Presentarán en dos meses el anteproyecto para la ley de Telecomunicaciones
Piden democratizar los medios de comunicación
Repudian ordenanza que prohíbe publicaciones sin habilitación
Crean la Cámara Argentina de Wireless

Culminó el congreso nacional

Presentarán en dos meses el anteproyecto para la ley de Telecomunicaciones

El Congreso Nacional de Telecomunicaciones finalizó y ahora será una comisión redactora la encargada de elaborar un anteproyecto de ley que será presentado en el Congreso en febrero o marzo para regular al sector.
Algunas de las conclusiones de las comisiones indican que se intentará determinar el costo de líneas fijas por minuto, por línea y región; en Servicio Universal, buscan que los recursos provengan del Presupuesto Nacional; y adelantaron que la CNC está elaborando un proyecto, actualmente en fase técnica, para llevar durante 2004 comunicaciones hasta 2.300 localidades de todo el país con menos de 500 habitantes que podría ser financiado vía el Fideicomiso o con una partida presupuestaria.
En cuanto a las licencias, el organismo comenzó un relevamiento para determinar las que están inactivas. Se calcula que en larga distancia existen 300 permisos y menos de 50 en servicio. Por eso, en Planificación anunciaron que habrá mayores exigencias para los futuros licenciatarios.
En tanto, el sector coincidió en que el Estado no debería tener injerencia en las tarifas, aunque existieron quienes plantearon establecer precios tope en algunos mercados específicos. Las cooperativas, por su parte, quieren que el Estado tenga mayor control sobre los costos de las operadoras.
Además, todos los sectores concordaron en la importancia de comprar insumos nacionales. También se propuso la creación de un Fondo Tecnológico destinado a financiar la inversión en Investigación y Desarrollo, pública y privada, que se financie con parte de los aportes que realizan las empresas de Telecomunicaciones en concepto de tasas de verificación y control (0,5% de los ingresos).
Durante el mes en que funcionaron las comisiones encargadas de debatir el proyecto para la futura ley de Telecomunicaciones, hubo una fuerte confrontación entre el sector privado y los sindicatos. Estos últimos pidieron que el Estado fije alícuotas de inversión y planes quinquenales y que valide su cumplimiento con una frecuencia bianual, reabrir todas las oficinas comerciales existentes al momento de la privatización y la eliminación de los pasantes.
Durante el cierre del congreso, presenciado por los principales empresarios del sector, el secretario de Comunicaciones de la Nación, Guillermo Moreno, afirmó que “el sector es un ejemplo ya que seremos los primeros que en forma organizada enviará un cuerpo normativo a las Cámaras que representa a todo un sector”.

Fue FARCO, a través de una carta al Presidente

Piden democratizar los medios de comunicación

Una Argentina democrática, sin exclusiones ni prebendas, requiere de una ley de Radiodifusión de la democracia y no penalizaciones a los que no cumplen la ley de la dictadura”. Esta es sólo una frase de la carta que el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) le escribió al presidente Néstor Kirchner para que promueva la “democratización de los medios de comunicación” mediante la sanción de una nueva ley.
El objetivo es que esta nueva normativa contemple la situación de las radios comunitarias, ciudadanas y de los medios independientes. “La responsabilidad del caos que vive hoy la radiodifusión es de la administración del Estado”, según acusa el texto enviado al primer mandatario.
La carta señala que “hoy las organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro no pueden acceder a licencias. El denominado proceso de normalización de FM sigue postergado. Está en juego el derecho a la comunicación y el ejercicio de una actividad lícita que puede contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo”.
FARCO también se refirió a la intención del Senado de sancionar la ley “Mordaza”, que penaliza con hasta dos años de prisión a los emisores “no autorizados”. Muchos de ellos fueron condenados a una situación irregular “por la propia inacción del Estado o por la continuidad de una legislación que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha calificado como anticonstitucional”.
Así, los integrantes del foro se quejaron de que “mientras esto sucede con los pequeños y medianos radiodifusores, con las cooperativas y las entidades comunitarias, las grandes corporaciones controlan la información”.

Fue sancionada en la ciudad de San Pedro

Repudian ordenanza que prohíbe publicaciones sin habilitación

La Asociación Periodistas y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) expresaron su repudio a la ordenanza dictada por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Santiago del Estero, que “prohíbe todo tipo de publicación escrita, o comunicados, noticias radiofónicas o televisivas, revistas, diarios, volantes o cualquier tipo de medio gráfico, oral o audiovisual que no se encuentren habilitados por el municipio y/o normas que regulen los medios de información masivos”.
La ordenanza en cuestión autoriza también al ejecutivo municipal “a ejercer el poder de policía, haciendo uso de la fuerza pública, decomisando y aplicando sanciones pecuniarias a todos aquellos que incurran en la infracción”.
Además de “violar” la Constitución Provincial, la ordenanza “violenta también elementales principios de libertad de expresión establecidos en la Constitución Nacional y en la Convención Americana de derechos Humanos que prohíben explícitamente la instalación de censura previa por parte del estado”, posición que ha sido corroborada por la Comisión y la Corte Interamericanos y reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia, según manifestaron ambas entidades.
A esto se suma la adjudicación al Poder Ejecutivo Municipal del poder público al facultarse expresamente la adopción de medidas jurisdiccionales como el decomiso de los elementos de la publicación, atribuciones “vedadas desde antaño” no sólo a los poderes ejecutivos, sino incluso a los judiciales en el proceso constitucional de las provincias argentinas, de acuerdo con lo que señala el comunicado de ambas asociaciones.
En particular, la constitución santiagueña establece en su artículo 19, además de los principios de libertad de expresión e información, que “ninguna autoridad provincial o municipal puede dictar leyes, decretos u ordenanzas que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente el ejercicio de la libertad de expresión. Las instalaciones y equipos de los medios de difusión no pueden ser objeto de imposiciones extraordinarias, ni de clausuras, confiscaciones o decomisos. Toda norma en contrario es absolutamente nula”
El proyecto de ordenanza suscripto por los concejales Martina Carrizo y Argelino Aguirre fundamentan la resolución en “la necesidad de contar en el ámbito jurisdiccional con una publicidad escrita, radiofónica a televisiva habilitadas conforme a normas regulativas vigentes en la materia y que la misma no avasalle las buenas costumbres, asimismo, que no sea maliciosa o tendenciosa, y que ello implique que la población malinterprete dichas noticias”. Estos fundamentos son “contrarios” a los principios de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de octubre de 2000. Allí, La Comisión Internacional de Derechos Humanos establece que “condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.

Fue impulsada por técnicos especializados

Crean la Cámara Argentina de Wireless

Técnicos especializados crearon la Cámara Argentina Wireless (CAW), que ya obtuvo la aprobación de la Inspección General de Justicia para comenzar a funcionar. En tanto, la entidad inaugurará por estos días su sede social, que contará con un laboratorio de pruebas de equipos y tecnologías en el que se invertirán US$ 50.000.
La CAW, cuya creación fue impulsada por técnicos especializados en wireless del interior del país, además estará integrada por pequeños ISPs, cooperativas y fabricantes y vendedores mayoristas de equipos.