R&TA :: POLITICA DE RADIODIFUSION | PAGINA 9


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OPINION

Los radiodifusores, otra vez a la
espera de soluciones

Por Hernán Zanutti | Abogado

En lo que va del año, pocos son los logros obtenidos por las actuales autoridades del Comité Federal de Radiodifusión. En efecto, con un breve repaso, podemos ver que –pese a la aprobación de los nuevos Pliegos de Bases y Condiciones para la adjudicación de licencias de radio en modulación de frecuencia- es escaso el avance en la normalización del espectro radioeléctrico. Transcurrido un año de la actual intervención, sólo se han adjudicado licencias en aquellas localidades del interior del país en las que no existía conflicto, es decir en donde los oferentes no superaban la frecuencias ofrecidas. Para las zonas conflictivas, se realizaron diversas “preinscripciones”; las cuales –pese al tiempo transcurrido- aun no tienen resultado alguno. Es incierto, entonces, cuál va a ser el método a seguir en los “nuevos concursos” anunciados por el organismo para estas zonas ya que seguramente, una vez aprobado y publicado el cronograma, se iniciarán una catarata de amparos de aquellos que fueron adjudicados y cuyas licencias -sin estar claro aún el porqué-, fueron revocadas. Digo, sin estar claro aún, ya que quienes se presentaron con sus ofertas en los concursos públicos convocados por la Resolución 16 y 76/99, dieron cumplimiento con las exigencias de los Pliegos vigentes y son víctimas de luchas de poder político producto del cambio de la intervención, acaecido a fines de 1999. No existe responsable alguno por los “supuestos vicios” y “oscuros procedimientos” y ni siquiera procedimiento penal tendiente a investigar las irregularidades denunciados por la intervención anterior del organismo. Es decir que desde diciembre de 1999 las expectativas de los radiodifusores han sufrido un retroceso, siendo los únicos perjudicados por encontrarse en el medio de luchas por un lugar en el sillón de la calle Suipacha. Del mismo modo aquellos interesados en los canales abiertos de televisión, fueron invitados a un censo de emisoras, del cual, también, no hay resultados a la vista, encontrándose vencidos los plazos establecidos en el Decreto 1473/2001. La situación en el tema de los servicios complementarios tampoco ha variado. Un juez Federal de la Provincia del Chaco, en un fallo que entiendo excede lo peticionado por los actores, dicta un amparo por el cual le ordena al organismo que suspenda la venta de los Pliegos para dichos sistemas (todo hace pensar que interesados directos han llevado adelante un fuerte lobby para que se llegara a este extremo). El caso de Entre Ríos, en la cual el organismo llama a concurso, prorroga el plazo de las presentaciones (a través de una resolución con argumentos muy débiles) y debe suspenderlos en razón de sendas cautelares dictadas en la provincia. De no prorrogarse los plazos, los concursos se hubieran realizado y quienes se presentaran tendrían derechos adquiridos para defender su posición. Finalmente, el Comfer autoriza con fundamentos realmente muy pobres a FM Energy (quien había obtenido una licencia categoría A para la ciudad de Buenos Aires) a trasladar preventivamente, y por el término de dos años, su planta transmisora a San Justo, generando un precedente muy valioso para aquellos que deseen trasladar si emisora. Como corolario, duras acusaciones que circularon contra el organismo a través de Internet cuya fuente es el Grupo de Estudios Broadcasting, quien tituló la nota “EL COMFER UN ORGANISMO PUBLICO CORRUPTO II”, en uno de sus párrafos sostiene: “Mientras, al mejor estilo de un ente corrupto, las autoridades del Comité Federal de Radiodifusión de Argentina, guardan silencio sobre el negociado que montó junto a una consultora para atender el llamado a concurso de frecuencias de radios FM en la provincia de Entre Ríos, descaradamente prorrogó el plazo de las presentaciones ante un supuesto pedido de las radiodifusoras interesadas. En realidad tal pedido de las radios jamás existió. Es la consultora vinculada a los funcionarios del Comfer, la que solicitó la prórroga (obviamente instrumentado a través de alguna radio) ya que se vio desbordada de trabajo. Esta consultora se presentó en una reunión provincial de radios FM como vinculada al Comfer y aseguró que los concursos que fuesen canalizados por ella jamás vendrían rebotados. Para ello se valió del espacio que le brindó una asociación de radios FM de Entre Ríos. La consultora en cuestión es una sociedad formada por un ex interventor peronista del Comfer y un ex funcionario radical del gobierno de Fernando de la Rúa, que es abogado. La situación no termina aquí. Como es sabido desde hace mucho tiempo el Comité Federal de Radiodifusión no vende pliegos para estaciones de televisión por cable, sea para nuevas o extensiones de las actuales. Esta consultora, sin embargo, gracias a los fluidos contactos que tiene dentro del Comfer, compró varios pliegos que hoy los comercializa en valores cercanos a los $ 30.000, cuando el real, si estuviese a la venta, no llegaría a los $5.000. El organismo tiene muchos delincuentes que lo utilizan como aguantadero”. Creo que las acusaciones son realmente muy duras y que debería investigarse seriamente si esto es así. Asimismo los radiodifusores deben resguardar sus derechos y defender su patrimonio y fuente de trabajo que tanto le ha costado obtener y mantener. De lo contrario, seguirán padeciendo de la incompetencia de aquellos funcionarios que deben bregar por afianzar la seguridad y estabilidad jurídica en pos de los administrados

 



> Alertan por un decreto

La Diputada Nacional por el ARI Irma Parentella solicitó al Poder Ejecutivo un informe para ver si se están efectuando las tramitaciones previas para el dictado de un decreto que dispondría declarar la emergencia económico-financiera de los servicios de radiodifusión y suspender por 10 años los términos que estuvieran trascurriendo de las licencias de los servicios de radiodifusión o sus prórrogas. “Los llamados procesos de regularización encarados hasta ahora sólo han favorecido la concentración y la centralización de la propiedad de los medios y los intereses dominantes de los grupos de poder. Sin duda un decreto de suspensión de plazos supondría favorecer a esos mismos intereses”, expresó la legisladora al cierre de esta edición