 2004 en la tapa de un matutino (propiedad de Raúl
Moneta, quien tiene interés en que Cablevisión abra su concurso)
fue difundida con el objetivo -más que evidente- de perjudicar
a Cablevisión”.
Sobre la ley 25.750 se argumentó que aún no fue reglamentado
y por eso no se ha definido cuál es su autoridad de aplicación
y que no es aplicable por el tratado de protección de mutuas inversiones,
que gozan los inversores de los Estados Unidos.
¿Clarín
intenta quedarse con CableVisión?
A fines
de noviembre, el semanario Poder denunció que Multicanal intenta
quedarse con CableVisión.
Una vez que el APE concluya, el empresario mexicano David Martínez
compraría las acciones de Liberty (que posee la mitad del paquete),
en partes casi iguales, con Clarín. De modo que el mexicano no
supere el 30 por ciento que establece la ley de Bienes Culturales.
R&TA intentó conocer la versión de Multicanal pero no
fue posible, porque su vocero estaba de viaje y solo él estaba
autorizado a responder.
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