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ES UNA EXCLUSION DE LA PROHIBICION LEGAL IMPUESTA POR LA 22285
Prorrogan la emisión de publicidad en radios universitarias y estatales
La ley de radiodifusión no lo avala. Pero desde 1992 los medios no comerciales obtuvieron permisos presidenciales para emitir avisos. Ahora Duhalde habilitó una prórroga hasta 2007. Un proyecto busca legalizar la práctica para garantizar la mantención de las estaciones
El Gobierno nacional prorrogó de manera excepcional por cinco años la exclusión que gozan las emisoras universitarias y estatales de la prohibición legal para la puesta en el aire de avisos publicitarios, una práctica que la ley de radiodifusión nunca contempló como válida. La medida se tomó a través de un decreto publicado el 24 de enero en el Boletín Oficial. El 17 de diciembre pasado había expedido la misma autorización que le había otorgado a los medios la administración Menem en 1992 y 1998. La prórroga alcanza a todas las estaciones pertenecientes a las universidades nacionales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a las provincias y los municipios, radios que hasta los 90 se encontraban impedidas de pasar comerciales debido al artículo 107 de la normativa 22285. En 1998 el gobierno había justificado la decisión “ante la demora en la sanción de una nueva ley de radiodifusión, y la imperiosa necesidad de las emisoras involucradas de contar con los recursos provenientes de la contratación de publicidad, sin los cuales se verían impedidas de cumplir acabadamente con su cometido”. Ahora, la gestión duhaldista entiende que “las razones y fundamentos tenidos en cuenta para la adopción de tales medidas excepcionales subsisten en la actualidad, circunstancia que torna perentorio e imprescindible mantener los efectos perseguidos”. La propuesta parlamentaria En noviembre último, un proyecto de ley estaba casi listo para ser aprobado en el recinto de la Cámara de Diputados con el fin de autorizar de una vez a los medios universitarios a emitir publicidad. Se trataba de una iniciativa promovida por el legislador mendocino Guillermo Amstutz (PJ) por la cual las radios, canales de televisión, servicios de tecnología digital e Internet dependientes de las casas de estudios nacionales pudieran quedar habilitados a poner avisos bajo lo estipulado en la Ley Superior de Educación. Si bien la iniciativa no prosperó, aún el texto puede ser tratado ni bien comiecen las sesiones ordinarias. Es por eso que el diputado todavía cree posible la sanción de una normativa “que modifique o anule el artículo que rige la prohibición y que además es contrario a la Ley de Educación Superior”, describió Amstutz en sus fundamentos. “La necesidad de generar recursos genuinos que contribuyan a sostener el mantenimiento, programación y actualización tecnológica de radios universitarias aún no ha sido resuelto por ninguna ley y cada día es más preocupante el sostenimiento y financiamiento de la educación superior como para que pese únicamente en el presupuesto la actividad de radiodifusión”, destacó el diputado. Para contextualizar la iniciativa, el representante mendocino se refirió a los principios de autonomía y autarquía que se desprenden de la ley de Educación Superior, como el dictado de “normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad…” El 29 de agosto último, el Consejo Interuniversitario Nacional dictó un acuerdo plenario por el cual las “estaciones de radiodifusión televisiva o sonora de las Instituciones universitarias Nacionales regirán sus ofertas de bienes y servicios de publicidad por las disposiciones que cada Casa dicte, en aplicación del art. 59 inc. c de la Ley de Educación Superior, y demás normas aplicables.”
UN PERIODISTA FUE AMENZADO POR CRITICAR A SOBISCH Atacaron a una FM de Neuquén La FM de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, amaneció el 6 de febrero con destrozos en el exterior del edificio y amenazas pintadas en su fachada contra el periodista Carlos Marcel, el conductor del ciclo “La Palangana” que criticó días atrás la administración del gobernador Jorge Sobisch. Propiedad de la casa de estudios, la radio apareció con frases como “Marcel cortala contra Sobisch” y “zurdo puto”. Al parecer, no es la primera vez que el periodista recibe este tipo de intimidaciones ya que habría sido amenazado anteriormente por mail y de manera telefónica. El motivo: no estar de acuerdo con la conducción del Movimiento Popular Neuquino. De acuerdo con la información de los matutinos, “los agresores rompieron vidrios del edificio y arrojaron en su interior un frasco con una sustancia, que según los primeros peritajes de la Policía Federal sería ácido muriático”. Los gremios de prensa, colegas, las autoridades de la universidad y diversas agrupaciones ya manifestaron una acción en repudio del hecho. La organización Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) expresó en un comunicado que este tipo de ataques “son parte de una escalada de acciones contra periodistas y medios de comunicación en Neuquén, instigadas lamentablemente por las mismas autoridades del gobierno provincial”. La entidad también le comunicó al mandatario provincial que desista de “sus acciones de intolerancia hacia quienes realizan críticas a su gestión. El Gobernador, que dijo no estar al tanto del tema, se comprometió a investigar lo sucedido a través del ministro de gobierno, Oscar Gutiérrez |
LA UTPBA Y EL INTENTO PARLAMENTARIO DE PENALIZAR LA CLANDESTINIDAD
Refuerzan
las campañas para
evitar el cierre de emisoras
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) y su Red Nacional de la Comunicación avanzaron durante enero en su campaña tendiente a evitar el eventual cierre de 5 mil emisoras de radio de prosperar en el Congreso la aprobación del proyecto de ley que penaliza la clandestinidad en medios con hasta dos años de prisión. Según informó la agencia interna ANC, el gremio profundizó sus acciones “para denunciar a los responsables del intento que podría dejar sin sus fuentes laborales a 50 mil trabajadores, además de coartar la libertad de expresión y avasallar el derecho de informar y ser informados”. La idea es señalar a aquellos que están detrás de la sanción definitiva de la normativa y cómo afectaría la salida de esta nueva modificación al Código Penal, aprobada en general el último 24 de octubre en el Senado pero que no logró tratarse en particular antes del fin de las sesiones ordinarias. La campaña consiste –de acuerdo con la información de la Utpba- en el lanzamiento de un spot en defensa de las emisoras de baja potencia. El audio ya está siendo emitidos en más de mil radios de AM y FM de la Capital Federal, el conurbano bonaerense y el interior del país. Asimismo, la gremial de prensa piensa pegar una faja simbólica en las puertas de las estaciones con el slogan: “Esta radio no se toca. Aquí se defiende los puestos de trabajo y el derecho a la información”. “El propósito declarado de clausurar emisoras y sancionar penalmente a radiodifusores que no estén ‘debidamente autorizadas por el Estado’, constituye la culminación de una prolongada campaña de sectores del poder económico dominante, de multimedios de la comunicación y de grupos políticos partidarios para apropiarse de las frecuencias hoy puestas al servicio del derecho a la información de la gente”, manifestó la Utpba en un mensaje a principios de enero