R&TA :: TELEVISION | ED. 82 > PAGINA 12

Avance tecnológico

Buscan desarrollar una norma propia
para la televisión digital

> Es a través de un proyecto presentado en Diputados. Una vez aprobado comenzarían con los estudios de factibilidad técnica para el desarrollo de una norma propia en el país

En febrero, el ministro de Ciencia y Tecnología de Brasil, Roberto Amaral, propuso al gobierno argentino un proyecto para desarrollar en conjunto una norma propia para la televisión digital. Desde 1998 en Argentina, los canales de televisión han realizado diferentes pruebas alineándose detrás de las normas extranjeras. Actualmente sólo existen tres, la de Estados Unidos, Europa y Japón. Y según los técnicos especializados, el mercado potencial es de aproximadamente 1500 millones de televidentes. Mediante un proyecto de ley presentado por la diputada nacional Cecilia Lugo de González Cabañas, se pretende que el país pueda iniciar los estudios de factibilidad técnica para adelantarse en el proceso de avanzada tecnológica por donde discurren los restantes países del mundo. En este sentido, Lugo aseguró que “independientemente de la actual situación macroeconómica en donde se inicia un proceso de sustitución de importaciones que brinda en estos momentos sus primeros resultados en lo referente a la tecnología, es imprescindible y elemental generar este tipo de iniciativas. Dado que la importación de tecnología es más que costosa y considerando las potencialidades de los cientos de jóvenes científicos que nuestro país posee”. El texto apunta a generar las normas adecuadas para que los actores del sector de la tecnología puedan desarrollar sus actividades con el suficiente apoyo, en el sentido más amplio, legal, económico y social. Una vez aprobado el proyecto, deberá -en un plazo no mayor a 90 días- proceder a efectuar los estudios de factibilidad técnica. La aplicación estará a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y el Ejecutivo será el encargado de destinar las partidas presupuestarias para la ejecución de la ley. Antecedentes Actualmente tres sistemas digitales dan vuelta en el mercado. El ATSC (EE.UU.), el DVB (Europa), y el ISDB (Japón), que amenaza con revolucionar las decisiones finales. Sin realizar pruebas, el país, en un primer momento se decidió por el estándar americano. Luego comenzaron a realizar pruebas y por ejemplo, evaluaciones brasileñas recomiendan no utilizar la norma ASTC, con lo que peligraba la idea de tener un estándar común en el Mercosur. Al respecto, una de las redes privadas de televisión más importante de Brasil, estudia junto con las universidades la forma de implementar la televisión digital en su país. Allí consideran que la televisión digital es el futuro ineludible de la TV. Sin embargo, entre las posibilidades de una TV standard (SDTV) y una TV de alta definición (HDTV) se inclinan por la digital, ya que consideran que el gran cambio para el público se producirá desde esa perspectiva. La disyuntiva que se presentaba era la decisión sobre cuál de los dos sistemas era posible adoptar para nuestros país. La misma situación se registró en la década del ´70 cuando se debió optar por un sistema de TV color y se prefirió el europeo modificado PAL N. Brasil eligió PAL M y otros países americanos optaron por el NTSC de Estados Unidos. Ahora, la postura de Brasil resultó “muy interesante” para el Ejecutivo local porque plantea chequear los distintos sistemas, realizar pruebas de campo y exigir a los dueños de la tecnología, tanto de Europa como de Estados Unidos, que brinden sus posibles soluciones a los problemas que se pueden presentar en caso de optar por uno u otro sistema. En Brasil, los estudios para lanzar una norma propia surgieron a comienzos de este milenio, con el fuerte posicionamiento de las nuevas tecnologías en el resto del mundo. Argentina no estaba en las mismas condiciones económicas que Brasil. A comienzos de 2000 y en medio de un recorte de gastos que afectaba a todos los niveles del Estado, el país no disponía de recursos para ser invertidos en una investigación como la que realizó el país vecino. En aquel momento, el ingeniero Cayetano Grossi, de la Asociación del Personal Jerarquizado del ex ATC, se quejó porque el canal “había sido discriminado una vez más. A nosotros nos dejaron afuera y creo que en gran medida las decisiones fueron manejadas por los canales privados: eso me pareció muy desprolijo”. Además, resaltó que el sistema ATSC estaba siendo cuestionado en el propio Estados Unidos. Tanto el consejo directivo de CAPER como de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) coincidían en apoyar el sistema americano. Por su parte, Canal 11 y Canal 13 hicieron pruebas sólo con el sistema ATSC, pero no se dispusieron a hacerlo de la misma manera que Brasil. En aquel entonces, la posición de las empresas privadas se enmarcaba en que las propias potencias que desarrollaron los estándares, encuentren la solución para cada país. Si bien es cierto que el escenario internacional presenta numerosos avances tecnológicos, caben también la misma cantidad de problemas técnicos que aún siguen sin solucionar, incluso en los países más avanzados

Aseguran que continuará con su programación habitual

Canal 9, en concurso preventivo
de acreedores

Luego de varios despidos y una búsqueda frustrada de inversores extranjeros, Canal 9 decidió presentarse a concurso preventivo de acreedores. Mediante un comunicado, Telearte señaló que la medida fue adoptada para “reestructurar su deuda, revertir la situación de déficit operativo constante, continuar con sus actividades y programación habitual, y así proteger las fuentes de trabajo”. En este sentido, el texto indica que “el grupo, durante los primeros 5 meses de gestión, aportó fondos por $ 15.300.000 para operar un canal que había comprado a libro cerrado. Paralelamente inició un proceso de renegociación de su pasivo, principalmente por deudas contraídas en el exterior por Telefónica de España, relativas a la compra de material fílmico”. Según el comunicado, en la actualidad, los embargos trabados sobre las cuentas corrientes de sociedades del grupo -ocasionados principalmente “por los juicios laborales” originados en “administraciones anteriores”- “se extendieron además a las cuentas a cobrar que las mismas tienen con agencias de publicidad. Con estas medidas se obstaculizó no sólo la operatividad de la empresa, sino también el flujo de ingresos genuinos a la misma”. A partir de esta situación, “conforme a las leyes vigentes, el grupo se vio obligado a presentarse en concurso preventivo, para garantizar la continuidad de una industria cultural que brinda un servicio a la comunidad y preservar así una importante fuente de trabajo”, revela la nota. En tanto, el comunicado también indica que el canal “ya ha establecido contacto con proveedores locales para renegociar la deuda y continuará con su operatoria normal y su programación habitual”. La emisora fue adquirida por el empresario Daniel Hadad en julio del año pasado. En los últimos días, el canal despidió a 7 empleados y, según trascendió, en las próximas horas le llegarían el telegrama a otros 40 trabajadores

Por coacción agravada

Detuvieron a un periodista de “El Guardián”

> Se trata del corresponsal de Mendoza, que fue denunciado por el propietario de un canal de esa provincia. Estuvo demorado en una dependencia, aunque luego de unas horas fue excarcelado. Pero continúa imputado. Según indicaron desde la Justicia, el periodista habría amenazado al dueño de la emisora para que se desprendiera de sus acciones

El corresponsal de Mendoza del semanario El Guardián fue detenido, acusado por el delito de coacción agravada. Sin embargo, horas más tarde fue excarcelado, aunque continúa imputado. Según trascendió, el periodista Cristian Pérez Barceló fue capturado luego de que el titular del Canal 9 de esa provincia, Sigifredo Alonso, denunció ante la Justicia que recibía amenazas anónimas que le exigían desprenderse de sus acciones de la emisora y de la sociedad Magna Inversora. Esta última fue la que adquirió, junto al Grupo República, el Banco de Mendoza. Al parecer, Alonso habría declarado que las amenazas estaban vinculadas a este semanario, que publicó diversos artículos hablando sobre la vida privada del propietario del canal. En diciembre del año pasado, el empresario también denunció un intento de secuestro que fueron vinculadas nuevamente con las amenazas. El juez Daniel Carniello, a cargo de la causa, fue quien entonces decidió pinchar los teléfonos del periodista acusado para revelar la identidad del culpable. Entre las desgrabaciones de los llamados, se encontraría una en la que el corresponsal solicita $4.000 para pagarle a dos prostitutas que habría contratado para perjudicar a Alonso. En este sentido, los trascendidos también indican que de ese dinero le habría dado $2.000 a las prostitutas y el resto se lo habría quedado él. En la causa también estaría implicado el empresario Raúl Moneta ya que lo vinculan como presunto propietario de El Guardián. A esto se suma una supuesta conversación que habría sido grabada entre Pérez Barceló y Moneta donde se refieren a las amenazas y a personas que tienen vinculación con Alonso. Además, el Grupo República, socio del propietario de la emisora, estaría en manos de Moneta. En otra de las llamadas interceptadas, el corresponsal haría una continua mención a un presunto periodista mendocino colaborador de El Guardián, al que nombra como “Enrique” y que ahora el juez Carniello trata de identificar. Pérez Barceló fue interceptado en una avenida céntrica de la provincia y luego fue alojado en una dependencia de la Dirección de Investigaciones de Mendoza. Horas más tarde, estuvo frente al juez Carniello, del Octavo Juzgado de Instrucción de la ciudad de Mendoza. En los tribunales trascendió que el acusado no respondió a la indagatoria. Según el código penal, el periodista podría “ser reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años por el uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad”