El proyecto de ley de radiodifusión del Poder Ejecutivo Nacional — que de todos los elaborados hasta el momento es el que a mi criterio cuenta con mayores posibilidades de ser aprobado por el Congreso de la Nación – contiene aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Solo me limitaré, en esta oportunidad, a señalar el reparo más importante que, a quienes todavía asesoramos a radiodifusores independientes, nos mereciera la nueva normativa proyectada. Tal objeción está referida a quienes pueden ser titulares de los servicios de radiodifusión. El Artículo 22 del citado anteproyecto introduce el concepto de que las personas de existencia ideal de carácter privado pueden ser licenciatarias, concepción en la que quedan incluidas las cooperativas. Obviamente que tal innovación respecto al régimen actual, no puede ser aceptada pacíficamente por los pequeños y medianos titulares de licencias para la prestación de servicios de radiodifusión. Ello así dado que las entidades cooperativas tienen un régimen legal que les concede beneficios y privilegios no reconocidos a otros agentes

económicos. Su accionar se encuentra caracterizado por el hecho de prestar, mayoritariamente, servicios públicos — energía eléctrica, gas, agua corriente, telefonía, alumbrado público – en condiciones monopólicas en su ámbito de actuación, permitiéndole tal circunstancia ejercer una posición dominante de mercado. A raíz de ello pueden – y de hecho lo hacen – recurrir a la utilización de “subsidios cruzados” como instrumentos para financiar otros emprendimientos, destinando fondos que constituyen excedentes desgravados de impuestos a las ganancias a la prestación de servicios a precios manifiestamente inferiores al costo de los mismos, avanzando vigorosamente en su mercado local y desplazando a los comerciantes o empresarios que estaban operando en la comunidad antes de que la cooperativa incursionase en sus nuevas actividades. Uno de los argumentos esgrimidos para justificar la inclusión de tales entidades como potenciales licenciatarias de servicios de radiodifusión es la de estar ante “una injustificable exclusión violatoria del artículo 14 de la Constitución Nacional”, como rezan los fundamentos de alguno de los proyectos que propician la modificación del artículo 45 de la ley 22.285. Pero ello no es así, dado que ninguna de aquellas sociedades no comerciales se encuentra impedida de publicar sus ideas por la prensa al contar con medios de expresión propios (boletines, revistas, periódicos) y disponer de espacios radiales y televisivos para hacerse ver y oír, pero no necesariamente tienen que ser titulares de medios. Con ese criterio también se encuentra alcanzado por “la injustificable exclusión” cualquier ciudadano común que no cuenta con la capacidad económica suficiente como para instalar un medio de comunicación. Sin embargo el proyecto bajo análisis sigue exigiendo, al igual que la ley actual, el requisito de “solvencia patrimonial”, con lo cual no se alcanza a visualizar en que medida podría beneficiar el cambio proyectado a las personas de existencia ideal que no sean cooperativas. No debe perderse de vista que éstas no fueron incluidas hasta ahora como eventuales licenciatarias de servicios de radiodifusión en salvaguarda de las libertades individuales de los habitantes de las comunidades donde tales entidades operan, dado que de haberles permitido la obtención de licencias, podrían haber incorporado (amén de los servicios básicos que ya prestaban) hasta cuatro servicios de radiodifusión: uno de televisión, dos de radiodifusión sonora en FM y AM y uno de servicio complementario (CCTV y/o ACTV). Si sumamos a ello el medio gráfico con el que cuentan para expresarse, tendríamos el círculo completo, desbaratándose por consiguiente la garantía constitucional de igualdad ante la ley consagrada por el artículo 16 de nuestra carta magna o el derecho a mantenerse informado con pluralismo que tienen lo habitantes de aquellas comunidades. Pero hay un hecho que de ninguna manera puede ser soslayado y que hace inviable la inclusión de las cooperativas como eventuales prestadores de servicios de radiodifusión; la razón de ser de tales sociedades no comerciales es la prestación, básicamente, de servicios públicos mientras que los servicios de radiodifusión no reúnen tales características, dado que como el propio anteproyecto los define en su artículo primero, constituyen una actividad de interés público, razón por la cual aquellas empresas no deberían tener cabida en un quehacer ajeno a sus objetivos.