Nestor Bussoli, de Acorca

(no desgrabar esta el texto)

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Ricardo Brunet, delegado del Comfer en Rosario

La idea no es hacer una defensa a ultranza del proyecto –creo que no corresponde desde esta óptica- sino remarcar algunos avances que en este año y medio de gestión se han conseguido en materia de radiodifusión. No por obra de la actual gestión sino también por la participación de distintas instituciones que hacen al quehacer privado de la radiodifusión. Estado y particulares no son conceptos antagónicos, sino que deben complementarse.

Daría la impresión que la radiodifusión es un poco una isla dentro de lo que ocurre en la Nación. Si pensamos en la recesión, que el país está virtualmente parado, donde hay un clima de malestar generalizado. En materia de radiodifusión las cosas parece que fueran distintas a tal punto que hoy podemos exhibir 4 o 5 puntos importantes conseguidos por el sector público y el privado. La radiodifusión no está en recesión, está en movimiento.

Hoy tenemos elaborado un Plan de Televisión abierta que de no mediar algunos imponderables, estimamos que se va a terminar aplicando. Tenemos en ejecución un Plan de Normalización de FM: hay provincias que se han normalizado en sus zonas no conflictivas y a corto plazo comenzarán las otras. Se podrá decir que se podrá mejorar, pero existe y es positivo.

Tenemos una ley a punto de ser derogada a raíz de un proyecto consensuado con el sector privado, que tiene estado parlamentario. Es positivo que exista un importante organismo del Estado que durante muchos años se mantuvo cerrado, a espaldas de la gente y que ha comenzado a abrirse: el Comfer. Es un proceso lento, gradual.

Aquí hay un logro compartido. Por un lado una firme decisión política de parte del Estado y por otro lado una rápida respuesta de los privados. Esta convocatoria a este ciclo no fue producto de la casualidad, sino de la causalidad.

Juntos hemos hecho cosas importantes, nunca se puede hacer todo. Y el desafío que queda de aquí en más quizás sea más importante todavía.

El plan nacional de televisión abierta –está contemplado en cierta forma en el proyecto- tiene como objetivo la democratización de la información y el fomento de producción local en miras a mejorar o a crear fuentes de trabajo. El perfil de la Argentina es unitario. Desde 1853 a la fecha. Los antagonismos nos han dividido entre Buenos Aires y el interior, entre unitarios y federales y materia de radiodifusión este esquema está calcado. Es muy gráfica la cosa cuando vemos a los canales de TV abierta. El esquema es antifederal.

Sobre un estudio de 28 canales de TV abierta del interior realizado por el Comfer, el 72% de la programación es bajada literalmente de los canales porteños. Un 13% es producción local y un 15% es bajada del cable.

Esto significa menos fuentes de trabajo, menos inversión, menos acceso a la pluralidad de información local y regional. Sólo 7 ciudades tienen más de un canal de aire. Salvo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca y Mendoza, el resto ve sólo un canal de aire. Si la comunicación es un derecho humano básico, esto está muy mal y hay que modificar. Pensemos que nosotros (rosarinos) junto con las otras 6 localidades, estamos en un mismo pie de igualdad que un sanjuanino, que un riojano. Ellos tienen un solo canal. Es grave desde el punto de vista de la gente, porque la TV abierta llega al 97% de los hogares. Y es grave para los que trabajan en los medios, porque más canales significa mayores posibilidades de contratación de profesionales.


A fines de 2000 el Comfer lanza un censo de interesados. 630 en el país quieren invertir en un canal de aire local, regional o nacional. Santa Fe, con 57 interesados, es la segunda. Yo no creo que haya 630 tontos. Es para que no nos dejemos confundir con algún interés sectorial que nos puede llegar a decir: “no hay espacio para uno más”. Si hay para uno y para dos más en Rosario. En la medida que se pongan los pantalones largos, cambien las reglas de juego, se asocien con otros canales y como el proyecto de ley lo permite, obtengan una licencia regional, ocupen nuevos mercados y más publicidad. No son repetidoras, que son cables que no genera inversión ni contratación de gente.

Hace 40 años que se definió el mapa televisivo en la Argentina y el mundo ha cambiado. Pero en este tema seguimos congelados. Este proyecto se hizo escuchando la opinión de la gente. Si bien soy enemigo de las encuestas, sobre hogares con señal de aire, el 75.6% cree necesario aumentar la cantidad de canales de aire. En los lugares donde existe un solo canal, el 82.1 quiere más canales. El 79.5% de mayores de 50 años cree necesario más canales. Y 84% de un nivel medio también. Los que ocupamos un lugar en el Estado tenemos que escuchar y aceptar lo que dice la gente.

Pensemos en el interior, en la gente que hoy prende la tele y tiene un solo mensaje que generalmente se condice con el del señor gobernador de turno en la provincia que corresponde. Démosle la posibilidad de que puedan tener dos o tres mensajes por un servicio básico, universal y gratuito. Es obligación del Estado fomentar la instalación de canales de aire. No son incompatibles con los circuitos cerrados a los que tienen acceso quienes económicamente pueden.

El proyecto puede ser modificado y mejorado. El objetivo es que escuchen un poco ustedes algunas verdades de este tema de la TV abierta que por lo general no salen en los medios. No pensemos sectorialmente.

Me parece importante referir a un aspecto puntual del proyecto que es la filosofía. No perder de vista que en la ley que nos rige fue concebida bajo la doctrina de la seguridad nacional. El Estado era quien debía poseer la información. Con este proyecto, se cambia la filosofía. Ya lo información no es una cuestión de Estado. Si se entiende esto puede ser mejorado, se pueden quitar o agregar artículos.

Esta no es una ley de escritorio. Este proyecto fue consensuado con actores sociales vinculados. Hay elementos en lo macro importantes que nos hacen sentir felices de haber avanzado y con mucha fuerza para seguir adelante y mejorar todo lo mucho que falta mejorar. Y es un logro compartido. El camino también es de responsabilidad compartida. Sepámoslo transitar para que la radiodifusión, lejos de caer en recesión siga estando en movimiento.

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Lic. Alejandro Gimbatti, gerente comercial de Televisión Litoral SA

Quisiera referirme puntualmente sobre el financiamiento de la radiodifusión privada en el interior. Nuestro grupo, que opera un canal de TV abierta y una AM y una FM y que es independiente. Es cierto que compramos programación a Canal Azul y el 13. La realidad es que estos también comprar a productoras de Buenos Aires los grandes éxitos.

Tenemos una producción periodística independiente, seria, con mucho trabajo en investigación y presencia de editorialistas. Eso hay que financiarlo con la venta de publicidad. Los medios de Buenos Aires tienen dos ingresos que nosotros no tenemos. Uno es por la venta de la programación y el otro es por la publicidad no tradicional, los famosos chivos, donde los canales cobran por todo el interior sin pagarle nada al interior. La realidad es que los programas que vienen con ese agregado son cobrados en Buenos Aires a precios de cadena y los del interior no reciben nada. Lo preocupante es que está creciendo muchísimo.

Hace 20 años que estoy en este negocio. Hace 20 años era jefe de ventas de canal 3 y conocí un mercado muy distinto del que estoy viviendo hoy. Hace 20 años había más publicidad local que nacional. En el proceso de concentración, las empresas locales dejaron de existir y las que no dejaron de existir –salvo honrosas excepciones- fueron vendidas a grandes empresas nacionales e internacionales. Los medios locales tienen como única alternativa de sobrevivir siendo independiente es teniendo acceso a los grandes anunciantes.

En realidad siempre hay gobiernos que pueden hacer publicidad para callar algunas voces. La preocupación es saber, si se cierra el acceso de los medios locales y regionales al gran mercado nacional –que además está cayendo la inversión en TV porque las promociones se llevan el presupuesto al igual que la TV por cable- cómo se va a financiar los canales regionales si pierden este acceso a los grandes. Para los que estamos frente a los publicitarios sabemos que es difícil que haya prensa independiente si no hay financiamiento que no la condicione. Y sin financiamiento no hay fuentes de trabajo locales y la experiencia es que si esto no existe, es difícil que se desarrolle y se avance.

La pluralidad es buena pero con control.

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Dr. Marcelo García, miembro del directorio de INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social)

Es saludable que esta ley se pueda sancionar cuanto antes. Todos sentimos una especie de vergüenza de estar regidos por una norma de la dictadura y después de mucho tiempo de funcionamiento democrático, no podemos estar con esta ley. Ha habido cambios tecnológicos en el mercado de la comunicación que hacen necesaria la adecuación de esta ley.

El PEN ha querido impulsar a las cooperativas porque creemos que después de un fuerte período de concentración económica por un lado y de gran exclusión social por el otro es necesario apoyar aquellas actividades integran a personas, generan inversiones genuinas, capitales nacionales y defienden a pequeños productores de empresas de servicios públicos, cooperativas de trabajo, etc.

La idea de fortalecer el sector cooperativo tiene que ver con el de que se puedan juntar y autogestinar pequeños productores para poder dar servicio o autoabastecerse en sus necesidades. Creemos es muy difícil que se pueda ser competitivo dos productores individualmente porque se necesita capital, conocimientos, volúmenes, producción en escala. Esta idea de introducir el asociativismo y la cooperación es lo que el instituto trata de promocionar y apoyar.

En cuanto a las cuestiones generales de la ley, aparte de ser auspicioso en sí mismo este proyecto, creemos que también lo son todos los esfuerzos que se han hecho para consensuar en medio de fuertes presiones en juego de posiciones dominantes, de amenazas y de oportunidades.

También es muy difícil determinar premios y castigos porque por un lado se necesita abrir más la competencia, hacer un mercado más transparente. Pero por otro lado también es necesario resguardar a aquellos que vienen en el sector trabajando, haciendo inversiones cuando eran un riesgo y estábamos acostumbrados a una sola señal que era la de aire. Para aquellos pioneros que arriesgaron capital, trabajo y que con distinta suerte hoy están todavía proveyendo este servicio.

Y combinar el fortalecimiento a los que ya están en la actividad con la apertura de las nuevas oportunidades con las limitaciones que se tiene. Porque en la ley se pueden tener todas las posibilidades de ingreso a un mercado infinito, pero en el terreno de los hechos, el dinero, la publicidad, los oyentes, no son infinitos.

Es decir que hacer sostenible un mercado y por otro lado hacerlo compatible a las necesidades del mercado con un derecho que tienen todas las personas de tener acceso a toda la información posible.

En este sentido, y de la discusión que hemos tenido con las cooperativas que regulamos y a la vez promocionamos, vemos auspicioso la integración de estas cuando antes estaban limitadas. Hoy no la tienen en principio. Y esto es un avance democratizador en cuanto a la posibilidad de participación.

También se avanza en cuanto al derecho a la información, a la ampliación de nuevas señales de aire, en cuanto al régimen de concursos. Quisiéramos que se avance más para que este sistema de otorgar licencias sea ágil y efectivo. Porque se encuentra la necesidad de reglamentar y controlar, de ser preciso y equitativo posible. Y los avances de un Estado cuando en los excesos de reglamentarismo y desregulación también se pueda entrometer la libre iniciativa privada. Los que estamos en organismos de control del Estado tenemos que hacer un control institucional de ilegalidad y racionabilidad. Y no introducirnos en la gestión de los negocios de los privados, sino dejar trabajar con fines útiles, asociarse, etc. y que sólo cuando se lesione algún derecho, pueda actuar el Estado reparando esa lesión. Pero no de antemano tomando tantas prevenciones porque es muy difícil prever desde la reglamentación de una ley toda la tendencia general que la evolución de los negocios y del proceso productivo de radiodifusión que se pueda tener en el futuro.

Las buenas leyes son las que tienen pocos artículos. El exceso de reglamentarismo puede llevar a una suerte de confusión y que no haya seguridad jurídica y puede haber una serie de pleitos que todas las buenas intenciones plasmadas en la ley luego en la práctica no puedan realizarse.

En estos principios generales, los esfuerzos son en un tono democratizador, de buscar ir en contra de la concentración de los medios, en asegurar el derecho a la información. Está bien cuando se dice que es un bien social y cuando se dice que es un bien público estatal. La radiodifusión ya no es algo que pertenece al Estado, sino que es un bien de la sociedad y en cuanto a las atribuciones que tiene el Estado, son referidas a ella en tanto y en cuanto sean un bien público.

Respecto de las cooperativas, en el artículo 26 se ha dado una discusión, con las que prestan servicios públicos. Creemos que tratar de establecer una cuestión en relación con los servicios monopólicos en este artículo –aparte intenta atrapar diversas situaciones en un solo enunciado- da lugar a confusión. Porque cuando se habla de distribución propia no se aclara qué tipo de servicios, lo que da lugar a que haya discriminación. Este artículo se lo hizo pensando en otros tipos de servidores monopólicos y que tienen que ver con el proceso de privatizaciones en donde quedaron concentrados.

Creemos que establece con más precisión tanto desde el punto de vista jurídico como político, la ley de defensa de la competencia. Si pudiéramos remitir a esta ley cuestiones de monopolio, sería más claro desde la técnica legislativa y de distintos problemas particulares que se puedan zanjar a la justicia. Fue una de las pocas leyes que fue logro de la democracia y en donde todos los partidos se pusieron de acuerdo en su articulado.

Debemos tratar de converger los esfuerzos. Y tratar de identificar claramente dónde está el problema que son los sectores más poderosos concentrados de la economía, que tienen grandes inversiones y que ponen en situación de competencia difícil a otros prestadores, a aquellos que producen y diagraman su actividad en un sentido muy unitario y concentrador.

Debemos proteger a los que ya están brindando el servicio y dan una dura pelea para llevar adelante los emprendimientos en momentos difíciles. Y tratar de poner la mayor cantidad de nuevos jugadores dentro de la escena pero con reglas que respeten los derechos que han ganado los que hace bastante prestan el servicio. El INAE estamos mediando en esta acción, saludamos al Comfer porque no hay una discriminación directa y tratamos de que se regule en forma más precisa en el caso de que haya actividades monopólicas y se pueda saber de antemano y no pueda ser una fuente futura de conflicto para tratar de determinar en qué caso esto sucede.

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SEGUNDA MESA

 

Damián Loretti

En la Cámara de Diputados ya hay texto como hasta el artículo 20 y pico supuestamente consensuado por los asesores. Es bastante distinto del proyecto. Distingo también del anteproyecto, porque lo que se presentó en la Casa de Gobierno no fue lo que llegó al Congreso. En el medio se cayeron 10 artículos que tienen que ver con el destino de la radiodifusión en el interior, que es la regulación de las redes y las licencias nacionales.

Voy a tratar de darles algunas observaciones para que el 6 de agosto en la audiencia pública, le puedan hacer saber a los funcionarios y diputados que la ley de radiodifusión no es un embudo, no es un ombligo, no resuelve todo por si misma. No alcanza para todos y que no puede estar ajena al resto de la legislación y al de los tratados internacionales que valen más que la ley.

Se discutió si una ley tenía que ser reglamentarista o con pocos artículos. El conde de Barcelona, antes de Franco, decía: “Que otros hagan la ley, que yo hago los reglamentos”. Y es más fácil que los poderosos le hagan lobby a uno sólo en Buenos Aires, que hacerlo en las provincias cuando los diputados vienen los fines de semana a discutir con ustedes.

El código administrativo de Estados Unidos, en su parte de radiodifusión, es cuatro veces más larga que este proyecto. Lo mismo pasa en Canadá, que tiene más de 200 artículos. La Unión Europea le destina sólo a la TV 70 artículos. Ojo con el cuento de las leyes tienen que tener pocos artículos, porque la reglamentación no la discutimos nosotros generalmente.

En mi posgrado de derecho de las Comunicaciones en la UBA, un profesor me dijo: Cuando se reguló el derecho de propiedad en el código civil, nadie discutió el tamaño del ladrillo. Porque lo que se discute en las leyes son derechos, no tecnicalidades.

Y lo que hay que prever es que la tecnología sea neutral a esos principios que se fijan en la ley. Lo que hay que discutir es cuáles son los derechos de alguien que hoy tiene un canal de televisión cuando le den el canal adyacente y va tener 6 frecuencias para explotar y no con una. ¿Se va a quedar con la que tiene hasta que se haga la migración a 20 años de TV analógica a digital?

Lo que hay que discutir es el principio, no el crecimiento exponencial de la tecnología. Porque sino la ley siempre queda atrás. EE.UU. tardó desde el 34 hasta el 96 cambiar su ley de telecomunicaciones. Pero los principios estaban claros: libertad de información y desmonopolización y (algo que no estoy tan de acuerdo) comercio interestatal. Si los gringos se bancaron 62 años de ley, el problema de la ley nuestra de la dictadura no es que sea vieja, es lo que tiene adentro.

Además de la discusión que llevan los radiodifusores sobre la ley, están las discusiones de los de la telecomunicaciones. Y ahí viene el tema de la convergencia, donde todo pasa por el caño de la fibra óptica y allá vamos. Y pasaban las señales, y es todo lo mismo porque son bits. Mentira, el mundo no está funcionando en la línea de la ley de la convergencia.

Si en el proyecto dice radio y televisión sobre cualquier soporte. Ojo con eso porque cualquiera que tenga una página web va a quedar entrampado en que televisión forma parte del género telecomunicaciones como especie. La ley define a la televisión como el transporte de imágenes en movimiento y objetos fijos o movibles. Y una página de Internet es eso. Ojo con la definición de TV en la ley porque el que tenga una página de su radio va a tener que ir al Comfer a sacar otra licencia. Ojo con la convergencia porque no somos los dueños de los caños.

Tampoco se manejan de la mano con la convergencia las leyes de propiedad intelectual como si fuera todos granos adentro de un camión por una autopista, que es el ejemplo de los bits dentro de la fibra óptica. Si los dueños de los derechos de la televisación del mundial 2002 van a admitir transformar en bits para que pase por cualquier lado, en el marco de la convergencia, los derechos de exhibición del fútbol.

La radiodifusión es un soporte especial del ejercicio de la libertad de expresión. Ni más ni menos que eso. Uno no tiene menos libertad de expresión porque lo haga por Internet, o por una onda hertziana o en papel. El pacto de San José de Costa Rica tiene sentados dos principios de generalidad y uno de universalidad. El primero de universalidad es el sujeto. Toda persona es jurídica o física, nadie puede quedar excluido. Más aún, los que no tienen derechos políticos también tienen derecho a la información, presos y dementes.

2º principio: el derecho de recibir y emitir opiniones es por cualquier medio. Nada queda excluido. La universalidad sólo cede en el mensaje, cuando la propia convención dice que están prohibidos, como la apología del odio nacional, religioso, racial, etc.

La Unesco tiene aprobado una recomendación que es ley en el país sobre la condición social del artista. Hay normas sobre el o abuso del trabajo en razón de la tecnología. Acá empieza el tema de la licencia nacional, porque vamos a ir cruzándolas con la ley de radiodifusión.

Hoy los actores tienen el derecho de segunda pasada. También lo tienen los músicos. Tienen derecho a que se le paguen las repeticiones y eso tiene que ver con la difusión al interior o al exterior del país.

La licencia nacional lo que va impedir es esto. Se acabó el área de cobertura primaria para algunos porque van a tener todo el país. Y si no llegan con la propia van a llegar con la de otro.

La convención universal de derechos del niño marca claramente principios de pluralismo de fuentes y de calidades para los medios. Es una obligación del Estado: mentira que los estados no tienen porqué poner pautas sobre contenidos en las leyes: tienen mandatos internacionales para hacerlo.

Las frecuencias radioeléctricas están definidas en el decreto 764 de apertura de las telecomunicaciones del año pasado como recurso natural. La Constitución le da el dominio originario de los recursos naturales a las provincias.

En el anteproyecto que presentó el Comfer a los sectores interesados, lo único que tenían las provincias es la promoción del premio a la producción del interior, que era algo así como estatizar el Santa Clara de Asís. El art. 32 de la CN dice que el Congreso Federal no legisla en materia de libertad de imprenta y establece sobre ella la jurisdicción federal. Si esto es libertad de expresión, tenemos un problema porque estamos pasando por arriba el 124 y el 32.

En este mismo marco hay una opinión consultiva de la Corte interamericana que es de cumplimiento obligatorio, respecto de la no discriminación y el establecimiento de monopolios en el derecho de acceso a la información. Vale más que una sentencia de la Corte.


El diario NYT, a propósito de la TV digital en los EE.UU. dice: Si los canales de televisión no van a pagar comprando el espectro –allí ocurre- y hoy tienen un canal y pronto van a tener 7 (un analógico más 6 digitales) uno de ellos debe servir al interés comunitario, público y social. Mentira que ni en EE.UU. no se regulan los contenidos.

Está bien que se democratice el espectro de VHF y UHF porque lo han loteado. Han establecidos codificados en lugares del espectro en donde en otras partes del mundo, hay canales de TV abierta. Si uno va a México, está el canal 22 educativo. Acá el 22 viene codificado. Está bien deslotear porque han vendido el cielo.

Están terminando el plan de FM. Hay una notoria revisión de ciertos encorsetamientos que hubo a partir del 310. Los peores pronósticos del 310 se cumplieron. Ahora lo que no entiendo es por qué si están desalambrando todo quieren hacer concursos de cables. No ocupa espectro. Por qué concentran el acceso al cable?

Desaparecieron 10 artículos que son la defensa de las señales locales, la publicidad, el periodismo local y aquello que permite que no entre todo por un tubo en Buenos Aires y baje por repetidoras en el interior. Me parece que ni el propio Comfer está convencido de si hay que regular las redes.

Advertencia seria: el anteproyecto tiene un capítulo sobre penalización. Y dice “cuando no se funcione de acuerdo con los parámetros autorizados”. Salvo los que tienen licencia, los demás tienen parámetros declarados. Ni siquiera las radios asignadas por decreto tienen todos los parámetros autorizados, porque lo que tienen son autorizaciones y no licencias. Ojo que si sale esto y se empieza a aplicar antes de terminar el plan de normalización con emisoras categorizadas y parámetros autorizados nos vamos a meter en un lío.

Hay una comisión revisora de sanciones integrada por los sancionados, que son las cámaras empresarias. Ni el representante del usuario va a estar ahí, con lo cual es pedirle al zorro que cuide las gallinas.

En Canadá, para proteger sus espacios audiovisuales, no se puede desgravar de ganancias la publicidad colocada en señales extranjeras.

La inclusión del multimedios no está mal. Hay países donde el multimedios del Estado está metido dentro de la ley de radiodifusión. Lo que está mal es haber metido a Télam. Porque no hay experiencias comparadas en el universo legislativo que hayan metido la agencia del Estado con el multimedios. Esto le quita independencia a ambos. Si bien tiene aspectos destacados como la reconducción de la pauta publicitaria, eso permite que tengan recursos genuinos.

No está mal que se registren las señales extranjeras que se venden en el país. Porque de hecho hoy si uno tiene que pagar, lo hace con una transferencia y eso no tributa en la Argentina y se explota acá. Ni siquiera están anotados como sucursales de empresas extranjeras. Y si no vayan a vender una señal argentina a los Estados Unidos.

Peleen para que no se arregle todo en Buenos Aires y se caigan los artículos.       

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Arquitecto Hugo Storero, subsecretario de Cultura y medios de la Nación

Voy a dirigir una mirada desde el lugar que ocupo. Esto ha sido desarrollado desde el área de medios. Darío Lopérfido se ha responsabilizado particularmente del sector de medios del Estado y con la participación de las autoridades del Comfer.

Para que este proyecto de ley se dirija en sintonía con un proyecto cultural, nos parece apropiado que esto se logre desde lo que significan los medios, una ley que los ordene y cómo puede volcarse instrumentalmente para la construcción de eso que siempre es ambiguo y heterogéneo, que es lograr una cultura como país. Una cultura que siempre vamos a perseguir de manera nunca rígida, errática, dinámica, cambiante.

A su vez también mirado desde una perspectiva que defienda cuestiones que hoy son fuertemente avasalladas, distorsionadas por la presencia de un modelo de cultura homogénea que pareciera no tener límites, que de la mano de la revolución científico-tecnológica, viene suprimiendo y ocultando a buena parte de las tradiciones y raíces que generaron un formato identificable.

Cuesta mucho no cruzar el puente y no caer del otro lado que es el que nos lleva a la defensa irracional de lo propio como manera de reinvindicar miradas nacionalistas que no es lo que defendemos. Pero sí me parece apropiado cuando se mira desde un proyecto con amplitud de criterio que existen fisonomías y formatos que tienen que ver con lo regional y se deben defender desde una postura de Estado. Trabajamos desde Cultura para que no se pierdan nuestros valores que tienen que ver con las músicas, las artesanías, la historia encerrada en los museos, con el cine, con el teatro.

En particular de este proyecto nos interesan dos cuestiones que es el cine y qué es la música. El abandono nos va llevando a que el cine nacional –muy vapuleado y desprotegido sobre lo que fue una industria importante en la vida nacional- encontrara a través de sus realizadores, a un estado desertor, distante. Nos ha preocupado buena parte de este tramo de gestión donde nos parece que el cine nacional han encontrado que comenzaba nuevamente el Estado a acompañarlos, a difundir sus proyectos y a insertarlos como mucha más presencia dentro del mundo. Por eso es que durante 2000 se ha tratado de achicar la brecha de deuda del INCAA y a promovido a que el público volviera a las salas, que el cine nacional creciera que su propuesta sea premiada en escenarios internacionales. Y lo que más alienta es que buena parte de esos premios se trata de óperas primas. Es confiar en nuestros jóvenes y el proyecto va incidir en su defensa cuando habla de la cuota de pantalla. Nos parece atinado que un proyecto de ley se ocupe de esta temática y de la música nacional.

Aquí también el proyecto de ley va a incidir y va fomentar que existan circuitos apropiados, a través de esta regulación del Estado, para que tanto música como cine encuentren canales adecuados. Es allí desde donde intento generar una defensa de la ley y a su vez también del mecanismo elegido de audiencias públicas. Es un itinerario que va a ser seguramente muy trajinado y debatido, pero muy apropiado porque son múltiples las formas de interpretar el proyecto de ley y las tensiones que en principio el mismo alberga.

Sabemos por sus autores, que hay un principio instalado de flexibilidad y elasticidad. Estoy seguro que lo que aquí se diga y se debata, va siendo incorporado como mecanismo parlamentario en el debate. Es bueno incorporar esas voces que muchas veces no logran insertarse, participar y protagonizar las leyes fundamentales para el país.

(se refiere a la ley de mecenazgo) Estamos en la víspera de su aprobación porque transitó los mismos territorios que el de radiodifusión. Fue a audiencia pública, fue a diversos circuitos y tuvo un debate muy ampliado a nivel país. El último modelo incorporó los matices apreciados a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Por eso se permitió ya atravesar tres comisiones de Diputados (tiene media sanción) y dos de Senadores.

Una nueva ley de radiodifusión va a generar el cauce para que se pueda incorporar diversas cuestiones y apreciaciones y llegar a un buen resultado. Una ley es el mejor mecanismo para que con su práctica cotidiana pueda ir adquiriendo los ribetes y las modificaciones del caso, pero colocar sobre la mesa una ley es atinado.

Estamos confiados en que este mecanismo de la democracia es el más apropiado. También en que cuestiones que defendemos desde otros espacios se hayan incorporado. Si los medios tienen un sistema normativo de alguna manera contenga, proteja, genere una administración adecuada para que no exista una anarquía que nos moleste y perturba. Debe existir un marco legal lo más claro y preciso posible en donde podemos desempeñarnos, aproximar nuestras propuestas y crecer en democracia. Ese es el sentido de la ley. Cuanto más y mejor discutamos seguramente lograremos que la ley tenga los principios de consenso que una normativa de este tipo debe obtener.

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Aníbal Fracendini, abogado especialista en defensa del usuario

Somos una ONG que se llama Asamblea por los derechos sociales. Y nuestra óptica es desde este tercer sector entre el Estado y las empresas privadas. No solamente planteamos la defensa del usuario, pero lo enmarcamos en una categoría jurídica mucho más importante que hablar de usuarios y consumidores. La persona, más allá del presupuesto económico si lo tiene o no para ser consumidor, es un ciudadano que tiene derechos y sobre ellos también hablamos.

Como tercer sector apuntamos a todo aquello que haga elevar el nivel de calidad de vida, de desarrollo humano, de conocimiento, etc. Consideramos la necesidad de fortalecer al tercer sector porque dentro del derecho a recibir una información plural, democrática, veraz e íntegra, las radios comunitarias cumplan un rol importante. Estas no son tan vulnerables, a las reglas del mercado o a las pautas publicitarias.

Creemos que el proyecto de ley ha sido un avance para la ciudadanía y es positivo porque incorpora al usuario, al ciudadano. Lo vive como algo privado, es un objeto comunicacional pero no un sujeto de la información y con derecho a ser escuchado. Es cuasi pasivo.

También hay que decir que es insuficiente. Porque tomó de los entes reguladores que hay en el país lo peor. Acá hay dos, el Enargas y el Enre. Las ONG no están incorporadas en ningún ente regulador.

La Conarte crea la defensoría del usuario, que es un órgano subsumido. Esto implica la gran debilidad institucional que tiene. Tampoco hay un reglamento del ciudadano, no se especifican procedimientos ni procesos recusivos. Menos hablar de una acción expedita, rápida para el ciudadano. Deja mucho por desear. Yo lo rescato por lo progresista, pero queda tan a mitad de camino, que el esfuerzo que hago para rescatarlo es muy grande. Al ciudadano no le va a servir esa defensoría del usuario. No están los ciudadanos con carácter vinculante u obligatorio.

Creemos convencidos que es evidente la necesidad de que se haga un ente regulador autónomo y autárquico, con propio presupuesto y que se pueda dictar sus propias normas. También creemos la necesidad que venimos pregonando históricamente desde las ONG de que las audiencias sean vinculantes, obligatorias. No prevén que los ciudadanos puedan participar de los entes reguladores.

Hay que construir ciudadanía. Pero no sólo alcanza con crear espacios de debate, sino también espacios de resolución, que sean ejecutivos y de democracia directa. Porque el ciudadano que asiste y ve que luego de varias horas de debate, los responsables ejecutivos no los tienen en cuenta, produce un efecto contrario que es el de la no participación.

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Vuelve Loretti antes de las preguntas

Lo que la ley no tiene es la legitimación activa de cada persona para reclamar ante la justicia. El defensor no alcanza por razones elementales. Es impensable que cualquier organismo público se haga cargo de 4000 FM, 1500 cables, 150 televisoras. Lo que hay que lograr en un proyecto es la desconcentración del poder de policía para que cada uno de nosotros tengamos la facultad de ir a la justicia a reclamar cuando un medio no cumple.

En La Plata había un canal de TV. El canal se levantó y se fue a Buenos Aires. Dijeron: “Nuestro estudio es el mundo”. Y tenían un pliego de adjudicación del canal en La Plata. Y el intendente de la ciudad, para que le hicieran un reportaje, se tenía que ir a Palermo. Lo que costó legitimar a los trabajadores del medio para reclamar la devolución del canal a la ciudad, fue una cruzada que tuvimos que entrar por la paritaria, no por el derecho a la

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PREGUNTAS

Loretti sobre por qué no hay especificaciones hacia los profesionales de los medios contestó: COTSIMECOS, por planteo de la sociedad argentina de locutores, presentó ante el Comfer un reclamo puntual por ese tema. No está el control de registro de los profesionales matriculados. Para los periodistas es distinto porque no se exige titulación para ejercer la profesión.

A Loretti, de Fecotel: le parece que vamos a tener ley o va para más adelante. Es conveniente que se apruebe rápido o que se siga discutiendo hasta consensuar la mayoría.

Sería bueno exigirles a los candidatos desde ahora, qué piensan de los medios y comprometerlos. En la comisión de comunicaciones quedan las principales cabezas. Ahí no hay una satisfacción plena con este proyecto. Les cuenta entender de qué se trata la administración de espectro y el tema de la convergencia.

Esta ley es mucho mejor que los proyectos que andaban dando vueltas en los 90, muy discriminatorios. Porque a los que dejaban entrar, que estaban afuera de ley Videla, los dejaban pero en un corralito: mínima potencia, sin publicidad y contenidos ligados a la principal actividad desarrollada.

Hay que cambiar la ley porque si en algún momento quieren aplicar la 22285, no va haber juzgado que resista.

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