Editorial

La ambición particular sobre el interés general

El tiempo de las definiciones en materia de radiodifusión, que se aproxima a pasos agigantados, comienza a desnudar una situación arquetípica de la sociedad argentina moderna: las ambiciones particulares y sectoriales se imponen, en la intención y en los hechos, al interés general. Como la sociedad argentina aún no hubiera entendido que tal y como vamos el único final posible del camino es el abismo, las partes que danzan en este complejo juego de tira y afloje parecen olvidar que la radiodifusión es, acaso, la más formidable herramienta de educación y cultura. Ambas facetas de la vida pública argentina constituyen, aunque pocos lo entiendan así, razones de Estado que merecen, en consecuencia, “políticas de Estado”. El próximo 23 de agosto se celebrará en Buenos Aires la última audiencia pública prevista para discutir los contenidos de lo que deberá ser, tal vez a principios del año próximo, la nueva ley de Radiodifusión. Hasta ahora, pese a la riqueza conceptual que se escuchó en cada debate, lo que parece prevalecer es una intención clara y apenas disimulada de “arrimar agua para el molino propio”, aún cuando ello signifique perjudicar a otros sectores en pugna o, peor aún, dar a luz una ley parcial, pequeña, que resuelva sólo problemas menores y deje vigentes e irresolutos los principales. Típica actitud gatopardista que, por otra parte, es constante en los actores de la sociedad argentina. Durante esa serie de debates que se celebraron prácticamente en su totalidad en el interior del país, se llegó a escuchar, incluso, una queja de un dirigente del sector. Palabras más, palabras menos, el circunspecto hombre se congratuló porque las sugerencias de su parte habían sido escuchadas, pero “lamentablemente” también habían sido oídas las de otras vertientes que interactúan en la radiodifusión argentina. La raíz del concepto autocrático, casi dictatorial que encierra esa afirmación, es una luz de alerta para el proceso que está en pleno curso. Ante esta situación, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), un organismo estatal -es decir que representa al Estado en tanto sociedad jurídicamente organizada- tiene asignado un rol de árbitro. Pero ¿qué clase de árbitro será? Si se trasladara la pregunta a términos futbolísticos, habría que formular la pregunta de otra manera: “¿se animará a cobrar un penal contra Boca, en la Bombonera, a dos minutos del final de un partido igualado cero a cero?” No se trata de un partido cualquiera, dicho sea de paso: es una instancia final, decisiva, que puede y debe cambiar el futuro de la radiofusión en la Argentina, no sólo para que lo que difunda en los grandes centros urbanos sirva para informar y entretener. Pueblitos abandonados de la manos del Dios Estado, desparramados por el interior del país, también son Argentina y merecen no sólo que se los respete sino también, y fundamentalmente, que se los tenga en cuenta. Siguiendo con el ejemplo futbolístico, el rol de árbitro implica, estrictamente, darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es Justicia, en el sentido más amplio del término. Pero contra ese rol arbitral  se levantan, impúdicos y obscenos, intereses de quienes por sobre todas las cosas, persiguen el interés personal. Ese, y no otro, es el escenario que se ha planteado y que se repetirá en las próximas semanas y meses. En el ejemplo futbolístico, los que presionan son, precisamente, “Boca y River”. El COMFER debe empinarse sobre la autoridad que le confiere el interés público. Ese es, ahora y para el futuro, su principal desafío.