R&TA :: RADIODIFUSION | ED. 85> PAGINA 8

> “Un 50% de los abonados volvieron a conectarse ilegalmente”
> Avanzan en el proyecto de subtitulado para TV
> Denuncian ataques a la libertad de expresión en Córdoba

 

Lo aseguró el presidente de ATVC, Walter Burzaco

“Un 50% de los abonados volvieron a conectarse ilegalmente”

El titular de la asociación que agrupa al sector del cable se refirió así a los clientes que recuperaron el servicio luego de darlo de baja, como consecuencia de la crisis argentina. Sostuvo que la evasión producida por esta situación supera los 100 millones de pesos. También criticó el ingreso de las cooperativas en caso de que se sancione una nueva ley de Radiodifusión. Fue durante la inauguración de las jornadas de Acorca.


WALTER BURZACO
Hubo un fuerte incremento de las conexiones ilegales. Calculamos que un 50% de los clientes que se dieron de baja ante la crisis económica desatada en el país a finales de 2001, volvieron a conectarse ilegalmente”. Con esta declaración, el presidente de ATVC, Walter Burzaco, delineó el escenario de clandestinidad que actualmente sufre el mercado de la TV por cable.
Como consecuencia, la evasión provocada por esta situación también se convirtió en blanco del discurso llevado a cabo durante la inauguración de las jornadas Acorca, de Córdoba. “El Estado tiene una enorme evasión por la ilegalidad, que podemos valuar en más de 100 millones, si sólo contamos la pérdida correspondiente al 21% del IVA, y la excesiva tasa del Comfer, que va del 3,5% al 5,5%”, aseguró Burzaco.
Respecto de la carga impositiva, sostuvo que “se buscó aliviarla con los convenios de competitividad, y luego computando las contribuciones patronales como crédito fiscal del IVA”. Sin embargo, “hoy no tenemos nada, pese a las promesas recibidas”, se quejó.
Actualmente, el sector de la TV por cable afronta el pago de la alícuota máxima de IVA; el Comfer; el Impuesto a las Ganancias; Ingresos Brutos (provinciales); Espacio Aéreo, Industria y Comercio, Seguridad e Higiene (municipales), SADAIC, Fondo Nacional de las Artes, Argentores y AADI-CAPIF.
Por otra parte, el ejecutivo de CableVisión exigió que se apruebe la reforma del Código Penal en el Senado para atacar la clandestinidad y sostuvo que “es imprescindible castigar la venta de decodificadores ilegales y el robo de la señal de TV por Cable”.
“Este delito perjudica a las empresas en pérdida de clientes; pérdida de facturación; y aumento de costos por daños y reposición de materiales. Los clientes sufren por la degradación de la calidad de imagen, y son víctimas de las organizaciones delictivas”, manifestó.
De todos modos, Burzaco estimó que la penetración del cable llega al 46% de los hogares y señaló que la caída de abonados “se detuvo. Comenzó moderadamente en 1999 y tuvo su pico entre fines de 2001 y principios de 2002”.
Hoy, las empresas de TV por Cable llevan adelante su gestión “con esfuerzo, invirtiendo a riesgo y empleando miles de trabajadores en forma directa, sin ningún tipo de subsidio y pagando cifras millonarias en impuestos”, deslizó el presidente de ATVC durante la apertura de la edición Nº 12 de las jornadas cordobesas.
Sin embargo, tanto Multicanal como CableVisión, las operadoras más importantes del mercado, redujeron en promedio más del 10% de su cartera de clientes. En junio de 2002, CableVisión tenía 1.312.000 de abonados, en tanto que un año después la cifra se había reducido a 1.181.000, un 9% menos. Por su parte,
Multicanal pasó de tener 1.180.000 a poco menos de un millón, lo que produjo una caída del 15% de los clientes. Hoy, ambos MSO están en default, por lo que se encuentran en pleno proceso de reestructuración de sus deudas.

Sanción

La ley de Radiodifusión tampoco escapó a las quejas de la asociación que agrupa al sector del cable. En un tono poco complaciente, Burzaco manifestó que “como no nos han consultado, aprovechamos para dar nuestra opinión sobre los sujetos jurídicos que puedan acceder a la titularidad de las licencias”.
“El sistema legal debe impedir el acceso de las empresas de servicios públicos, o con privilegios públicos, precisamente para defender la reglas del mercado. Peor aún es el caso de las cooperativas, que además cuentan con la posibilidad de licuar sus pérdidas en otras actividades”, disparó el ejecutivo al frente de ATVC.
En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre las empresas privadas y las cooperativas, Burzaco afirmó que éstas últimas “tienen beneficios impositivos; posibilidad de concretar subsidios cruzados; disponen de una posición dominante de mercado; y clientela cautiva. Por ello son un monopolio de hecho, y su actividad debe estar sujeta a una intensa regulación administrativa”.
El presidente de ATVC también se refirió a las declaraciones del sector de cooperativas durante una reunión que mantuvieron días atrás. “Una vez más un dirigente del sector cooperativo llamó a sus seguidores a desobedecer la ley para evadir la prohibición que rige a estas entidades para dar servicios de radiodifusión”, apuntó.
En este sentido, advirtió que este “adalid de ilegalidad”, “no tuvo reparos” en proponer “este desafío ante sus compinches sin ahondar en argumentos y en tono exaltado”. Además, en esta reunión se “propuso no sólo desobedecer las leyes vigentes, sino también los fallos adversos de la Justicia”. De todos modos, indicó que el mensaje “careció del respaldo esperado por las autoridades nacionales”.
Para Burzaco, la regulación en el sector debe tener exigencias concretas acerca de las condiciones que deben reunir los que puedan acceder a una licencia, para que la competencia sea pareja cuando se disputa un mismo mercado. “Legislar modificando el marco jurídico vigente sería contrario al artículo 42 de la Constitución Nacional, que impone a las autoridades proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”, señaló.
En tanto, sostuvo que “las cooperativas no tienen controles efectivos. De hecho, el organismo que las vigila se dedica a prohijar y avalar las actitudes de quienes, fuera de la ley, quieren entrar a la radiodifusión así sea por la ventana”.
A pesar de los reclamos, la entidad manifestó su apoyo al Gobierno para “acompañar la profunda reconstrucción que se está llevando”. Así, el titular de la entidad aseguró que el Gobierno puede contar con “nosotros” para garantizar “la pluralidad de ideas, y para cimentar el desarrollo cultural del país; cumpliendo acabadamente con el derecho constitucional que tienen los argentinos de estar informados”.

 

La asociación de sordos se reunió en el Senado

Avanzan en el proyecto de subtitulado
para TV

Un grupo de la Asociación Argentina de Sordos (ASO) fue recibido por los asesores de la Comisión de Comunicaciones del Senado para volcar la necesidad de acceder a una ley que permita implementar el sistema de subtitulado Close Caption (CC) en los canales de televisión.
Ahora, se espera que en los próximos días los asesores convoquen a una reunión a las entidades que agrupan a las emisoras para analizar cuáles son las posibilidades de implementar este mecanismo.
Actualmente, el proyecto de ley que busca instalar este sistema cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados. Ahora, le toca el turno al Senado, aunque aún se encuentra en comisión para ser estudiado, sin tener todavía fecha de votación en el recinto.
También existe un proyecto presentado por la diputada pampeana Marta Osorio (PJ), que propuso exenciones de los impuestos a las ganancias y parte del IVA a los radiodifusores que inviertan en tecnología para realizar el subtitulado. De esta manera, la legisladora se sumó a la iniciativa similar promovida por el actor y ex diputado Luis Brandoni.
El sistema Close Caption consiste en una subtitulado simultáneo a la emisión del programa, que permite que sordos e hipoacúsicos puedan leer lo ocurrido en la emisión. Según informó la asociación, este servicio facilitaría el acceso a la información a los más de 3 millones de hipoacúsicos que habitan en la Argentina.
En este sentido, el líder de la Asociación Argentina de Sordos, Walter Vásquez, aseguró que el sistema “no es muy costoso” para los canales, sino que “depende de la voluntad que haya”. Además, confirmó que el close caption ya está disponible en los televisores vendidos desde 1998, ya que contienen el decodificador con la opción CC.

 

Señalan que centralizan la información pública

Denuncian ataques a la libertad de expresión en Córdoba

La agrupación Periodistas recibió en los últimos días una serie de denuncias relacionadas con un avance contra la libertad de expresión en Córdoba. Estas acusaciones dan cuenta de intimaciones, querellas, levantamientos de programas y presiones derivadas del Poder Ejecutivo provincial.
Las denuncias también señalan una absoluta centralización de la información pública a través de la Secretaría de Prensa que, de esta manera, “obstaculiza el contacto directo con el periodismo de todas las instituciones dependientes del estado provincial”, según informó la agrupación a través de un comunicado.
Las denuncias recibidas dan cuenta de casos de desplazamiento del periodista Beto Beltrán de la conducción del noticiero de Canal 2 y de una querella contra el periodista Sergio Carreras, de La Voz del Interior, por parte de la señora Olga Ritourt, esposa del gobernador provincial.
También denunciaron cortes de transmisión del programa Generación X, también de Canal 2, en momentos en que emitía un informe sobre la concesión de máquinas tragamonedas, tema por el que sus conductores ya habían recibido amenazas.
El levantamiento del programa Sociedad Anónima de Canal 10 fue otro de los casos denunciados por la agrupación. Estos sucesos se suman al desplazamiento del periodista Jorge Martínez, del noticiero de Canal 10. Martínez fue despedido y reincorporado al día siguiente por las reacciones que originó “esta arbitraria medida”, indica el comunicado.
Para contrarrestar esta situación, Periodistas anunció que llevará a cabo una serie de visitas que incluirán autoridades provinciales, y organismos representativos de la sociedad civil local.