BUENOS AIRES,

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En busca del consenso perdido

El vicepresidente de la Nación, el “radical K” Julio Cobos, dijo en unas recientes declaraciones periodísticas que “es tiempo de sumar consensos, no votos”. Lo expresó, claro está, en el marco de la aún irresuelta disputa entre el gobierno y los productores agropecuarios por la controvertida resolución 125 del Ministerio de Economía que estableció las retenciones móviles para las exportaciones de granos.
Pero como suele pasar, las palabras apuntadas en un sentido pueden –y de hecho lo hacen- adecuarse y servir perfectamente para otros aspectos. En este caso, seguramente igual de importante, o más, aunque con un centimetraje periodístico infinitamente menor.
El vicepresidente Cobos formuló su expresión, a modo de máxima, cuando las agujas del reloj se le clavaban a la sociedad argentina como lanzas envenenadas en la nuca, la espalda, las nalgas y los talones. En un contexto de cuenta regresiva, después de cuatro meses de conflicto, con los ánimos crispados y 40 millones de personas pendientes de una resolución favorable que integre aquella palabra tan vapuleada en los últimos tiempos: democracia.
La voz de Cobos, una figura hasta entonces meramente decorativa en el escenario de las grandes decisiones políticas, ninguneado desde las altas esferas, significó un rapto de sensatez en medio de tanta hipocresía de uno y otro lado.
La democracia es, precisamente, sumar consensos.
Otro radical, aunque en este caso no se trata de un “radical K”, sumó también su sapiente veteranía al complejo escenario de la argentina de hoy. Al ser declarado ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires, el ex presidente Raúl Alfonsín reconoció que “falta mucho” camino por recorrer para llegar a una democracia que vaya más allá de lo formal, e incluso utilizó el término “poliarquía” como un casi sinónimo de democracia.
Pero también advirtió que la diferencia entre “democracia formal” y “dictadura” es la diferencia “entre la vida y la muerte”. Nadie, en ningún escenario de conflicto de los últimos 25 años, describió con tanta crudeza posibilista la situación real de la Argentina.
No es del conflicto entre el gobierno y el campo que hablará este editorial. Sin embargo, la estructura del conflicto servirá para comparar su dinámica con lo que está ocurriendo con la nueva Ley de Radiodifusión.
La última vez que un gobierno intentó “sumar consensos” para sancionar una nueva ley de radiodifusión, la iniciativa fracasó no por culpa de la ley en sí sino porque el gobierno capotó después de una larga lista de errores. El gobierno de la Alianza había abierto una discusión interesante para llegar a una buena ley, y estaba en el período en el que debía compatibilizar los intereses de la sociedad y los más vulnerables con el de las empresas y los poderosos. Cierto es que urgido por la realidad caliente, el proyecto y la discusión estaban quedando relegados a segundo plano, y la abrupta salida en helicóptero desde Balcarce 50 de Fernando De la Rúa puso fin a aquella historia.
Hoy, en pleno 2008, el actual gobierno anunció –una vez más- una nueva ley de radiodifusión. Pero cuando empezó a dar los primeros pasos y a enfrentar las primeras dificultades (que, por cierto, ya estaban alterando en esencia el espíritu de aquel anuncio) estalló el conflicto con el campo. Y desde ese momento, lo urgente desplazó a lo importante, como tantas otras veces en la historia argentina.
El conflicto del campo y la ley de radiodifusión tienen similitudes y diferencias. Entre las primeras, habrá que decir que en ambos casos hay una feroz disputa de poder, intereses económicos mayúsculos, grupos antagónicos decididos a resistirse mutuamente y una enorme mayoría de la sociedad que, entretanto, asiste azorada a lo que ocurre y recibe sólo las esquirlas y las manchas de sangre que va dejando el combate.
Pero entre las segundas está la enorme posibilidad de alcanzar aquellos “consensos” de los que hablaba el vicepresidente Cobos. Porque no hay una extrema urgencia por sancionar una ley, porque el escenario internacional es el del cambio y la incorporación de nuevas tecnologías, porque –a diferencia del campo- el aire es de todos y porque el gobierno tiene legitimidad suficiente para administrar en nombre de todos.
Sirvan estas líneas para advertirle al gobierno que lo que ocurre con el campo deberá servirle de experiencia y, más aún, de lección. En lo sucesivo, no podrá manejar los conflictos como lo ha hecho con el campo, porque en democracia no sirve vencer si antes no se pudo convencer.
Entre los debates que se vienen está la nueva ley de radiodifusión. Que también es de esas cosas que no tienen repuesto, aunque el aire parezca gratis. Es un debate importante, pero por estas horas no podría decirse que se trata de una cuestión urgente.
En todo caso, es una discusión necesaria que deberá darse como paso previo a una nueva ley de radiodifusión, que sí o sí debe salir durante el actual gobierno.
Si así no fuere, la Argentina definitivamente se habrá convertido en una republiqueta en la que sus gobernantes sólo saben de sumar votos más no consensos, y en la que la democracia formal estará tan lastimada que en cualquier momento le podrá ceder terreno a la tiranía.

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