R&TA :: POLITICA DE RADIODIFUSION | ED. 82 > PAGINA 5

Reclaman la “inmediata” derogación

Fuerte repudio al decreto que permite a los gobiernos provinciales ser licenciatarios

> Los radiodifusores privados solicitaron una audiencia con el Presidente para pedir que deje la medida sin efecto. Desde la vereda oficial, sin embargo, existen varios sectores que aprueban la iniciativa. El decreto permite a los gobiernos provinciales tener un canal de televisión por aire y una frecuencia AM; y a los municipios, acceder a su propia FM

El sector privado de la radiodifusión aún espera una audiencia con el presidente Néstor Kirchner para solicitar la derogación del decreto 1214, que permite a los gobiernos provinciales tener un canal de televisión por aire y una frecuencia AM; y a los municipios, acceder a su propia FM. Luego de la ola de críticas que provocó la firma de este decreto en los últimos días del gobierno de Eduardo Duhalde, los radiodifusores aguardan ahora la confirmación de un espacio en la agenda del Presidente para dejar sentado los perjuicios que, para ellos, representa esta medida. La posibilidad de que estos medios estatales puedan vender publicidad al igual que los privados se presenta como el principal reclamo a este decreto. De todos modos, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente (CEMCI) aún no obtuvo una respuesta al pedido de audiencia. En declaraciones a R&TA el presidente de ATVC, Walter Burzaco, no dudó en afirmar que esta medida “da vuelta el orden que tiene la ley de radiodifusión, ya que esta siempre se ha incentivado al sector privado, dejando en claro que el Estado tiene que actuar subsidiariamente. Pero este decreto hace exactamente lo contrario. Donde hay un privado, pueden colocar un medio estatal para competir”. En tanto, desde CEMCI manifestaron que el decreto es “una insólita resolución del Gobierno, en una circunstancia en que todos los medios se encuentran incursos en la mayor crisis de su historia”. El decreto 1214/2003, que sustituye el artículo 11 de la ley 22.285 de Radiodifusión, señala que “los estados provinciales podrán prestar, con previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional, hasta un servicio de televisión abierta y un servicio de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM). Las municipalidades podrán prestar un servicio de radiodifusión por modulación de frecuencia (FM)”. Minutos después de haberse firmado el decreto, el presidente de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Carlos Fontán Balestra, aseguró que “fue una medida inconsulta, inesperada, sacada sin que nadie se enterara”. Para Balestra, “la experiencia de ATC es suficiente como para que haya un medio más de estas características“. Por su parte, la Asociación Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) coincidió con ATA en que “se ha desconocido hasta el aspecto técnico-jurídico que esta decisión involucra. El espectro radioeléctrico es un bien escaso. Los Estados son administradores y no propietarios. Es patrimonio de la humanidad, no de los gobiernos”. En este sentido, Burzaco señaló que esta medida, “al haberse implementado la reforma de la ley por la vía de excepción –Decreto de Necesidad y Urgencia-, nos parece un procedimiento ilegítimo, toda vez que la modificación dispuesta por el Poder Ejecutivo introduce privilegios para el Estado”. Sin embargo, unos días después de haberse firmado el decreto, el Senado de la Provincia de Buenos Aires manifestó su beneplácito y apoyo a la iniciativa. La declaración fue presentada por el presidente del Bloque Justicialista, Juan José Amondarain, y lleva la firma del presidente de la cámara alta provincial, Hugo Corvatta. “La facultad y obligación del Estado nacional de promover los servicios de radiodifusión y televisión, permitiendo su acceso a todos los habitantes de este servicio en forma abierta y gratuita por parte de las provincias y los municipios, encontraba un impedimento insalvable en el conjunto de normas vigentes sobre la materia”, explicó Amondarain, quién a continuación señaló que “con acierto y oportunidad, el Ejecutivo dictó este decreto, por el cuál se remueven estas trabas”. A tono, el ex interventor del Comfer Carlos Caterbetti cargó de nuevo contra la TV privada al insistir en que “la medida de Duhalde permite que en todo el país la gente que no tiene TV por cable pueda acceder a la televisión abierta. Los canales privados sólo cubren el 22% o el 24% de la población nacional. Y no tienen ningún interés en llegar a localidades chicas”. El hombre del ex mandatario, proveniente del sector de la metalurgia, aseguró horas antes de dejar el Comfer que “si el decreto que prorroga las licencias por diez años más hubiera salido, nadie habría dicho nada. Es falso que con este decreto se paguen favores políticos. Estos canales se van a mantener con la publicidad”. Otro de los que se mostraron a favor de la firma del decreto fue el presidente de la Cooperativa de Santa Rosa (La Pampa), Oscar Nocetti, ya que los fundamentos “repiten los de la cooperativa para defender la prestación de la televisión por aire”. Nocetti estimó que la modificación del artículo 11 de la ley “no provocará demasiadas alteraciones en las ofertas televisivas en La Pampa”. Entre sus considerandos, el texto indica que el objetivo es “adecuar las normas a las demandas comunicacionales de la población. En tal sentido, resulta procedente remover el obstáculo legal que impide a las provincias y municipalidades la prestación de determinados servicios de radiodifusión”. Sin embargo, el ex interventor del Comfer Gustavo López se corrió de la vereda oficial al dejar en claro que no está de acuerdo con la modificación del artículo 11, porque no comparte “la política” de los decretos de necesidad y urgencia. La Asociación Correntina de Propietarios de Emisoras de Frecuencia Modulada (Acoproefm), por su parte, también repudió el decreto al manifestar que “burla la intensa lucha que mancomunadamente llevan a cabo radiodifusores de todo el país desde hace años en pos de una Ley de Radiodifusión equitativa y moderna”. “Esto no tiene más que un objetivo: colocar más medios estatales por donde canalizar las campañas políticas indiscriminadamente, además de crear una competencia comercial absolutamente desleal en desmedro de quienes pagamos impuestos, generamos fuente de trabajo y mantenemos a salvo la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones”, disparó el presidente de Acoproefm, Mariano Rojas. En Tucumán, la Cámara de Comunicaciones, Informática y Computación, presidida por Ricardo Fernández, también repudió la sanción del decreto. “Es un total agravio a la sufrida actividad privada, que ahora recibe los embates de una competencia desleal desde el propio Estado y desde la pléyade de estaciones clandestinas que no son controladas”, señaló el empresario. En tanto, la Asociación Internacional de Radiodifusión, también emitió un comunicado en el que sostiene que el decreto “habilita una competencia desigual, que afecta la existencia de emisoras privadas, libres e independientes, cuyo funcionamiento resulta fundamental para la libertad de expresión y el pluralismo de ideas”

Luego de un fallo que ordenó el cese inmediato

La CPE cortó las transmisiones

La Cooperativa de Santa Rosa (CPE), La Pampa, debió suspender sus transmisiones como consecuencia de un fallo de la jueza de Capital Federal Susana Córdoba, quien ordenó el cese inmediato de las transmisiones hasta regularizar su situación ante el Comfer. A pesar de que la medida fue apelada, la Justicia consideró que para reanudar su servicio, la CPE deberá obtener una autorización provisoria del organismo, hasta que se lleve a cabo el llamado a concurso en esa localidad. La acción judicial fue iniciada por los canales Pampa TV, Multicanal y ATVC que, en un primer momento, habían recurrido al Juzgado Federal de Santa Rosa, sin poder alcanzar un fallo favorable. Ahora, desde la CPE esperan obtener el permiso en los próximos días para, de esa forma, reanudar el servicio. “La solución de esta problemática depende de las nuevas autoridades. Nosotros pretendemos resolver rápidamente esta situación en el Comfer, sin que nos pidan aportes excepcionales como ya nos ha pasado”, afirmó el presidente de la CPE, Oscar Nocetti. Por su parte, el asesor de la CPE, Omar Gebruers, manifestó que los cables “presentaron en Santa Rosa un pedido de medida autosatisfactiva, una especie de medida cautelar en la que pedían que se impidiera a la Cooperativa transmitir televisión abierta. Como el juez federal de aquí no los autorizó, la presentación quedó un tanto desactivada”. Pero, según se quejó Gebruers, “los mismos actores de este juicio buscaron un juez de Buenos Aires y le pidieron lo mismo, lo cual no es válido porque ya hay cosa juzgada. Pero evidentemente ellos salieron a buscar un magistrado y lo consiguieron porque la jueza Susana Córdoba decidió inmediatamente prohibir las transmisiones”