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PROYECTO DE LEY DE RADIODIFUSION DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
La
democracia y el pluralismo informativo como rehenes de la concentración
económica en los medios
La
democracia tiene una profunda deuda respecto de la existencia
de una ley de radiodifusión que contemple, a partir de la verdad
y sin eufemismos, los intereses y necesidades que como pueblo
tenemos. Más aún, en este punto tan crítico del desarrollo de
la historia de la Argentina se puede asegurar que la deuda es
la ausencia de una política que en materia de medios de comunicación
contemple una concepción nacional y popular a partir de la cual
la legislación sea el marco con el cual la voluntad política la
haga posible.
La
historia en este sentido no es generosa y lo que se ha hecho desde
los gobiernos -tomamos para este análisis desde la última dictadura
militar hasta los días que corren- es agigantar la parte de deuda
interna que existe en la materia. Por eso cuando el Poder Ejecutivo
Nacional envió al Congreso para su tratamiento un proyecto de
ley de radiodifusión que desde el año pasado analizamos, no pudimos
dejar de plantear nuestra óptica, la de los trabajadores de prensa
de Rosario, profundamente comprometidos en la defensa de la libertad
de expresión, del derecho a la información y del pluralismo informativo,
tres pilares absolutamente incompatibles con la concentración
de medios de comunicación que desde hace más de diez años se hizo
más fuerte en la Argentina en sintonía con el proceso mundial
de mercantilización de la información y como parte del sistema
económico que consagra la riqueza en poquísimas manos y excluye
a las mayorías.
Con
este marco, abordar el contenido de la propuesta de radiodifusión
que tratará el Congreso Nacional sin hablar de la propiedad de
los medios de comunicación o de cómo diseñar una verdadera democracia
informativa y cultural se nos ocurre vacía, o lo que es más preocupante,
llenada con declaraciones principistas y genéricas que en forma
aislada pueden compartirse pero que, contextualizadas, pierden
fuerza y quedan a expensas, como sucede ahora, de la voluntad
de los propietarios de los medios cuyo poder el proyecto del Comfer
contribuye a acrecentar.
Creemos
casi estéril en este marco resaltar contenidos y figuras cuya
aplicación debería asegurarse por otros caminos. En cambio, el
mismo proyecto que los contiene alimenta el enemigo gigantesco
que les pone por delante la tarea de una lucha tan despareja como
a veces solitaria. Nos referimos a los ítem contenidos en el Capítulo
I -artículo 3º del proyecto: "La promoción cultural de la población,
asegurando posibilidades de expresión de las diferentes corrientes
de opinión....", o bien la instancia de creación de la Defensoría
de los Usuarios en el marco de la Comisión Nacional de Radio y
Televisión.
Nuestra
convicción acerca de que las categorías que contienen a la concentración
de medios, por una parte, y a la libertad de expresión y el derecho
a la información, por la otra, son en la práctica opciones irreconciliables,
parten de las experiencias generales pero también de la propia,
cercana y agresiva realidad que vive la sociedad rosarina y los
trabajadores de prensa ante la existencia y acción de la concentración
monopólica, en este caso a través de la existencia del Multimedios
La Capital que no sólo desprecia sino que castiga y combate la
pluralidad informativa y los presupuestos de la libertad de expresión
y el derecho a la información y a quienes se empeñan en levantarlos.
Cuando
desde el gobierno de la Alianza y desde el Comfer se hizo conocer
la voluntad de trabajar por una nueva ley de radiodifusión las
expectativas creadas fueron muchas. Justo es para los trabajadores
de prensa señalar que hubiésemos deseado ver la vocación política
por dar vuelta la vergonzosa entrega que a favor de la concentración
multimediática hizo el gobierno del ex presidente Carlos Menem.
Pero lejos de ser así sólo se produjo una prolija declaración
de principios en el marco preocupante de la endeblez política
y de la permanente invocación de un posibilismo tan peligroso
como en sí mismo lleno de asechanzas. Cuando hacíamos hincapié
en que el decreto 1005/99 del gobierno menemista abrió las puertas
para la gran concentración señalamos también que este proyecto
de ley es funcional a esos mismos objetivos, puesto que posibilita
la constitución de redes permanentes y transitorias, nacionales
y regionales. Integración, igualdad de posibilidades, defensa
y promoción de actividades que conforman y difunden el patrimonio
cultural de las diversas regiones que integran la Nación se levantan
desde el proyecto como aquello por lo que se trabaja al tiempo
que se lo hace, a nuestro juicio en una contradicción de fondo,
por la constitución de redes que permiten la unificación de las
emisiones, pueden ser acuerdos entre licenciatarios diferentes
o empresas que pertenezcan al mismo grupo y se fijan "topes" que,
cuesta creer, que sean designados como tales: las redes de TV
abiertas no podrán integrarse con más de 12 canales, las redes
de radio no podrán integrarse con más de 24 emisoras y las estaciones
que integren una emisora no podrán participar de otra. Con lo
mencionado anteriormente no sólo se pretende legislar a favor
de la concentración de la propiedad de los medios sino también
del acuerdo entre los grandes poseedores del poder multimediático.
A
esta altura es útil recordar de donde venimos.
"UN
SOLO MUNDO, VOCES MULTIPLES"
Muy
atrás quedaron para los gobiernos y para la propia UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
las preocupaciones y los debates sobre el Nuevo Orden Informativo
Internacional y aquel informe Mc Bride, de su director, que hace
20 años postulaba 'Un solo mundo, voces múltiples' como aspiración
política también planteada en la Conferencia Intergubernamental
de Políticas de Comunicación de Costa Rica en 1976, alrededor
de dos claves: acceso y participación a los medios de comunicación
social. Cuando se hablaba de acceso se hacía referencia a la necesidad
de maximizar la cobertura mediática para garantizar que las poblaciones
menos favorecidas económicamente también pudieran acceder a los
medios; cuando se hacía referencia a la participación se partía
del proyecto de integrar a los sectores populares como sujetos
de las políticas diseñadas desde una concepción concordante del
papel de los medios.
Otros
son los elementos dominantes en estos días que generan una profunda
puja de intereses y también legítimas preocupaciones: la concentración
económica y la consiguiente concentración informativa, opuestas
filosófica y prácticamente a aquellos objetivos que propiciaban
las voces múltiples.
La
instalación y afirmación monopólica en la Argentina en el terreno
de los medios de comunicación social no se produjo sin que el
Estado brindara el soporte legal a través de políticas contundentes
que se diseñaron sin tener en cuenta la democratización de la
información sino como instrumentos puestos a los pies de la voracidad
del mercado. Fueron políticas de privatización, concentración
y transnacionalización de la propiedad de las comunicaciones.
Por eso quienes han seguido el desarrollo de esas políticas hablan
de que los aires nuevos no llegaron a la Argentina que permaneció
casi al margen de algunos intentos de democratización de las comunicaciones
que se desarrollaron en América latina en la década del '70.
Los
cuarenta años de historia de la televisión abierta se armaron
sobre la base funcional que tuvo que ver con la propia estructura
del país, con una gran cabeza en Buenos Aires y con un interior
raquítico. La lejanía de ese centro concentrador de productoras
y emisoras de cabecera era sitio apropiado para la instalación
de repetidoras. En cuanto al crecimiento de la televisión por
cable se sitúa en la década del 80 para alcanzar el máximo desarrollo
en los 90.
Es
útil recordar que hubo un período de propiedad estatal de los
canales capitalinos a partir de 1975. Luego, la dictadura militar
sancionó el decreto ley 22.285 con el que se daban las bases para
las futuras privatizaciones y los dictadores tenían la posibilidad
de controlar con dureza los contenidos. Por eso señalamos la coincidencia
con las expresiones del Comité Federal de Radiodifusión cuando
dice que desde su creación en 1972 "el espíritu que guió al organismo
fue considerar a la información como una materia más dentro de
la Doctrina de Seguridad Nacional" y cuando más adelante asegura
que el Comfer se tenía que encargar de "controlar y vigilar, por
ello la ley Nº 19.798 del 22 de agosto de 1972 creó, junto a este
organismo, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
y además la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (CONASE)".
A partir de 1989 la ley 22.285 fue modificada en los puntos que
impedían la conformación de grandes multimedias al amparo de la
Ley de Reforma del Estado Nº 23.696. La articulación entre la
política económica del gobierno de Carlos Menem y la regulación
de la comunicación en el país muestra cómo los grandes grupos
editoriales se reacomodaron según sus aspiraciones. Con esta finalidad
se cambió el artículo del decreto-ley del gobierno militar y los
grupos propietarios de medios gráficos resultaron adjudicatarios
de los canales 13 (Clarín, socio mayoritario de Artear) y 11 (Atlántida,
integrante del grupo Telefé). Atlántida había sido copropietaria
de Canal 13 a comienzos de la década del '70 y el Grupo Clarín
ya poseía el control de Radio Mitre y de FM 100, un momento en
el que se convirtió en el principal multimedia del país. Todas
las modificaciones que se realizaron respondieron a las leyes
del mercado que mostraron el feroz tironeo entre los grupos oligopólicos
con fuerte presencia transnacional. Los cambios en el mapa de
la propiedad de los medios de comunicación se dieron a la vez
que se producían los cambios tecnológicos y el entrecruzamiento
de intereses económicos y financieros con otros sectores de las
comunicaciones (televisión por cable, telefonía y otros). Distintos
autores que han seguido el proceso de concentración que se dio
en los sectores televisivos y de telecomunicaciones -es el caso
de Albornoz, Castillo, Hernández, Mastrini y Postolsky en "Globalización
y Monopolios en la Comunicación en América latina"- señalan que
no se puede comprender la concentración que se dio en los sectores
mencionados sin enmarcarla en el proceso de convergencia tecnológico
iniciado mundialmente y que las empresas transnacionales, tanto
de la Unión Europea como de los Estados Unidos trasladaron y trasladan
a la Argentina.
Después
de numerosos proyectos de leyes de radiodifusión, propuestas sectoriales
nunca discutidas suficientemente, ni aprobadas, y en los que los
representantes sociales fueron convidados de piedra, se apostó
a que el propio mercado regulara sus posiciones para luego legislar.
EL
DECRETO 1005 DEL GOBIERNO MENEMISTA
El
Sindicato de Prensa Rosario fijó su posición cuando el ex presidente
Carlos Menem apeló a la necesidad y urgencia, a través del decreto
1005/99 para modificar la ley 22.285 y favorecer la concentración
de emisoras de radio y televisión.
El
decreto 1005/99 modificó algunos artículos de la ley de la dictadura
pero el cambio de mayor peso en cuanto a determinar la estructura
de la tele radiodifusión argentina fue el del artículo 43º del
texto legal sobre 'Multiplicidad de licencias'. La ley 22.285
establecía por ese artículo que el Poder Ejecutivo Nacional o
el Comfer podían adjudicar a una misma persona o sociedad comercial
hasta 4 licencias para explotar el servicio de radiodifusión.
A través de esa modificación se permitió otorgar hasta 24 licencias
con la argumentación de que el anterior techo tenía en cuenta
un mercado comunicacional poco desarrollado. El número original
ponía un cierto límite a la formación monopolista que con este
decreto apareció apuntalada a través de la adecuación del artículo
45º que hablaba de que las licencias son intransferibles y se
estableció el criterio de la transferibilidad. Desde nuestra organización
señalamos en octubre de 1999 que la eliminación de la intransferibilidad
hacía suponer que las pequeñas licenciatarias, o aquéllas más
débiles, podrían sucumbir con facilidad ante las presiones económicas
o políticas de los grandes grupos. De hecho en nuestra ciudad
y en la provincia tenemos ejemplos de lo ocurrido que no se dio
en el marco único de las pequeñas licenciatarias. Por otra parte,
en el inciso e) del artículo 45º de la ley de radiodifusión (texto
ordenado decreto 1005/99) se abrieron las puertas para que el
monopolio extranjero sea el gran dueño de la radiodifusión argentina.
Allí se hablaba del permiso para acceder a las licencias cuando
se tratase de acuerdos especiales, como es el caso del existente
con los Estados Unidos ("Tratado suscripto con los Estados Unidos
de América sobre la promoción y protección recíproca de las inversiones"),
ratificado por la ley 24.124. Por este acuerdo, los ciudadanos
estadounidenses son tratados como los nacionales en el tema de
las comunicaciones, como en tantos otros, por lo que la progresiva
desnacionalización de la radio y de la TV argentinas tienen el
terreno preparado. La otra modificación del decreto menemista
que favorece la concentración de la información en manos de los
grandes grupos extranjeros, o locales con cabecera en Buenos Aires,
se plasma a través del cambio del artículo 68º con la autorización
para constituir redes privadas permanentes.
El
decreto 1005 posibilitó la formación de TELEFONICA MEDIA que comprende
el 100 por ciento de los paquetes accionarios de Telefé y de los
canales 7 de Neuquén, 8 de Córdoba, 10 de Mar del Plata, 9 de
Resistencia, 9 de Paraná, 9 de Bahía Blanca, 5 de Rosario, 8 de
Mar del Plata, 13 de Santa Fe, 8 de Tucumán, 11 de Salta y del
50 por ciento de Azul TV, más el 100 por ciento de Radio Continental
y de la FM Hit.
EL
ACTUAL PROYECTO DE RADIODIFUSION
Después
de los movimientos del año 2000 durante el cual desde el Poder
Ejecutivo nacional se pensó en aprobar el llamado Nuevo Plan de
TV por decreto de necesidad y urgencia, el texto de la ley de
radiodifusión fue enviado al Congreso Nacional. Respecto de ese
texto que no contiene grandes variantes en cuanto al conocido
el año pasado pueden hacerse algunas de las consideraciones en
base a las cuales sostenemos que la constitución monopólica adquirirá
fuerza de ley. De hecho aquí no se modifican en lo sustancial
ninguno de los artículos contenidos en el decreto menemista.
Transferencias:
Se mantiene la transferibilidad de las licencias que introdujo
el decreto 1005/99 y se fija un plazo de dos años a partir del
comienzo de las emisiones para poder hacerlas efectivas, en el
proyecto que se conoció hasta el año pasado se hablaba de un año.
La excepción es para las personas de derecho público que no podrán
transferir las licencias adjudicadas. Uno de los puntos del ítem
"Transferencias" resulta cuanto menos contradictorio: se trata
del artículo 20º del proyecto donde habla de que la explotación
deberá ser realizada por los titulares y de que los licenciatarios
no podrán otorgar mandatos o poderes a terceros, pero a la vez
las posibilidades de transferencia cada 2 años no tienen límites.
Multiplicidad
de las licencias: Se mantiene el criterio por el cual se permite
la multiplicidad de las licencias, con modificaciones que no inciden
en lo sustancial del decreto anterior: mantiene las 24 licencias
de radiodifusión y establece un tope de 12 para los servicios
de TV básicos, es decir TV abierta. El decreto 1005/99 permitía
24. Queda el interrogante referido a que de las doce licencias
de TV abierta no podrá haber más de una en la misma área de cobertura
primaria, pero esas áreas de cobertura aún no han sido definidas
y quedarán para cuando se elabore el plan técnico con la intervención
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) según se informó
desde el Comfer Rosario.
Redes
permanentes: El Capítulo VI del proyecto trata "De las redes".
Allí expresa que los titulares de Servicios de Radiodifusión podrán
unificar en forma regular las emisiones de las mismas -el anteproyecto
del año pasado hablaba de una misma señal de origen- siempre que
obtengan la autorización previa, o en el caso de la TV abierta
mediante la obtención de licencia nacional o licencia regional.
Las redes en el caso de la radiodifusión pueden ser constituidas
a través de contratos o acuerdos entre las empresas emisoras que
pertenezcan a un mismo o a distintos licenciatarios. Como limitaciones
-si se las puede considerar de esa manera- se anuncian: que las
redes de TV abierta no podrán integrarse con más de doce canales,
que las redes de radio no podrán integrarse con más de 24 y que
las estaciones que integren una red no podrán participar de otra.
Pone como condición que cada uno de los titulares de las emisoras
que las integran conserve sus derechos sobre la publicidad que
emitan. En el Capítulo referido a la Programación se establecen
porcentajes para las radios respecto de la producción nacional
-emitir un mínimo de un 70 por ciento- y de la producción propia
-no menos de un 25 por ciento- y luego para los de TV abierta
hablan de un 51 por ciento de producción nacional dentro de la
programación mensual y de 3 horas de producción propia. También
se establecen pautas para la TV Multiseñal -incorporar las señales
de TV abierta de la zona, las de las redes regionales- y un porcentaje
de señales nacionales en relación con la cantidad de señales que
difunden. A la vez se les exige que una de las señales respete
las características de producción exigidas para las señales abiertas.
Cabe
señalar que se habla de producción propia pero no de producción
local, algo que más que una simple variación de palabras puede
significar que la producción puede realizarse en cualquier lugar
que la empresa licenciataria disponga y también que se contrate
el personal que no necesariamente deberá ser de la ciudad de origen.
De esta forma se explica que uno de los estandartes que se levantaban
desde el Comfer, el de los puestos de trabajo que las producciones
locales generarían y que también concitaron comprensibles adhesiones,
casi ni se mencionen en estos días.
Licencias
nacionales y licencias regionales: Cuando se hace referencia
a las licencias de televisión abierta regionales y nacionales
se habla de integrar al país y facilitar la cobertura nacional
o regional mediante señales generadas mayoritariamente por una
emisora de origen. Estamos ante el caso de las llamadas "repetidoras"
que crea aún mayor preocupación cuando en el proyecto de ley se
habla, para citar el primer ejemplo, de que los habitantes de
una misma región tengan un servicio similar en su oferta "cuantitativa"
al que reciben los habitantes de la ciudad de la región que genere
la mayor oferta para estos servicios. Una propuesta similar se
realiza en relación con las licencias nacionales.
Se
trata entonces de llenar con lo producido por la señal de origen
pero la preocupación no es cualitativa. Nuevamente aparecen los
interrogantes con relación a cuáles serán las regiones en que
se dividirá al país y las necesidades particulares de cada lugar.
Con
respecto también a la programación un estudio realizado por el
Comfer en el año pasado describía que el promedio de producción
de la totalidad de los canales del interior del país no superaba
el 13 por ciento de producción propia que en el caso de los canales
5 y 3 de Rosario se elevaba el año pasado a un 15 por ciento del
total de la programación.
REPETIDORAS
Consideramos
auspicioso todo lo que propenda al aumento de la producción nacional,
regional y local, así se invoca en el proyecto en resguardo de
la identidad cultural y del reflejo de las distintas realidades
y resultó comprensible el entusiasmo que en un momento generó
lo que se consideró como la posibilidad de que esas producciones
fueran el camino hacia puestos de trabajo. Sin embargo, como trabajadores
de los medios de comunicación, no creemos que la misma legislación
que favorece la concentración económica pueda imponer reglas de
funcionamiento democrático y de respeto por los objetivos planteados.
La
realidad, que a la vez nos brinda algunas certezas, es que poca
o ninguna importancia conceden las leyes del mercado, veloces,
voraces e implacables a cuestiones que tengan que ver con los
contenidos, con la protección de la identidad cultural, de la
niñez y con las necesidades de los trabajadores de cada lugar.
Retomamos aquí la reflexión que hacíamos más arriba y la diferenciación
entre producción propia y producción local.
Casi
un año atrás el Sindicato de Prensa Rosario rechazó públicamente
la instalación de nuevos canales de aire que retransmitirían "las
redes de la Capital Federal". En ese momento se señaló que "la
concentración de los medios de comunicación conspira abiertamente
contra los principios de la pluralidad informativa y regional
y condena a los medios del interior del país a un seguro cierre
ante la dificultad que presentará la disputa comercial" y alertamos
acerca de que "otra vez serán los trabajadores las primeras víctimas
de una política que atenta contra el federalismo y pone en serio
riesgo la estabilidad de las fuentes laborales". En ese momento
también se realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo
en la búsqueda de que se garanticen los derechos de los habitantes
de la provincia.
Por
otra parte la futura ley de radiodifusión no podrá ser retroactiva.
Los holding continuarán como hasta ahora y en algunos casos saldrán
fortalecidos, al poder constituir las redes permanentes.
Los
dueños de la televisión y de la radiodifusión argentinas constituyen
una compleja trama que mueve millones de dólares al año, que llegan
a millones de personas y que hacen uso de todos los caminos y
atajos para unirse y entrecruzarse con sus competidores en algunos
rubros o destruirse en otros.
Todo
interesado en el tema de la distribución de la radio y la TV argentinas
sabe que más allá de los enunciados que contemplan a la información
como un derecho humano y como un bien social, la llamada torta
publicitaria se disputa en condiciones de poder, un poder que
detentan las grandes concentraciones multimediáticas, la mayoría
con cabecera en Buenos Aires. La cuestión, casi primaria, tiene
relación con qué medio del interior del país está en condiciones
de disputar la publicidad nacional con las cadenas y los grandes
grupos con sede en Capital Federal o que pertenecen a las transnacionales,
cuyos intereses se entrelazan profundamente con socios locales
en una estructura económica preparada durante años para la extranjerización
y la dependencia. El proyecto se preocupa por los intereses de
los grandes grupos en una clara desprotección de los intereses
de las medianas y pequeñas empresas, locales por lo general.
Algo
más sobre las redes: mucho se ha dicho como justificación de la
intención de una mayor concentración acerca de que los canales
de TV del interior del país actúan como meras repetidoras. Entendemos
que los empresarios locales no se han destacado, a lo largo de
los años en que son poseedores de las licencias, por hacer de
los medios que tienen verdaderas usinas de producción. Aún en
el común de los casos han limitado creatividad y recursos trasladándonos
durante décadas las "latas", nacionales y extranjeras, en desmedro
de una producción que pudo reflejar con mucho mayor riqueza la
realidad local y regional. Pero, a la vez, creemos que la apoyatura
en esta realidad sirve como excusa hacia el objetivo concentrador.
LAS
EMISORAS COMUNITARIAS
Este
es un punto que para los trabajadores de prensa reúne especial
preocupación. Tanto la ley 22.285 como el decreto menemista 1005/99
no permitían el acceso de las sociedades sin fines de lucro, no
comerciales, a una licencia de radiodifusión. En el proyecto del
Comfer que se conoció el año pasado se contemplaba que esas sociedades
no comerciales podrían acceder a una emisora de baja potencia
tanto de frecuencia modulada como de televisión abierta, una decisión
que no contemplaba el reclamo de las emisoras comunitarias, como
es el caso de Aire Libre en la ciudad de Rosario. Más aún cuando
durante la Jornada sobre Radiodifusión Comunitaria realizada el
3 de mayo de 2000 en Buenos Aires -y a la que el Sindicato de
Prensa Rosario asistió- con la organización del Comfer y el auspicio
de la UNESCO -asistieron 250 representantes de radios comunitarias,
cooperativas, ONG, asociaciones civiles y religiosas y legisladores
nacionales y provinciales, tal como se informa en las conclusiones
dadas a conocer por el propio Comfer- se aprobó entre las conclusiones
la necesidad de "...llamar la atención sobre la imperiosa necesidad
de poner fin a las restricciones que impiden a las organizaciones
sociales, las cooperativas, las organizaciones no gubernamentales
y las entidades sin fines de lucro en general ser titulares de
licencias de radiodifusión".
Entre
esas conclusiones se decía también:
*que
"la situación que afecta a las entidades sin fines de lucro en
el marco del proceso de Normalización de Radios de Frecuencia
Modulada (iniciado al amparo del decreto 310/99) consagra una
exclusión que debe ser atendida, máxime cuando la saturación del
espectro en las áreas más críticas del país haría imposible la
asignación de nuevas frecuencias a favor de los radiodifusores
comunitarios.
*que
"el Plan Técnico deberá elaborarse conforme a principios democráticos
que aseguren la transparencia y la igualdad de oportunidades.
En ese marco el Comfer realizará una reserva de frecuencias para
que el sector no comercial pueda ejercer la radiodifusión a partir
de la superación de los actuales impedimentos jurídicos".
*"La
nueva ley de radiodifusión que debe sancionar el Congreso Nacional
además de reparar la exclusión que han sufrido las entidades sin
fines de lucro debe generar un mecanismo de reserva de frecuencias
para el sector y establecer criterios estrictos de composición
social y participación comunitaria a los futuros operadores. Asimismo
fijar cláusulas antimonopólicas que alienten la competencia y
el pluralismo, promover la producción de contenidos propios, locales
y regionales y alentar un diseño democrático de las comunicaciones".
Esa
reserva de frecuencias no se produjo y si bien es cierto que en
el proyecto no está vedado el acceso a una licencia por parte
de las asociaciones comunitarias o sin fines de lucro tampoco
se promueve su participación. Desde Aire Libre, por ejemplo, integrante
del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), se dice que
"el proyecto de ley marca contradicciones con el discurso y nos
somete a reglas injustas frente a empresarios que aspiran a acceder
a una frecuencia de radio, ya que los pliegos se venderán con
idéntico costo que para un radiodifusor privado" y que "no se
fomenta tampoco la propiedad de asociaciones civiles sin fines
de lucro para las AM, FM y menos para la televisión, ya que los
costos administrativos y las condiciones exigidas nos dejan afuera
de toda carrera y nos iguala ante los entes recaudadores con los
monopolios multimediáticos".
IMPRECISIONES
SOBRE LA INFORMACION
El
proyecto de ley es tan impreciso en el enunciado de sus objetivos
como cuando se refiere a la información, ese bien sobre el que
poco se habla. "Promover la información plural e imparcial", dice
el texto que el año pasado agregaba sobre el mismo tema que debía
ser "adecuada y veraz". En el proyecto del Comfer se habla de
"un equilibrio entre información, conocimientos, entretenimientos...".
Tampoco se habla de garantizar la libertad de expresión y el derecho
a la información sino que se refiere a las posibilidades de expresión
de los distintos grupos de opinión. En el mismo sentido se habla
de fomentar el desarrollo cultural pero no se toman medidas para
asegurar ese desarrollo y así sucede con algunos otros de los
principios enunciados.
Algo
más sobre la información: en ningún momento se hace referencia
al segmento del horario diario que se destinará a la tarea informativa.,
una ausencia que choca con los lineamientos generales que se desprenden
de los artículos específicos en los que se habla del pluralismo
informativo, del respeto por el derecho a buscar y dar información
y del derecho de la sociedad a estar informada.
El
derecho de la sociedad a estar informada requiere de un espacio
temporal específico, un rasgo que tiene estrecha relación con
el también irrenunciable derecho a sostener y profundizar las
identidades culturales y sociales locales ante los intentos permanentes
de destrucción de las raíces culturales regionales.
RADIODIFUSION
PUBLICA
En
el Capítulo destinado al Sistema de Radiodifusión Pública que
comprende a LS82 TV Canal 7, LRA1 Radio Nacional y la Agencia
Oficial de Noticias se dice que estas emisoras podrán instalar
repetidoras en todo el territorio nacional y sin limitación alguna
y conformar redes nacionales y regionales. Respecto de la programación,
el proyecto oficial expresa que al menos un 70 por ciento deberá
ser producción nacional y que se "deberá tender a que la mayor
parte de la programación diaria de sus emisoras sea de producción
propia".
Acerca
del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado tampoco
se observa una voluntad respecto de que cada uno de ellos cumpla
una función dentro de una concepción federalista y de verdadera
promoción de la información y de las culturas regionales. Nos
preguntamos en qué cambia para un habitante del interior del país
su postura de oyente o televidente actual en relación con los
medios estatales que ni siquiera deben observar porcentajes de
producción locales o regionales.
ORGANISMOS
DE CONTROL: COMISION NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION
Un aspecto que creemos necesario destacar es que la Comisión Nacional
de Radio y Televisión (CONARTE) como ente regulador que tendrá
a su cargo la aplicación de la ley no tiene en cuenta en su integración
ni la opinión ni la representación de usuarios ni de trabajadores
ni de otros sectores de la sociedad, empresarios, ONG., sociedades
sin fines de lucro, organismos defensores de los derechos humanos.
Los miembros integrantes de la comisión, un presidente y tres
vocales según el proyecto, son nombrados por decisión del Poder
Ejecutivo Nacional, una estructura que no nos satisface desde
el punto del pluralismo, la democracia y el federalismo. La integración
hubiese podido buscar formas representativas que garanticen los
presupuestos anteriores. Por ejemplo, que sea el Consejo Federal
de Radio y Televisión el que delimite las políticas y tome las
decisiones en materia de planes de radiodifusión, asumiendo la
CONARTE el rol del órgano ejecutor encargado de llevar adelante
las decisiones democráticamente tomadas.
LA
CONCENTRACIÓN REGIONAL
La
concentración de los medios de comunicación en el interior del
país mostró con singular dureza los rasgos analizados más arriba:
el perjuicio para una sociedad que soporta la concentración informativa,
el pisoteo del pluralismo y de la libertad de expresión y el grave
daño causado a los trabajadores de los grupos monopólicos sobre
quienes el ajuste, para aportar a la economía empresaria, cayó
con singular dureza y con todas las variantes imaginables, despidos,
precarización de las condiciones de trabajo, persecuciones, provocaciones
y demás variantes que hacen a la descomposición de las relaciones
laborales.
En
Rosario, afirmamos sin temor a equivocarnos, que la constitución
del Multimedios La Capital -anunciado cuando el decano de la prensa
argentina cumplía su 132 aniversario- dio inicio a un estado de
conflicto permanente en relación con su personal y manejó y maneja
con descaro la concentración informativa en los distintos medios
que lo componen.
La
Capital como cabeza del multimedios sumó al diario El Ciudadano
& La Región, a dos de las tres radiodifusoras de amplitud modulada
de la ciudad, LT8 Radio Rosario y LT3 Radio Cerealista y las emisoras
de frecuencia modulada Estación del Siglo y sus repetidoras, de
LT8, Cadena 100 de LT3, la FM Meridiano y la FM Montecristo. Pero
el multimedios extendió sus brazos hacia la provincia de Entre
Ríos y sumó al diario Nueva Hora, luego cerrado y a partir de
la constitución de una falsa cooperativa de trabajo se editó como
Diario Uno, a LT 39 Radio Victoria, a LT 41 Radio Gualeguaychú
y LT 15 Radio del Litoral de Concordia. Todo esto se suma al paquete
inicial ya que posee TDH (s d), el 51 por ciento de Supercanal
-en convocatoria de acreedores- y el 100 por ciento de UNO TV,
del Canal 6 de San Rafael, del Canal 7 de Mendoza y del Canal
8 de San Juan y el 30 por ciento de Radio Rivadavia, el 100 por
ciento del diario UNO de Mendoza y Radio Nihuil. Para el grupo
que encabeza Daniel Vila y José Luis Manzano, Carlos María Lagos,
Orlando Vignatti y Tomás Gluck los medios de comunicación son
un lugar más de especulación financiera, bursátil o de desvío
de dineros provenientes de diversos orígenes. Aquí surge con claridad
que en la llamada era de la comunicación, la información ha pasado
a ser una unidad económica y los medios se han convertido en apéndices
de grandes factorías que en no pocas oportunidades ni siquiera
se dedican al negocio del sector. Porque el Grupo Uno también
accedió a la concesión del estacionamiento medido de la ciudad
a través de Tránsito Mendocino, a la construcción de los refugios
para los pasajeros del transporte urbano público y a la apertura
en condiciones irregulares del restaurante Las Tinajas.
El
grupo fue sumando medios y para ello movió gente desde Mendoza.
Desde que el Uno se hizo cargo del gerenciamiento del multimedios
fueron despedidos alrededor de 350 trabajadores y hace meses que
el personal de La Capital, El Ciudadano, LT8 y LT3 resiste ataques
y embestidas de todo tipo, entre las que se cuentan la destrucción
de las propias empresas. Una mención especial merecen los despidos
de casi todo el personal del diario El Ciudadano durante el año
2000, una experiencia editorial que había ganado una ubicación
interesante en el público y en relación con la historia de otros
medios aparecidos en la ciudad. Pero el multimedios después del
ajuste eligió colocarlo en el lugar de diario de segunda, una
decisión que para nada tuvo en cuenta no sólo a sus trabajadores
sino tampoco a la necesidad informativa de la comunidad rosarina.
Desde
otro lugar de la concentración, Canal 5 de Rosario y Canal 13
de Santa Fe quedaron en manos de Telefónica y LT2 y Canal 3 de
Rosario pertenecen, por ahora, a Televisión Litoral SA. En cuanto
a las emisiones por cable que llegan a los rosarinos, dos de las
tres empresas que existen, Cablevisión y Multicanal, ya habían
sido compradas por los grupos nacionales. La tercera es Cablehogar.
NUESTRA
POSTURA ANTE EL PROYECTO DE LEY
"...Durante
mucho tiempo la comunicación fue liberadora. Desde la invención
de la escritura y la imprenta significó la difusión del saber,
del conocimiento, de las leyes y las luces de la razón, frente
a supersticiones y oscurantismos de todas clases. A partir de
ahora, imponiéndose como obligación absoluta, inundando todos
los aspectos de la vida social, política, económica y cultural,
actúa como una tiranía", Ignacio Ramonet, en "La tiranía de la
comunicación".
Por todo lo dicho, por la experiencia realizada, por la convicción
de que la concentración económica es irreconciliable con la democracia,
porque los sectores abrumadoramente mayoritarios de nuestro pueblo
y entre ellos los trabajadores de los medios de comunicación queremos
la libertad de expresión y nos comprometemos en la defensa del
derecho a la información es que manifestamos nuestra oposición
al contenido del proyecto que no sólo refuerza sino que dará validez
de ley a la concentración informativa. Estamos convencidos de
que tanto los funcionarios del Comfer como los legisladores nacionales
-no sólo quienes integran la Comisión de Comunicaciones- pueden
apelar a la creatividad que, como no puede ser de otra manera,
debe apoyarse en la convicción de que este país en crisis necesita
de la decisión política y de la vocación democrática que hagan
pensar y actuar en función de una ley de radiodifusión que, como
decíamos al principio, tenga en cuenta los intereses nacionales
y populares.
El
Comfer, en una decisión política correcta, anuló las licencias
de frecuencia modulada que el menemismo había otorgado cuando
consideró que los procesos debían revisarse y llamó nuevamente
a concurso. Pero, después de tantos años de comentarios, debates
y necesidades de una ley en la materia debemos decir que no es
ésta la que necesita nuestro pueblo. Por el contrario, como sucede
a diario en la Argentina, el Estado estará ausente, en este caso
para garantizar el derecho de los usuarios a acceder a la información
y a los medios de comunicación. No habrá organismo de control
hacia la formación monopólica porque el monopolio será consagrado
por ley. A partir de allí el desempeño de los organismos de control
como la Comisión Nacional de Radio y Televisión sólo podrán actuar
en algunas cuestiones administrativas, teóricas y generales como
hoy lo hace el Comfer y atender a un enunciado formal cuando ya
se autorizó la suma de poderes multimediáticos.
Si
esta es la ley que con el posibilismo por delante pudo imaginarse,
planteamos nuestra convicción de que el país no está para soluciones
posibilistas que, más aún, quieren vestirse con el ropaje de que
producirán cambios democráticos y profundos en beneficio de la
sociedad. Como trabajadores de prensa no podemos consentirlo y
como parte de nuestro pueblo mucho menos. Las salidas posibilistas
ya no son tolerables en el marco de una estructura económica que
agobia, que expulsa, que no permite la vida para tantos miles
de argentinos. Y este proyecto de ley, en lo que le toca, es funcional
a esa misma estructura que contribuye a reforzar.
Nos
queda el reclamo, el llamado de atención y la oposición a un proyecto
de más entrega de soberanía y derechos de los argentinos. En este
caso, en el terreno cultural, en el que con la invocación de principios
a los que adherimos profundamente o con el contenido de pactos
internacionales que aquí se olvidan, parece querer suavizarse
lo que en realidad es sumar para los monopolios. Así el acceso
a la información, el respeto por el pluralismo y la libertad de
expresión y por las realidades regionales será sólo una quimera.
Se
asume entonces, una responsabilidad histórica. La sociedad, los
trabajadores y el conjunto del pueblo resolverán en alguna oportunidad,
tal vez más cercana de lo que el complejo panorama de la Argentina
parece ofrecernos, que esta ley de radiodifusión como las otras
a través de las cuales se entregó y regaló el país, sean revisadas
y en tal caso reemplazadas por otras que nos contengan. Desde
nuestro lugar reafirmamos el compromiso de trabajar porque eso
suceda.
ALICIA
SIMEONI
Secretaria
Adjunta
Sindicato
de Prensa Rosario
Rosario,
6 de agosto de 2001
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