Página 27

LOS EFECTOS DE LA PROTESTA RESIENTEN LA ECONOMIA DE LOS MEDIOS

Venezuela: la crisis política perjudica las finanzas de la TV

El cable proyecta una recaudación del 70% menos y la publicidad está paralizada en la TV por aire. La transmisión del paro y las protestas copó las pantallas, enfureció a Chávez y movilizó a los medios como nunca. El peligro de las concesiones y una batalla por controlar los mensajes que recibe el pueblo

A más de dos meses de haberse iniciado el paro más largo en la historia de Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez, las finanzas de las emisoras abiertas y por cable ya mostraron su vulnerabilidad al termómetro de la protesta opositora que amenaza con acentuar aún más la caída de ingresos en los medios. Desde el 2 de diciembre, cuando Venezuela se sumió en una protesta que busca la salida del presidente para llamar a elecciones, los canales adoptaron una postura en favor del paro. Más allá de ser acusados de “golpistas y terroristas” por el propio Chávez, lo cierto es que desde ese entonces la programación habitual ya está en el olvido, al igual que la publicidad. Tanto radios como estaciones de TV suspendieron los envíos de comerciales y hoy prácticamente ningún venezolano ve las habituales tandas de promoción de productos. Lo más prolífico fue la propaganda política, ya que alrededor de 200 piezas con testimoniales, acusaciones cruzadas, denuncias, llamamientos a la paz y ataques inundaron las pantallas de los televisores. Nunca como ahora la TV había estado tan involucrada y partidista. Ajenos al llano político, el cable también vio afectada su recaudación. La Asociación de Empresas Operadoras de TV por cable (Asocables) llamó a los programadores y proveedores para que entiendan la crítica situación. En un contexto donde la actividad petrolera y agropecuaria se vieron reducidas en un 80%, la TV paga informó que los ingresos por parte de los suscriptores bajó entre un 30% y un 60% en diciembre. Y las proyecciones para febrero dan cuenta que la recaudación podría llegar a mermar hasta el 70%. Por este motivo, Asocables pidió a los generadores de contenidos que se ajusten a esta realidad con los pagos de cánones, ya que la devaluación del bolívar –estimada en un 120%- derivó en la baja de un 20% de abonados. Esta situación sería incluso más grave en los poblados del interior, donde los ingresos de la gente están relacionados en su mayoría a las tareas del campo y el petróleo, las mayores actividades del país y también las más paralizadas. Por este motivo, Asocables solicitó a los programadores una renegociación a fin de fijar nuevas condiciones y acuerdos más ajustados a la realidad. En tanto que exhortó a los cables asociados a abonar en la medida de sus posibilidades. Por otro lado, la agrupación –siempre se despegó de tendencia política alguna- solicitó “seguridad” a los entes gubernamentales, sobre todo en el resguardo de las plantas y equipos para continuar con la prestación de los servicios. Un contexto adverso La historia de conflicto entre Chávez y los canales privados surge por la cobertura que éstos hacen de los acontecimientos. Luego de varias días con imágenes de la protesta, la Fiscalía General de la Nación rompió los lazos de entendimiento con los medios al aumentar las arremetidas contra éstos por realizar una labor “deformativa de los hechos”. En la denuncia, el órgano de gobierno no sólo los acusó de haber instaurado una “dictadura mediática en Venezuela que afecta a los niños produciendo histeria y depresión”, sino que hasta le prohibió la salida del país a los propietarios de Radio Caracas Televisión (RCTV), Televen, Canal Metropolitano (CMT), Venevisión, el canal de noticias Globovisión y Meridiano TV por “cooperar con quienes juegan a la anarquía”. La única que se salvó de la avanzada fue la emisora estatal VTV. El resto de las estaciones fueron consideradas enemigas. Ya a principios de enero el Gobierno había pensado en suspender las concesiones a las televisoras privadas con una eventual intervención. Al tiempo que los canales se ponían en alerta y aumentaban las dosis diarias de tomas sobre los conflictos, desde el Parlamento, el Movimiento V República se presentaba como dispuesto a juntar firmas para retirar las licencias. A fines de enero, el conflicto se había acrecentado con un procedimiento iniciado a Televen por presuntas violaciones a la ley de Telecomunicaciones, similar al que ya tenían en su contra RCTV y Globovisión por querer desestabilizar el país. Justamente a raíz de estos sucesos, los directivos de los canales se reunieron con el secretario general de la OEA, César Gaviria para dejar sentado su posición. El más contestatario con el gobierno fue Gustavo Cisneros, presidente de la Cisneros Television Group, que se manisfestó “muy preocupado por las acciones de este gobierno en contra de la libertad de expresión, acciones que consideramos ilegales en base a leyes obsoletas”. Acompañaron a Cisneros en el cónclave con la OEA el presidente de Venevisión, Víctor Ferreres, Marcel Granier de 1BC Alberto Federico Ravell, de Globovisión. Todos coincidieron que los ataques podrían llegar a afectar los sitios de Internet. Y agradecieron las manifestaciones de apoyo de organismos internacionales, colegas de otros continentes y del ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el último Nobel de la Paz que recientemente respaldó el respeto a la libertad de expresión en su visita a Venezuela. A través de una marcha convocada por la Coordinadora Democrática en Venezuela en apoyo a los medios de comunicación, los periodistas, técnicos, artistas y demás integrantes de la industria televisiva, radial y gráfica se concentraron en el centro de Caracas para defender la libertad de expresión y rechazar los procedimientos administrativos abiertos. A su término los dueños de las principales televisoras no ahorraron críticas a Chavez y garantizaron que pelearían por la integridad de sus familias y trabajadores para superar este trance. La guerra mediática aún no terminó

EL ESTADO YA CONTROLA AL CANAL 40

Cierran un canal mexicano
por disputa entre dos medios

El Gobierno mexicano decidió cerrar el 9 de enero en forma temporal el Canal 40 de la capital y tomar el control de sus instalaciones luego que no llegaran a solución las negociaciones entre los dos medios que se disputaban la posesión de la emisora, Televisión Azteca y CNI. Se trata de una medida avalada por la Ley Federal de Radio y Televisión hasta que la secretaría de Comunicaciones determine cómo será de ahora en adelante el rumbo que tome el caso para lograr un entendimiento. “El Gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes, y con fundamento en el artículo 104 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, ha procedido a ejecutar el aseguramiento de las construcciones, instalaciones y demás bienes necesarios (de ‘Canal 40’)”, informó el secretario de Gobernación, Santiago Creel. En este sentido, el ministro precisó que los representantes de las dos empresas audiovisuales han optado por seguir dirimiendo sus diferencias ante las instancias judiciales y no por la vía de la conciliación. Fuentes cercanas a las negociaciones, consultadas por el diario ‘Reforma’, indicaron que uno de los principales motivos que llevaron a ambas empresas a romper las negociaciones son los 250 millones de dólares que Canal 40 debe a TV Azteca