R&TA :: POLITICA DE RADIODIFUSION | ED. 83 > PAGINA 6

Después de las reacciones de las agrupaciones de periodistas

Revisarían el nuevo régimen de locutores

Luego del enfrentamiento entre periodistas y locutores que originó el nuevo Régimen de Locutores, el interventor del Comfer, Julio Bárbaro, puso paños fríos al conflicto al manifestar que el régimen “debe ser consensuado entre ambos sectores. Trabajan juntos, por lo que no pueden haber conflictos entre ellos”. De esta manera, el funcionario dejó entrever que el texto que regula la actividad de los locutores podría ser nuevamente discutido y acordado con las principales agrupaciones de periodistas. El régimen, que fue lanzado hace aproximadamente un mes, fue tan defendido como bombardeado. Mientras que la agrupación Periodistas “impugnó y rechazó enérgicamente este intento de poner limitaciones a la actividad de los periodistas”, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresó su “más enérgico repudio” al reglamento firmado en los últimos días de la gestión de Carlos Caterbetti al frente del Comfer. “A último momento, sigilosamente, el funcionario del gobierno anterior firmó un decreto inexplicable que surgió a la superficie en el Boletín Oficial recién cuando se habían instalado las nuevas autoridades nacionales”, señala el comunicado de Periodistas. El decreto establece que la difusión de noticias esté a cargo de locutores y, según la agrupación, “restringe” la libertad de los periodistas para hacerlo. “Para cumplir con él, muchos de los periodistas de radio y televisión -entre ellos algunos de los más reconocidos por la sociedad- tendrían que retirarse de la profesión. Pedimos a las nuevas autoridades que tomen a su cargo la tarea sencilla de revisar este despropósito”, asegura. En tanto, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba) afirmó que el régimen constituye “una nueva violación del Estatuto del Periodista, según se desprende de la resolución publicada en el Boletín Oficial. Sin considerar la existencia de la legislación previa, a través de la ley nacional l2.908, para el desempeño de tareas específicamente periodísticas, el Comfer dictó una resolución que, en el marco de la reglamentación de las funciones de los locutores, le asigna a éstos tareas que no son de su incumbencia. La iniciativa ya había sido desechada en 1999, en lo que se denominó la Ley del Locutor, precisamente a raíz de su manifiesta contradicción con las normas jurídicas que regulan el ejercicio profesional del gremio de prensa. “La aprobación de semejante intento, desde ya por demás ilegal, representaría trasladar ciertas categorías de trabajo a otros sectores de la comunicación, situación que escapa a cualquier facultad del citado organismo”, sostuvo la Utpba. Por su parte, la FATPREN presentó en el Comfer una solicitud de revocación de la Resolución Nº 709/2003, que fija el régimen de habilitación, así como sus funciones, categorías, ámbitos de desempeño. Por “nulidad absoluta e insanable” lo hizo al advertir que en el texto de la reglamentación impuesta por la mencionada resolución “se embate contra la existencia de incumbencias profesionales de los trabajadores de prensa, reguladas y establecidas por la legislación nacional vigente (Ley Nº 12.908)”, sostiene la federación a través de un comunicado. La FATPREN advirtió, además, que la resolución habilitaría al locutor, independientemente de si lo hace con exclusividad o no, para el tratamiento de noticias desde el lugar de los hechos; así como el de analizarlas y editorializarlas o realizar entrevistas y reportajes. Según la federación, “previamente le otorga la exclusividad en la difusión de boletines y noticias. Ello significa que de aquí en adelante un periodista no podría – nada más ni nada menos – difundir noticias, colisionando así de manera grave con la legislación nacional e internacional vigente”. La organización nacional de los trabajadores de prensa también efectuó una presentación ante la COSITMECOS, donde comparten un espacio de trabajo diez organizaciones sindicales nacionales de los medios de comunicación social. En contraposición, la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) manifestó en relación a la reacción de las agrupaciones que “estos señores intentan confundir a la opinión pública y a las autoridades con esta afirmación hecha por desconocimiento del tema”. Así, la SAL aclaró que la lectura de boletines informativos, noticieros, noticias aisladas o agrupadas como tarea exclusiva del locutor fue reglamentada por el Estado hace 57 años a través del Decreto 13.474/46, al establecer las funciones del locutor en los medios de radiodifusión. “Desde entonces todas las normas legales dictadas por el organismo de contralor de las emisiones de radio y televisión que sucedieron al mencionado decreto contemplaban la lectura de noticias agrupadas o aisladas en radio y televisión como una tarea exclusiva de los locutores. La actual Resolución no hace más que ratificar esas funciones exclusivas del locutor establecidas”, sostuvo. Respecto de las declaraciones de la agrupación Periodistas acerca de que muchos periodistas tendrían que retirarse con este nuevo régimen, la SAL aseguró que constituye “una apreciación falaz en un intento por reivindicar un derecho que nunca se tuvo”. Por el contrario, “podemos afirmar que muchos locutores de noticiero en televisión debidamente capacitados durante años de estudios en el ISER o en institutos adscriptos a éste, se han visto desplazados de la lectura de noticias por periodistas sin habilitación para ejercer las funciones exclusivas del locutor”

Las gestiones para sancionar la nueva ley de Radiodifusión

Un sector de Diputados solicitó la
inclusión de las cooperativas

El proyecto de ley consensuado entre la cámara baja y el Poder Ejecutivo para sancionar una nueva ley de Radiodifusión podría incluir a las cooperativas como prestadoras de radio y televisión. Al menos, así lo manifestó el diputado socialista Héctor Polino durante la reunión que mantuvo la Comisión de Comunicaciones y el interventor Julio Bárbaro. En tanto, la Comisión de Asuntos Cooperativos entregó un documento a las autoridades del Comfer que solicita la autorización para las transmisiones de la cooperativa pampeana. El presidente del Consejo de Administración de la CPE, Oscar Nocetti; el gerente Ariel Martínez; y el asesor legal Omar Gebruers, detallaron el proceso del proyecto de televisión abierta y gratuita, ante los miembros de la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, de la Cámara Baja. El encuentro se produjo como corolario de la invitación hecha a la cooperativa por los diputados Mario Cafiero e Irma Parentella. Así, las críticas a la ley 22.285, la pelea con las firmas privadas de televisión por cable, la recolección de firmas para tratar el proyecto, la asamblea popular, y la cuestión judicial, fueron parte de la extensa exposición. Los legisladores a favor de la idea de incluir las cooperativas dentro de la nueva ley de Radiodifusión entregaron su declaración a la comisión en la reunión que mantuvo con Bárbaro. Nocetti señaló que «aquí se reiteró en un plano más general la anterior situación y la conformidad para avanzar en la sanción de una ley que derogue la 22.285 de la última dictadura o, en su defecto, la modificación parcial del artículo 45 que impide a las entidades sin fines de lucro prestar servicios de televisión y radio». Entre los presentes también se encontraban empresarios privados de televisión. Nocetti adelantó que la nota producida en la Comisión de Asuntos Cooperativos será presentada en primer lugar al Consejo de Administración de la CPE y luego se hará pública en su totalidad. «Es de destacar que en todos los casos de modificación se prevé la inclusión de las cooperativas como prestadores de estos servicios de radiodifusión», sostuvo