La dirección de investigaciones de la Oficina Anticorrupción presentó a la Justicia una denuncia contra el ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, por la presunta omisión o retardo en la concreción de actos oficiales, una figura penal que no es excarcelable. El pedido de declaración indagatoria es porque el actual intendente de Córdoba no evaluó ni controló la recaudación que obtuvieron las empresas telefónicas fruto del polémico rebalanceo tarifario, las que serían muy superiores a lo que establecía el decreto de funcionamiento. La modificación en las tarifas fue fundado en 1997 con la idea de corregir la “inequitativa distorsión” entre las tarifas del AMBA (Area Metropolitana Buenos Aires) y el interior. Se rebajaban las llamadas de larga distancia, pero se subía el costo de las comunicaciones locales. Esta nueva estructura, además de haber generado críticas en su momento por parte de asociaciones de consumidores, legisladores y hasta el propio Gobierno de la Ciudad (en manos del oficialismo), necesitaba un control imperioso de los

resultados. Y Kammerath no los determinó hasta días antes de abandonar su mandato, en julio de 1999, luego de dos años de silencio absoluto. Las mediciones nunca existieron El decreto 92/97 estableció las mediciones que debían realizarse luego de la puesta en vigencia del nuevo régimen tarifario. Como éstas debían ser semestrales, se suponía que a comienzos de 1999, el Estado tendría en sus manos al menos cuatro relevamientos definitivos. Pero eso no ocurrió y por lo tanto nadie dispuso cuál era el reajuste tarifario correspondiente. Sólo se encontró un pedido de informes provisorio que nunca fue ratificado. “El perjuicio causado por las omisiones de Kammerath –dice el informe de Anticorrupción- es innegable: en atención a los resultados que iban dando las mediciones, las evaluaciones tenían que dar lugar a rebajas adicionales en beneficio de los usuarios. Estas rebajas nunca han tenido lugar”. Al parecer, en esos dos años, la secretaría de Comunicaciones sólo atinó a recibir informaciones de las licenciatarias que ni siquiera eran completas. “No es casual –continúa la explicación- que frente a un tan cuestionado e impopular rebalanceo tarifario, las autoridades hubieran negligentemente olvidado efectuar evaluaciones o controlar la información”. Para la Oficina, las omisiones fueron consecuencia de una deliberada decisión de no actuar. En realidad, la única estimación en materia de ingresos recién llegó el 1° de diciembre de 1999, días antes del final del menemismo en el poder. Según se desprende de las disposiciones redactadas en la resolución que reglamentaba las mediciones, si los ingresos de las empresas eran superiores a los previstos, la secretaría de Comunicaciones debía autorizar que ese excedente sea utilizado para bajar tarifas. Y en caso de que fueran menores a lo estipulado, el organismo podía disponer la compensación por las pérdidas y hasta permitir el incremento en los abonos mensuales siempre y cuando no sobrepasen los 35 pulsos a partir del primer año de publicación del decreto. Los resultados de fines de 1999 dijeron que deberían haberse registrado rebajas adicionales, puesto que se comprobó el primer punto: las empresas telefónicas facturaron más de lo previsto. Sin embargo, la investigación que encaró Anticorrupción comandada por Carlos Garrido, también destacó que, “a pesar del extenso tiempo transcurrido, tampoco las actuales au-toridades (Henoch Aguiar) han adoptado ajustes tarifarios” derivados de los resultados obtenidos. Involucrado Germán Kamerath, que detentó la secretaría de Comunicaciones desde el 7 de julio de 1996 hasta el 7 de julio de 1999 también fue investigado por la Oficina Anticorrupción por haber dejado caos en el espectro y beneficiar a familiares. Fue por una investigación que realizaron el año pasado los diputados frepasistas Graciela Ocaña, Irma Parentella y Atilio Tazzioli. Ahora, la dirección dependiente del ministerio de Justicia y Derechos Humanos pide la declaración indagatoria del ex funcionario porque lo encuentra involucrado en los hechos denunciados. En este sentido, se cree que el hecho de haber suscripto, a dos días de irse del Gobierno, una resolución para aprobar provisionalmente los resultados, no lo exime en absoluto de responsabilidad alguna. Y es sobre esta base donde se apoya el pedido de indagatoria urgente, “a efectos de evitar una posible prescripción de la acción penal”. Pero para Anticorrupción, el curso de la prescripción debe correr a partir del cese de funciones de Kammerath, por lo que se descuenta que seguirá vigente un tiempo más.

En una nueva audiencia pública, las empresas de telecomunicaciones propusieron frente a la Comisión de Comunicaciones del Senado, presidida por Eduardo Angeloz, que el impuesto por el uso del espacio público que les quieren cobrar los municipios pueda deducirse del impuesto al valor agregado. Durante la reunión, los representantes de Telefónica, Telecom y la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra) discutieron principalmente sobre si ese impuesto podrá trasladarse o no a las tarifas que pagan los usuarios. De acuerdo con el artículo 39 de la ley de telecomunicaciones sancionada en 1972, el sector no paga el impuesto municipal por el uso del espacio público. Fernández Prida, director de Telefónica explicó en su alocución: “De permitirse la traslación y el

consecuente aumento de las tarifas, no va a ser gratis para ninguno de los sectores, ni para el público ni el privado. La morosidad que tienen los servicios públicos y en particular el de la telefonía es elevadísima. Los quebrantos producto de la incobrabilidad son incontables. El aumento del precio del servicio va a producir menor recaudación tributaria, una baja de inversiones y más desocupación”. Y agregó que “de acuerdo a los datos que figuran en el ejercicio que cerró en septiembrede 2000, Telefónica pagó 1200 millones de pesos sobre un total de ingresos de 3200 millones. Por cada 100 pesos que factura la empresa, 37 va al sector público en cualquiera de los estados, ya sean municipales, provinciales o nacionales.” Por su parte, el Dr. Grippo, Director de Asuntos Legales, se refirió a la situación de los municipios con un caso puntual: “la Municipalidad de Corrientes modificó la tasa de Seguridad e Higiene de 500 pesos mensuales a 42.500 pesos, lo que confirma que los recursos ya los obtuvieron de otros lados”. Amenazas En mayo, los Diputados dieron en forma unánime, media sanción a la modificación del artículo en discordia, que habilita a los municipios a cobrar, pero especificando que las telefónicas no podrán trasladar este impuesto a las tarifas. Según el contrato de transferencia de la ex Entel, toda variación en la carga impositiva deberá ser trasladada a las tarifas para preservar la rentabilidad de las empresas. Frente a esta situación, las empresas de telefonía amenazan con acudir tanto a los tribunales argentinos como internacionales. Luis Perazo, presidente de Cicomra, aclaró que “entendemos perfectamente la necesidad de recaudar que tienen los municipios, pero hay que analizar la gran cantidad de impuestos y tasas con que se grava al sector para lograr una aplicación más clara y homogénea”.