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Comenzó
la carrera para sancionar una nueva ley de Radiodifusión |
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Diputados y Senadores emprendieron el camino por separado
Comenzó
la carrera para sancionar
una nueva ley de Radiodifusión
JULIO BARBARO |
Campana de largada. En el ámbito legislativo, a través de ambas cámaras, lanzaron la carrera para sancionar una nueva ley de Radiodifusión. Cada uno a su manera, con sus propios mecanismos y gestiones, buscan consensuar un proyecto que culmine con una etapa de marchas y contramarchas para desterrar la actual legislación, sancionada en 1982, durante la dictadura militar. Tanto Diputados como Senadores comenzaron a transitar un camino paralelo que, hasta ahora, no vislumbró cruce alguno, aunque el proyecto que finalmente se vote deberá ser aprobado en ambos recintos. Y en este camino que iniciaron, el tiempo vale más que oro. Todo indica que si la ley no es sancionada antes de que se lleven a cabo las elecciones nacionales legislativas, la historia volverá a repetirse y el proyecto quedará momentáneamente en el olvido. Así, mientras que las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se reunieron con el interventor del Comfer, Julio Bárbaro, para acordar los contenidos de la nueva ley, la Cámara de Senadores iniciará una consulta pública para consensuar el proyecto sobre la base de un texto presentado por el legislador radical Eduardo Moro que, entre sus objetivos, señala que pretende “promover la difusión de los valores fundamentales del cooperativismo, contribuir con la educación formal e informal de la población y fomentar las actividades que conforman y difunden el patrimonio cultural de las diversas regiones que integran la Nación”. En los próximos días, Bárbaro volverá a pisar los pasillos de la cámara baja para encontrarse nuevamente con la Comisión de Comunicaciones y realizarle las últimas pinceladas al proyecto consensuado entre los legisladores y el Ejecutivo. Según adelantaron en la última reunión, el texto se basará en los proyectos ya presentados en la cámara durante 2001, cuando la comisión, junto con el ex interventor Gustavo López, realizó una serie de audiencias que, finalmente, terminaron convirtiéndose en un proyecto frustrado. Una vez terminado el texto, la intención es llevarlo rápidamente al recinto para que sea tratado antes de que se lleven a cabo las elecciones legislativas y la Comisión de Comunicaciones sea renovada. De todos modos, el diputado por el Partido Socialista Héctor Polino manifestó, durante el encuentro, que “es preferible ingresar modificaciones a la ley actual para poder alcanzar un cambio” ya que “tal como está estructurada la cámara, los tiempos no nos van a dar para sancionar una nueva ley antes de las elecciones”. Sin embargo, tanto Bárbaro como la mayoría de los diputados reunidos coincidieron en intentar avanzar en la sanción de un nuevo texto. La legisladora por el Frente Grande Irma Parentella aseguró que “es absurdo que sigamos teniendo una ley que fue realizada durante la dictadura”, aunque reconoció que “cuando llega el momento de sancionar, nadie quiere quedar mal con algunos sectores, pero esto no da para más”. “Si las leyes no salen es porque nosotros no levantamos la mano”, enfatizó la diputada. En tanto, el legislador radical Pedro Calvo admitió que “existen lobbys poderosos que impiden la existencia de una nueva ley, por lo que deberíamos buscar otros mecanismos que permitan la sanción”, advirtió. Esta fue también la preocupación que dejó entrever la Comisión de Libertad de Expresión en la reunión que mantuvo con el actual interventor del Comfer. Los legisladores manifestaron su temor ante la posibilidad de que “los grandes medios hagan lobby” y “frenen” la sanción. Durante la reunión, los diputados no dudaron en afirmar que fueron los “medios monopólicos” los que frenaron la sanción de la ley durante los últimos gobiernos. En este sentido, el legislador Gerardo Conte Grand sostuvo que “existe temor de la dirigencia política a plantear temas en relación a los medios y que no aparezcan más en pantalla o en las páginas de los diarios”. Las reuniones que los diputados mantuvieron con Bárbaro también despertaron un viejo conflicto que mantienen con los senadores vinculado a la votación de esta ley. Parentella, por ejemplo, se preguntó cuál será el papel del Senado en esta sanción ya que el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la cámara alta, Guillermo Jenefes, “es empresario de un medio”. A tono con las declaraciones de Parentella, la diputada Irma Roy manifestó que el hecho de que Jenefes esté al frente de Comunicaciones en el Senado, siendo “empresario de un medio”, “arruina el objeto de la comisión”. Por lo pronto, los senadores también jugaron su ficha. Durante una reunión de asesores, adelantaron la apertura de esta consulta pública para consensuar el proyecto de Moro con todo el sector. El objetivo: evitar lo ocurrido en las audiencias públicas realizadas durante el gobierno de Fernando de la Rúa donde las declaraciones de los referentes del sector sólo quedaron en meras palabras. De todos modos, los asesores acordaron reunirse recién en agosto para delinear el proyecto con la inclusión de los comentarios recogidos en la consulta pública. Esta vez el Poder Legislativo deberá moverse con agilidad. De lo contrario, la nueva ley quedará una vez más en el olvido
> Cuestionó a un grupo mexicano que posee nueve radios El Comfer busca evitar las concentraciones en radios y TV El interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Julio Bárbaro, anunció que estudia medidas para poner fin a la concentración de medios de comunicación en manos de un solo grupo y, para eso, señaló que el organismo empezará “a ordenar”. Bárbaro también aseguró que tomará medidas para que “se ponga fin” al sistema de “coproducción” en radios y canales de televisión, por estimar que “son alquileres de radios” que “no se dieron en concesión con ese propósito”. “Cuando el Estado otorga una licencia a un grupo por su proyecto, eso no implica alquiler. Por este motivo, hay que frenarlos; el concurso es por antecedentes y por historia, una onda no es un local ocupable”. En este sentido, reveló que actualmente “hay entre cinco mil y siete mil radios truchas. Esto representa la marginalidad de la radiodifusión: no quiero que los grandes grupos sigan comprando todas las radios y los cables, porque en esa uniformidad muere la identidad cultural”. En consecuencia, anunció que “promoveremos la desconcentración, apoyando a las empresas de comunicaciones medianas y chicas”. Bárbaro cuestionó particularmente a un grupo mexicano de comunicaciones, propietario de nueve emisoras radiales: “vamos a decirles que esto no va más, que deben vender, porque no pueden tener las nueve radios a su nombre, ni tampoco tener testaferros. Tienen que devolverlo al mercado nacional”. El interventor consideró que “hay que transparentar” la administración y puso de ejemplo a este grupo mexicano. “Vamos a preguntarles ¿quién es usted? ¿a nombre de quién están? Porque no pueden ser ni del portero ni del testaferro”, enfatizó |
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La presentación fue realizada por los mismos habitantes
Córdoba: Cooperativa obtiene amparo
> Usuarios de televisión de la zona rural de Mattaldi y de Nicolás Bruzone, del sur de Córdoba, obtuvieron un amparo para continuar con el servicio de TV. La transmisión estaba por suspenderse por orden del Comfer
El juez federal de Río IV de Córdoba, Luis Martínez hizo lugar a una demanda de amparo solicitada por los habitantes de la zona rural de Mattaldi y de Nicolás Bruzone para “garantizar el derecho a los usuarios del servicio de televisión de continuar recibiendo la señal que se emite en UHF por Mattaldi Cable Color”. Esta empresa, que nació como una iniciativa propia de los habitantes del lugar, reunidos en la “Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Mattaldi Ltda”, estaba obligada a dejar de trasmitir. El Comfer había considerado clandestina la emisión en UHF y ordenó el decomiso de los equipos, aunque se habían realizado todos los trámites necesarios para obtener la autorización. Es que la zona donde se encuentra el canal, no sufre conflicto alguno para recibir la frecuencia y tampoco existe otro oferente que requiera esa misma autorización. Según figura en el fallo, “las sucesivas suspensiones de los concursos para otorgar las frecuencias implica matar el derecho de acceso a la información de las personas de aquellas poblaciones del interior del país en donde la carestía o escasez es de oferentes para la explotación de frecuencias y no de superposición de empresas”. En este sentido, la solicitud de amparo presentado por el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe señala que la resolución del Comfer representa “una verdadera afrenta y lesión para el habitante común y olvidado del país. Negarle la vigencia de esa posibilidad implicaría imponerle una capitis diminutio que degradaría su status de ciudadano a súbdito”. De esta manera, la Justicia hizo lugar al amparo presentado y se declaró nula la resolución por la cual figuraban como clandestinas las emisiones y ordenaba el decomiso. En este sentido, el fallo ordena al Comfer que, en el término de quince días proceda a resolver el pedido de Mattaldi Cable Color referido a la licencia. También ordenó a la prestadora del servicio que realice “todos los actos, diligencias y gestiones necesarias que le fueran requeridas a los fines de la conclusión del trámite administrativo de ampliación de la licencia televisiva en la banda UHF” y advirtió que, en caso de que no se cumpla la orden judicial, se aplicarán no sólo sanciones económicas, sino también desde 15 días a un año de prisión
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