R&TA :: POLITICA DE RADIODIFUSION | PAGINA 8


> El Gobierno denunció a un ex director de la gestión López
> RECUADRO :: “No hay nada especial contra él”
> Durísimo editorial de La Nación sobre el Comfer

 

ES ALEJANDRO PEREYRA, EX DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS DEL COMFER

El Gobierno denunció a un ex
director de la gestión López

> Lo acusan de haber fraguado datos en una declaración jurada para acceder al cargo. La medida del Comfer es una derivación de la impugnación de otro postulante. Por eso declaró nulo el concurso que Pereyra al final ganó. Y revocó su designación. Ahora el denunciado habla de discriminación y cree que es una cuestión personal hacia él

El Comité Federal de Radiodifusión denunció por el delito de falsedad ideológica de documento público al ex director de Asuntos Legales y Normativa en la gestión anterior, Alejandro Pereyra, al sostener que incluyó datos irreales en su postulación al cargo que ganó por concurso público en 2001. En realidad se trata de una derivación de la causa por impugnación que ya había iniciado otro de los aspirantes al puesto ejecutivo del organismo, Jorge Zaffore, donde se da cuenta de una serie de presuntas irregularidades en el proceso de selección de Pereyra, que ya se encontraba en esa función al momento de ser elegido. Por esta razón, Carlos Caterbetti declaró en la resolución 330/03 la nulidad absoluta del procedimiento de evaluación, liderado por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación, revocó por razones de ilegitimidad la resolución que designó al denunciado para ejercer sus funciones y presentó el caso ante la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal a efectos de que se investigue sobre la posible comisión de delito. Haciéndose eco del recurso de reconsideración de alzada que interpuso Zaffore por considerar que su desvinculación del puesto había sido al menos “arbitraria”, el Comfer avaló en los fundamentos de su medida cada detalle de la presentación efectuada. El ex aspirante consideró que la resolución de designación no sólo estaba “viciada insanablemente en todo su proceso de gestación”, sino que también iba en contra de la ley de regulación del empleo público al advertir “un desvío de poder en su perjuicio”. Según el abogado Zaffore, tanto él como el otro interesado en el cargo, Ricardo Porto, tendrían una diferencia substancial entre sus vastos antecedentes profesionales en radiodifusión, docencia e investigación frente a los de Marcelo Roitbarg y Alejandro Pereyra, los dos preseleccionados por el comité evaluador para el puesto de director de Asuntos Legales. Y es sobre esta base donde denuncia que el ganador del concurso “no tiene ningún antecedente en docencia e investigación, no obstante que en su ficha de inscripción manifestó, con carácter de declaración jurada, haber desarrollado actividades académicas en dos claustros universitarios distintos”. Como el profesional solicitó se libre oficios a las casas de estudios para saber si esto era verdad, el organismo expresó: “El informe marca graves divergencias”, entre lo declarado por Pereyra y los datos que aportaron las facultades de Ciencias Sociales de La Plata y Buenos Aires. Descargo “Lo que puse en mi declaración es cierto y chequeable”, confirmó en diálogo con R&TA Alejandro Pereyra. Se trata de dos actuaciones académicas: una fue una charla que asistió con Gustavo López por un acuerdo entre el colegio de abogados de La Plata y la cátedra de libertad de expresión de la Unesco. Y la otra duda es por una clase que dio en el posgrado de telecomunicaciones de la UBA. “Tengo testigos y pueden llamar a quien quieran para comprobarlo”, apuntó al tiempo que dejó traslucir una cierta “animadversión” en su contra por parte del organismo por una serie de conflictos anteriores. Según él, podrían existir recelos por una causa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, retención indebida de fondos y discriminación que le inició a Caterbetti ante la deuda que el organismo mantiene con él por la liquidación de sus haberes correspondientes a cuando era director. Pero además, Pereyra cree que en el fondo el propio interventor piensa que él es “el autor ideológico de una causa que le iniciaron por el delito de desobediencia a la Justicia Federal por el incumplimiento de medida judicial”, destacó. Más allá de las especulaciones personales, lo cierto es que el acusado pidió vista por escrito del expediente luego de ser notificado y recusó con causa al demandante porque él “nunca había participado del expediente en abierta violación al derecho de defensa en el debido proceso”, entendió ante la consulta de R&TA. Los vicios denunciados En el recursos que Zaffore presentó también destina críticas al proceso de selección al decir que “fue poco serio” por cuanto las fichas de evaluación de entrevistas y antecedentes “fueron dibujadas”. Como ejemplo, citó que en el caso de Pereyra, las cruces por experiencia laboral, un rubro que a su juicio representa el 50% del valor de la postulación, estaban en el nivel más alto cuando en realidad “no acredita ninguna experiencia laboral previa como ser la que le otorga el hecho de desempeñarse en el cargo”. Esto es finalmente lo que resolvió Caterbetti: “No se advierte de lo actuado una razón lógica para limitar la “terna” a dos personas, cuando objetivamente, y tal como lo evidencian los importantes antecedentes curriculares de ambos, existían otros dos postulantes que estaban altamente calificados al menos para integrar dicha terna, y con grandes posibilidades de ser designados, debiendo destacarse que con anterioridad, el Dr. PORTO fue también Asesor Jurídico de la Intervención en este organismo, mientras que el Dr. ZAFFORE se desempeñó inclusive como responsable de la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos y Licencias”. Asimismo, el organismo encontró que “no resulta lógico, además, que el Dr. PORTO haya sido por un lado desechado para una Dirección jurídica acorde a su profesión y experiencia laboral y académica y, por el otro, en la misma Acta, propuesto como candidato ternado para ocupar una Dirección cuyo perfil aprobado no cumplía acabadamente”. Por otro lado, el Comfer entendió que ante la inexistencia de motivos para separarlos de sus postulaciones, no cabía otra calificación más que la de “grosera arbitrariedad en la decisión del Comité de Selección allí documentada, y la clara intención discriminatoria que animó su adopción, en perjuicio de quienes no eran de antemano “los seleccionados”. Ahora que el organismo apuntó sus garras en la búsqueda de la transparencia, Pereyra no pudo evitar darse un gusto: “Yo no se cómo van a hacer para justificar que un director del Comfer, sin título secundario, haya alcanzado un cargo similar al que gané después de años de universidad”. El tiempo dirá si hay o no seleccionados para llevarse el premio al mejor alumno. Por la materia honestidad, claro

 
> CARLOS CATERBETTI :: “No hay nada especial contra él”

"No hay animosidad contra él. El concurso se anula, además de las irregularidades, porque los directivos adquirían estabilidad por cinco años con un sueldo de más de 5000 pesos mensuales. Se modificó la estructura: de 47 cargos de esta categoría se bajó a 19. Inclusive por partida presupuestaria. Además, no tenían el año cumplido como para estar de acuerdo con lo que dice el SINAPA. Estaban desde hace 6 meses”. Así se refirió el interventor del Comfer a la decisión de no reconocer el cargo de Alejandro Pereyra. Consultado sobre porqué él no acató la orden de la justicia que había establecido la reincorporación en sus puestos de 11 ex funcionarios, explicó: “El interventor no puede reponer los cargos. De acuerdo al decreto 419, es una designación del Presidente de la Nación. Todo lo que llega acá va a la Procuración del Tesoro de la Nación. Yo no tengo autoridad para poner o reponer a nadie en el Comfer”. Asimismo, comentó que la jefa de Personal, Edelmira Pessoa, fue separada de su cargo ante el inicio de un sumario por una denuncia en su contra de un colega del organismo por la categorización de su puesto. Mientras avanza la investigación, la funcionaria fue trasladada al ISER, donde aún no se había presentado ya que se encuentra de licencia por vacaciones. No se puede acusar a una persona sin las pruebas correspondientes”, aclaró Caterbetti

 

EL DIARIO HABLO SIN VUELTAS DE INOPERANCIA Y FRACASO DE GESTION

Durísimo editorial de La Nación
sobre el Comfer

> Carlos Caterbetti “no tiene en vistas poner fin a ese descalabro”, expresó el diario sobre la proliferación de 7000 emisoras ilegales. Recordó que hay sospechas de corrupción, consideró como “letra muerta” el acuerdo con la TV por los contenidos y fustigó el retraso administrativo para resolver trámites

Si bien en más de una oportunidad el matutino La Nación advirtió desde sus editoriales sobre ciertos aspectos negativos del Comfer en relación con los contenidos en los medios, su mensaje institucional del 31 de marzo no dejó orilla sin remojar: calificó al organismo de inoperante en el manejo del espectro, cuestionó la administración interna, puso un manto de sospechas sobre la corrupción y hasta se animó a dar como fracasada la gestión de Carlos Caterbetti, el hombre del riñón de Duhalde que ahora pujará por una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios legislativos. Haciéndose eco de los llamados de atención que diversas organizaciones, periodistas, comunicadores y entidades realizaron sobre el “descontrol que impera en los ámbitos radiofónicos y televisivos”, el diario avanzó al sostener “la escasa supervisión del Estado y, sobre todo, a su falta de voluntad para obligar a los licenciatarios a cumplir y hacer cumplir la ley de radiodifusión”. En este sentido, La Nación expresó: “La mayor parte de los ciudadanos considera que el organismo no cumple ni ha cumplido siquiera parcialmente con su misión”. Y lo justificó, entre otras expresiones, con la “reprochable costumbre” de admitir “que las multas impuestas a los licenciatarios por sus infracciones a la ley sean canjeadas por espacios de publicidad sin cargo a favor del Estado, cuando no lisa y llanamente del gobernante de turno”, indicó el diario. Sumado a ello, el matutino fundado por Bartolomé Mitre advirtió sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el organismo y denostó la “abrumadora cantidad de trámites pendientes y de situaciones no resueltas, societarias, administrativas, comerciales y sucesorias”. Es decir que por responsabilidad del Estado hoy la sociedad aún no puede tener la certeza de quiénes son los dueños de los medios y si cumplen o no con las condiciones que les fueron impuestas junto al beneficio de una licencia. Por otro lado, La Nación no dejó de lado el conflicto con la ilegalidad del dial. Dijo que Carlos Caterbetti, luego de admitir que hay 7000 radios clandestinas “no insinuó si habría algún principio de solución para tamaña irregularidad. El transcurso del tiempo confirmó que no se tiene en vista poner fin a ese descalabro. A pesar de los resultados negativos de su gestión, el actual interventor, dicho sea de paso, ha sido incluido por el justicialismo bonaerense en su lista de candidatos a diputados provinciales”, fustigó. Sobre este punto, el editorial entendió que es “inadmisible que el organismo responsable no garantice en el territorio nacional la leal competencia de los servicios radiofónicos y de televisión” ya que la “inoperancia del Comfer se ha ido agravando con el paso del tiempo”. Por último, el diario recordó la falta de consideración a la niñez desde la propia TV y calificó como “letra muerta” al texto que acordaron en noviembre el presidente Eduardo Duhalde y las cámaras del sector para mejorar los contenidos de la TV en el país