Septiembre de 1997 -----•----- Año 2, Nº 22

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LIMITARA TENDENCIAS MONOPOLICAS
Diputados acuerdan en comisión la ley de radio y TV del justicialismo

Ya tiene dictamen de mayoría el proyecto de "Ley de radio y televisión" presentado por el diputado justicialista Juan Valcárcel. La única modificación sufrida es la exclusión del Capítulo XIV referido a la normalización de las FM, tema que tiene tratamiento aparte.

Sólo falta que el radicalismo y el Frepaso se expidan y presenten un dictamen de minoría. Entonces el proyecto de ley se tratará en el recinto de Diputados, lo que probablemente ocurrirá los primeros días de octubre.

Esta ley arroja un poco más de luz sobre algunos puntos que la 22.285/80 dejaba de lado o sólo dejaba entrever.

La ley de Valcárcel limita la participación de determinado tipo de empresas. Por ejemplo, las compañías prestadoras de servicios telefónicos básicos no podrán ser titulares o accionistas de licenciatarios de radiodifusión. Asimismo, quienes tengan permiso para emitir, no podrán tener vinculación societaria con empresas periodísticas o de radiodifusión de origen extranjero, con excepción de aquellos incluidos en acuerdos internacionales previamente firmados por nuestro país. Salvando lo dictaminado por estos acuerdos, la sociedad licenciataria podrá estar compuesta por un 30 por ciento como máximo de capital foráneo. Esta podrá hacerse efectiva sólo después de haber transcurrido cinco años desde la promulgación de la norma a tratarse, y si existe reciprocidad en el país de origen de los socios capitalistas.

Con respecto al pago de impuestos, la ley exime a los titulares de licencias de todo impuesto o gravamen nacional o internacional, con excepción de lo referido a impuestos a las ganancias y la tasa por el control y la verificación de la ley.

Rol del Estado

En otro orden de cosas, la ley señala que el espectro radioeléctrico, como medio esencial para el ejercicio de la radio y televisión, será administrado con carácter exclusivo por el Estado nacional. Esto se contradice con la reciente adjudicación a la empresa francesa Thomson para hacer efectiva la misma tarea. Esto reafirma la función del Estado como planificador y controlador del ámbito de las comunicaciones argentinas.

Por otra parte, se autoriza a un mismo licenciatario a operar en todo el país sólo hasta cuatro emisoras en cada una de las modalidades conocidas, con lo cual se pretende limitar la concentración de propiedad.

Se pretende, además, favorecer la integración cultural del país y promover la producción de programación local, para que no se pierda la identidad regional. Motivo por el cual las estaciones afiliadas a una red deberán tener un mínimo del 50 por ciento de su programación no vinculada a la red a la que pertenezca. Deberán también disponer de noventa minutos de su horario central para transmitir ciclos destinados a la población de la zona.

Está previsto en la reglamentación el diseño y puesta en marcha de un Plan Nacional de Radiodifusión. Se ratifica al COMFER como autoridad de aplicación, y se establecen, en un capítulo aparte, las normas específicas que deberán cumplir los sistemas de televisión por cable.

El diputado justicialista previó un espacio para las emisoras educativas; éstas podrán ser operadas por establecimientos educacionales públicos o privados en las distintas modalidades de la emisión, con una programación dedicada a la enseñanza sistemática y sin publicidad comercial. También se obliga a las emisoras estatales a transmitir ciclos de esas características.

Fundamentando los distintos artículos de la ley que presenta para ser tratada, Valcárcel señala que "al enviar el presente proyecto de ley se intenta reordenar por su intermedio una actividad profundamente anarquizada por décadas de autoritarismo, arbitrariedades y malas prácticas comerciales; si a ello le sumamos la veloz transformación tecnológica a que está sometida esta actividad, vemos la necesidad de una paulatina y constante actualización de las normas legales". Por ello se prevé la revisión automática de la ley dentro de los tres años de su sanción.Es por este motivo, entre otros, que tras catorce años de quietud legislativa el diputado decidió esbozar un proyecto de ley de radio y televisión que se adecue a la realidad nacional en materia de radiodifusión.