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DESPLAZARON LA DECISION POR LOS BENEFICIOS AL PEN

Ahora el reclamo de los medios por los gravámenes se traslada al Ejecutivo

> Diputados derogó los beneficios impositivos de los planes de competitividad. Pero salvó a los medios e industrias culturales de las ventajas de canjear obligaciones por IVA. Ahora el Ejecutivo tiene 180 días para dejar sin efecto las exenciones

Luego de una ardua campaña para evitar que el Senado derogue junto a los planes de competitividad la posibilidad de computar a cuenta de IVA o Ganancias los gravámenes que pagan al Comfer y otras entidades estatales, los medios ven ahora un nuevo escenario para la lucha. De acuerdo con la decisión de la Cámara Alta, el Poder Ejecutivo sería el único habilitado para determinar si continúa o no este beneficio que tanto la radio, el cable y la TV por aire consideran fundamental para subsistir sin fisuras. Con la caída de los planes este 31 de marzo a través de los que se condonaron buena parte de las obligaciones, los medios vieron como única salida que Diputados convirtiera en ley la media sanción del Senado y la negociación se desplace al Gobierno nacional. Y así ocurrió. El 12 de marzo la Cámara Baja aprobó la eliminación de los beneficios tributarios establecidos en los planes de competitividad pero mantuvo estas ventajas para los medios de comunicación y las empresas culturales, que seguirán con el cómputo a de IVA de los pagos que realizan no sólo al Comfer, sino a Argentores, el Instituto Nacional de Cine y Sadaic, entre otras. El pedido central es que no se elimine la exención al impuesto a la ganancia mínima presunta, una gracia contemplada dentro de los convenios que firmó Domingo Cavallo en 2001 con la mayor parte de los sectores de la economía local. En realidad, lo que facultó senadores al Ejecutivo es para que en el plazo de 180 días deje sin efecto transitoriamente la aplicación de este impuesto a los sectores con “fuerte incidencia social” y a “resolver los sistemas inherentes al ámbito previsional”. El pedido del cable En un comunicado de prensa dado a conocer a fines de febrero, la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC) alertó que de derogarse las exenciones, el sector estaría ante un “impacto impositivo imposible de tolerar”. La actividad se siente incompetente luego de la devaluación ya que durante 2002 se experimentó una “sostenida caída en los padrones de clientes, morosidad de los subscriptores en aumento, costos relacionados con el dólar, a pesar de que las cobranzas son en pesos y en cuasi monedas, pasivos principalmente de origen externo, por lo que no fueron pesificados y una TV por Cable que opera en el mercado interno”, explicó la agrupación. El pedido para computar como pago a cuenta del IVA el 100% de las sumas abonadas por el gravamen del COMFER es el eje central de los reclamos. Así consideró ATVC la necesidad de aplicar este beneficio: “Se concedió cuando se gravó por primera vez a los abonados de TV por Cable con 10,5% de IVA. Entonces había 5,5 millones de abonados. Luego, ante la suba al 13% e, inmediatamente al 21%, el Gobierno concedió los Convenios de Competitividad. En aquel momento quedaban 5 millones de clientes. Ahora que los usuarios escasamente superan los 4 millones, se pretende desconocer los sucesivos acuerdos celebrados para que no se extinga la actividad. Las consecuencias que traería aparejada, para las empresas del sector, la eliminación de las franquicias que se discuten, serían irreversibles”, estimó la asociación que lidera Walter Burzaco. Desde otro ámbito, los productores independientes de televisión agrupados en CAPIT también estarían en alerta ante la posibilidad de tener que pagar IVA por los productos lanzados al aire en los canales privados con anterioridad a 1998. Al parecer, los líderes de la programación que ocupa gran parte de la pantalla local ya tienen en estudio una alternativa para dejar sin efecto esta eventual decisión de la AFIP y así evitar los efectos sobre las finanzas internas

DISMINUYERON A LA MITAD LAS COMISIONES

El Senado va por un nuevo
gesto de reducción

Si bien en teoría se trata de un reglamento que busca la transparencia y la participación activa de los parlamentarios, la reducción en el número de comisiones de la Cámara Alta (pasó de 47 a 24) se ajusta más a un gesto de ajuste en medio de una de sus peores crisis de representatividad. Desde el 1º de marzo, todas tienen un máximo de 15 integrantes, los que además sólo pueden pertenecer a 5 comisiones. Por el lado del sector de la radiodifusión, ahora la comisión se llama Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y su presidente sería el legislador jujeño Guillermo Jenefes (PJ), ex líder de la otrora comisión de Comunicaciones. Al parecer, la idea es garantizar la asistencia obligatoria de los senadores a las reuniones porque, al mejor estilo escuela, las autoridades de la comisión están habilitados a tomar lista. Sin embargo, pocos son los que confían que esta exigencia se cumpla al dedillo cuando está cada vez más cerca el proceso electoral del que participan más de un senador. Por el momento, ante el proceso de fusión, muchos empleados aún deben ser reasignados en nuevas oficinas y aún se experimenta un período de gran inestabilidad en todo el cuerpo legislativo

ES INVESTIGADO POR LA PRESUNTA ENTREGA DE BANDAS A EMPRESAS FANTASMAS

Anticorrupción solicitó la
detención de Kammerath

> El intendente de Córdoba eludió a la Justicia. Y ahora quieren que lo detengan y averigüen porqué faltó a las citaciones. Está imputado por eventuales adjudicaciones de espacios espectrales a familiares, grupos económicos que habrían acopiado frecuencias y empresas sin antecedentes que vendieron las licencias en sumas millonarias

Luego de dos intentos frustrados para que el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath se presentara a declarar como imputado en una causa por entregas fraudulentas de bandas radioeléctricas, la Oficina Anticorrupción (OA) no esperó más y le pidió su detención a la propia jueza María Servini de Cubría. La solicitud partió el 11 de marzo del titular de la OA, Carlos Garrido, luego de conocerse que el intendente de Córdoba eludió los llamados de la Justicia al alegar primero compromisos funcionales y luego una dolencia. Por eso ahora se espera que la magistrada acceda al pedido de constatación efectuado a fin de conocer si realmente Kammerath está de licencia y su indisponibilidad física le impide presentarse a declarar en esta causa iniciada hace dos años por un grupo de diputados de la ex Alianza. En 2001, Graciela Ocaña, Atilio Tazzioli, Irma Parentella y Luis Brandoni presentaron una investigación sobre la conducta adoptada en materia de asignación de bandas por los ex funcionarios del área, Kammerath y su sucesor, Alejandro Cima, máximos responsables de la política de comunicaciones del país. Luego de una resolución del secretario delarruísta Henoch Aguiar donde se declara en Estado de Emergencia Administrativa la administración y gestión del espectro radioeléctrico, los diputados descubrieron que algunas frecuencias “fueron asignadas mediante el procedimiento de adjudicación directa a empresas que no tenían ningún tipo de vinculación con las telecomunicaciones y que tampoco cumplían con los requisitos básicos para el acceso a dicha tecnología”. Si bien en la nómina de firmas se destacan otras que sí detentan antecedentes y reconocimiento, aparecen empresas fantasmas que estarían relacionadas con personas vinculadas con familiares ó cercanas al poder político de turno. En ese momento, la denuncia encuadró el delito como “Abuso de autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público y/o Administración Fraudulenta en contra del Estado y/o Asociación Ilícita.” La eventual entrega de bandas del espectro no sólo implica la dispersión de un valioso recurso natural (el mismo Kammerath lo denominó como el petróleo del siglo XXI) sino que habría generado un perjuicio económico al Estado del orden de los 200 millones de dólares. Los casos denunciados Según dio a conocer en su momento el informe de los legisladores, entre las empresas beneficiadas aparecen Macrocom S.A., en mayo de 1997. “Marcos Aurelio Alvarez, ex gerente de control de la CNT y cuñado de Germán Kammerath, figura como presidente de esta empresa en un documento de asamblea de accionistas”. Pero “en febrero de 1999 –dijo el comunicado- Winstar Communications Inc. compró por más de siete millones de dólares dicha frecuencia que había sido otorgada a título gratuito. Y en la actualidad, Alvarez mantiene participación en dicha empresa mediante Comfast S.A. con un 5% del patrimonio, y de la cual es presidente”. Por otro lado se hizo referencia al caso de Raúl Corletti, el único beneficiario a título personal para su empresa Mercury Communications, quien habría sido el enlace del Ejército con el Congreso y con destacados contactos en la CNC donde le habrían informado del proceso de entrega. Entre las empresas que aparecen sin antecedentes ni respaldo patrimonial, los diputados dan cuenta de Trunking Río Cuarto S.A. y Trunking Junin S.A., dos firmas “que en tiempo récord se les otorgaron las licencias”, dice el informe. “En sus balances –continuó- no registran actividad comercial alguna y justifica el patrimonio mínimo de $1.000.000 a través de la transferencia accionaria realizada a favor de empresas creadas en el Gran Caimán que tampoco tienen experiencia acreditada en el rubro”. También aparece en similares condiciones Televoces S.A., cuyo expediente iniciado el 25 de noviembre de 1999 llegó a convertirse en licencia efectiva en un plazo record de 12 días, al igual que otras tantas iniciativas concretadas a días del fin del gobierno de Carlos Menem. En 2002, Atilio Tazzioli pidió informes sobre la eventual asignación de espacios del espectro a tres empresas cordobesas vinculadas entre sí a través de sus dueños y donde otra vez el nombre de Kammerath se ubicaba a las puertas de la sospecha eterna. En esa ocasión, el legislador citó a Radio Aviso SA, la que según él “tiene un contrato por dos años con el municipio serrano para prestar el servicio de control, seguimiento y localización de cien autos” pertenecientes a la flota comunal. Al parecer, el diputado comprobó que la firma “estaría utilizando una frecuencia que no le corresponde”. Allí tendría vinculación el cuñado, Marcos Alvarez, a quien se le atribuye Radio Express SA junto con Rosa Kammerath, Personal Post SRL, de la que es integrante y Multivideo SA, donde ejerce la presidencia. De llegar a comprobarse lo que Tazzioli denuncia, el ex funcionario y sus familiares estarían frente a un delito, toda vez que la legislación vigente no permite un acopio indiscriminado del espectro en un mismo grupo económico que accedió a diferentes frecuencias para un sólo tipo de servicio. La frecuencia que más interés despierta en la Cámara es la 931,1125 Mhz. Por esa ubicación se espera obtener los datos sobre quiénes fueron sus adjudicatarios desde 1990 y las sucesivas transferencias en esta última década