R&TA :: POLITICA DE RADIODIFUSION | PAGINA 12

LA ASOCIACION PERIODISTAS DENUNCIO CENSURAS Y AGRESIONES A LA PRENSA

Le advirtieron a Duhalde por
la libertad de expresión

La cúpula de la asociación PERIODISTAS le transmitió el pasado 20 de marzo al presidente Eduardo Duhalde su preocupación por la ola de atentados contra la libertad de expresión que registró el país este año y le pidió que ponga de relieve una política de Estado que garantice la labor profesional. En la reunión, de la que participaron Magdalena Ruiz Guiñazú, Roberto Guareschi y Norma Morandini, entre otros periodistas, se trató de dejar en claro al primer mandatario que la agrupación ve “con profunda inquietud” los atentados a medios, los actos de censura y las constantes agresiones que sufrieron los colegas. De hecho, le dejaron un informe de situación con los hechos registrados desde enero último y el Gobierno se comprometió a analizar la cuestión, que ya quedó en manos de Alfredo Atanasof y el secretario de Medios, Carlos Ben. “No se trata de hechos aislados, sino de una sucesión de presiones y atentados que abarcan todas las áreas geográficas del país y que son protagonizados tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por políticos y funcionarios”, le dijo Periodistas a Duhalde mientras sugirió que se avale el libre ejercicio de los periodistas en torno a las próximas elecciones del 27 de abril. Los casos Entre los principales casos denunciados aparecen las agresiones de policías a periodistas de Punto Doc durante el desalojo del ex Padelai, el 25 de febrero y los golpes que recibió el cronista de América Martín Ciccioli cuando cubría, el 10 de marzo, un acto en Berazategui. También se detalló lo ocurrido con Norberto Ortiz, de Crónica TV, cuando recibió un balazo de goma en una manifestación en Retiro y la agresión a Christian Frolich, del diario de García, quien fue golpeado en Once en una protesta de vendedores ambulantes. Pero quizás donde más proliferación tuvieron las amenazas y acciones contra la prensa fue en el interior. Periodistas detalló lo ocurrido con el hostigamiento judicial a Silvia Correge, del diario Tiempo Sur de Río Gallegos, a la que le pidieron que revele las fuentes de una nota en la que se refería a la condena de la Cámara de Comodoro Rivadavia al dirigente gremial Jorge Rivolta por el cobro doble de asignaciones familiares. En cuanto a los casos de hostigamiento, la agrupación citó lo ocurrido con Sergio Carreas, de la Voz del Interior, querellado por la esposa de José Manuel de la Sota, Olga Ruitort, por injurias a raíz de sus notas. Además, el gobernador cordobés también tiene en sus espaldas una acusación de censura contra medios universitarios, a los que habría presionado con el retiro de la publicidad oficial con el fin de discontinuar las críticas. Por último, se incluye el hostigamiento judicial a Sergio Villegas, de LU23 Radio Lago Argentino en Santa Cruz, querellado por un grupo de concejales; las amenazas a la periodista y propietaria del periódico La Tapa de Guernica, Clara Britos, y el ataque a la FM Radio Universidad, de Neuquén

CEMCI Y LA NUEVA LEY: “CONSAGRA UN NUEVO PAQUETE IMPOSITIVO”

Los medios reaccionaron por la
quita de una exención

> Es el beneficio por el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Quedó derogado junto con los Convenios de Competitividad al salir la ley de Diputados. ATVC reclamó por su lado al Presidente y pidió que los reciban. La industria coincide que la carga impositiva es “confiscatoria”

A través de una solicitada aparecida el 21 de marzo, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes, entidad que congrega a todas las cámaras representativas de los medios gráficos y audiovisuales, volvió a dejar en claro “su rechazo a la ley sancionada por la Cámara de Diputados de la Nación, que consagra un nuevo paquete impositivo que perjudica a los medios de comunicación”. Se trata de la normativa por la cual quedó derogada la exención al impuesto de la Ganancia Mínima Presunta, un beneficio que los medios gozaban dentro del marco de los Convenios de Competitividad, también desafectados de validez para el sector cultural. “Dichos convenios nunca significaron un privilegio para el sector sino, por el contrario, surgieron para compensar la aplicación de nuevos impuestos a los medios de comunicación en general en el año 2001”, expresó CEMCI en su texto de protesta. La Comisión consideró que la decisión de los diputados –opuesta a lo resuelto por el Senado- “afecta a la prensa libre y ahoga económicamente a los medios de comunicación a través de un constante aumento impositivo que resulta intolerable y que impactará en su nivel de actividad”. Sobre esta base, la agrupación decidió pedirle respuestas al Poder Ejecutivo para que “subsane rápidamente los efectos de este paquete impositivo que pone en riesgo la pluralidad de voces y opiniones”. Misivas Al igual que CEMCI, la Asociación Argentina de TV por Cable también se plegó al reclamo del ente y remitió una misiva al propio presidente Eduardo Duhalde con el fin de alertarlo por los efectos negativos de esta ley. “Es nuestro deber alertar sobre las irreversibles consecuencias que traerá aparejado para nuestras empresas el aumento en la carga impositiva provocado por la eliminación de los convenios de competitividad, cuya naturaleza compensatoria constituyó la base de la sustentabilidad de una actividad ya golpeada por el difícil contexto macroeconómico”, le escribió al primer mandatario Walter Burzaco, presidente de ATVC. En la misma carta, el ejecutivo le pidió una entrevista ya que con anterioridad el reclamo había sido direccionado al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, el hombre cercano a Duhalde que comprometió su acercamiento a la industria en sendas negociaciones. “Resulta imperioso adoptar medidas tendientes a subsanar rápidamente los efectos de la ley sancionada”, apuntó Burzaco al tiempo que insistió con los impactos negativos que sufrió el cable desde la devaluación. “La industria ya soporta una presión impositiva confiscatoria. Adicionalmente a todos los impuestos de orden general -el cable pasó de ser una actividad exenta del IVA a pagar la alícuota máxima en un plazo de dos años- soporta cargas específicas como el gravamen del COMFER, Ingresos Brutos (provinciales), tasas de espacio aéreo municipales, y contribuciones parafiscales”, dijo ATVC