R&TA :: RADIODIFUSION | ED. 84 > PAGINA 10

A través de un proyecto del Senado

Buscan ordenar las comunicaciones electrónicas

Es una iniciativa del legislador justicialista Angel Pardo. Incluye los servicios de telefonía, transmisión de datos e Internet. Pretende promover la competencia, establecer medidas antimonopólicas y evitar abusos

El senador justicialista Angel Pardo presentó un proyecto con el objetivo de “ordenar” y “desarrollar” el sector de las comunicaciones electrónicas. El texto podría comenzar a ser tratado en los próximos días en la Comisión de Comunicaciones de la cámara alta, para luego pasar al recinto. Según el texto, el proyecto de ley tiene como propósito “promover la competencia en la prestación de los servicios públicos y de interés público, garantizar los derechos de los usuarios, lograr una radiodifusión abierta pluralista, plena libertad de expresión y mejores contenidos”. El proyecto indica que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) será el encargado de controlar las comunicaciones electrónicas a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Entre los servicios que incluye el texto se encuentran la telefonía, transmisión de datos, internet, concentración de enlaces, telefonía móvil, televisión por cable, televisión por medios inalámbricos y transmisión de imágenes. De acuerdo con lo que señala el senador correntino en el proyecto, todas las medidas de la Autoridad de Aplicación (AA) deberán considerar “maximizar la competencia, factibilizar la interconexión de redes, sistemas o plataformas, posibilidad de acceso al abonado y la mejor defensa de los consumidores”. También apunta a “minimizar dentro de lo posible” toda regulación, en particular en las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones, como por ejemplo, operadores independientes de las grandes operadoras, cooperativas telefónicas, operadores de televisión por cable u otros servicios. Los distintos artículos del proyecto consideran el artículo 42 de la Constitución Nacional, según advierte el texto. En este sentido, el propósito consiste en alcanzar “la libre competencia, la prioridad y defensa del usuario y del público en general, el establecimiento de medidas antimonopólicas y la participación del capital privado”. También busca “evitar abusos” de situaciones dominantes, libre interconexión de redes-plataformas-servicios-sistemas, otorgar seguridad jurídica a la participación de los sectores privados, máxima penetración de los servicios de telecomunicaciones, interconexión de redes o servicios en condiciones no discriminatorias y mayor participación de la industria nacional.

Presentaron dos proyectos

Quieren eliminar el decreto que beneficia a provincias y municipios

El Senado presentó dos proyectos de ley para derogar el decreto N° 1214 que sustituyó al artículo 11 de la Ley 22.285. El objetivo consiste en remover la normativa que habilita a las provincias y municipios tener determinados servicios de radiodifusión. A través del decreto firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde días antes de dejar su mandato, se permite al estado provincial prestar un servicio de televisión abierta y radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM), en tanto que los municipios pueden acceder a una licencia de modulación por frecuencia (FM). En este sentido, la senadora nacional (PJ) Graciela Bar -quien presentó uno de los proyectos- indicó que “el citado decreto adolece de vicios de forma y de fondo que lo tornan nulo, de nulidad absoluta”. “Se ha expresado con acierto que la emergencia es una situación fáctica excepcional que altera negativamente a la sociedad o a alguno de sus sectores, impidiendo la concreción del bien común al desestabilizarla institucional, económica o socialmente, lo que provoca mayor intensidad en el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes del gobierno”, atribuyó Bar. Con la misma tesitura, el senador nacional por Salta Ricardo Gómez Diez y el senador nacional por Tucumán Pablo Walter presentaron otro proyecto de ley para pedir que se lleve a cabo la misma medida. Gomez Diez aseguró que el poder ejecutivo ha dictado una norma que merece “serios reproches constitucionales, ya que no se encuentran dadas actualmente las circunstancias excepcionales”. Otro aspecto a destacar es la competencia desleal que se dispone con la creación de un medio estatal provincial y municipal al exigir a los medios competidores (privados) el pago de los impuestos nacionales y provinciales. Esta es una carga impositiva que no deberá ser afrontada por un medio estatal, generándose así una competencia desigual que “va a profundizar la crítica situación financiera de los medios de comunicación privados”, agregó Bar. Ambos proyectos constituyen un aporte más a la reacción inmediata que tuvo la firma de este decreto. No sólo legisladores y funcionarios salieron a reprochar los alcances de esta normativa, sino también la mayoría de las asociaciones y entidades que agrupan al sector de la radiodifusión.