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La opción por la Dictadura y los negocios corporativos
Nombran miembros para la comisión del Episcopado y el Comfer

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Opinión

La opción por la Dictadura y los negocios corporativos

*Por el doctor Julio Raffo <jraffo@arnet.com.ar>

El marco normativo de la radiodifusión en la Argentina –que no merece la denominación de “ley” por su origen espurio, su naturaleza dictatorial y las enmiendas que le fueron introducidas a requerimiento del mejor postor- no satisface las necesidades de la sociedad.
Ello ha sido señalado, una vez más, por la reciente y formidable declaración de la Federación de los Trabajadores de la Comunicación (FETRACOM) sobre políticas públicas de comunicación y, en especial, sobre la necesidad de una nueva ley de Radiodifusión.
Hay consenso generalizado en la sociedad respecto a la necesidad de una nueva ley de Radiodifusión. Siempre hubo un fundado y legítimo reclamo para que las entidades sin fines de lucro puedan acceder a las licencias.
El concepto respecto de la naturaleza de la radiodifusión ha sido integrado en forma definitiva al ámbito de los Derechos Humanos y sólo las dictaduras invocan normas jurídicas para desconocer esos derechos fundamentales de las personas.
Los Derechos Humanos se deben ejercer con las normas, sin las normas o contra las normas, cuando ellas los cercenan, los impiden o los silencian.
Y es por esa razón, y con esa legitimidad, surgieron en nuestro país las radios alternativas o comunitarias.
Por ello la “...preocupación ante anuncios, actitudes y algunos llamativos silencios que, en el campo de las políticas públicas de la radiodifusión, podrían representar la continuidad de un proceso iniciado durante la última dictadura militar...” expresada por la FETRACOM debe entenderse como un urgente llamado a la movilización para remover los obstáculos que impiden la aplicación, en este sector, de los mismos principios de saneamiento, transparencia y defensa del interés nacional que el Poder Ejecutivo ha impulsado, con decisión, en la casi totalidad de las demás esferas de Gobierno.
Resulta llamativo, sino hipócrita, que los mismos intereses que invocan la “ley” vigente para señalar lo que consideran la “ilegalidad” de las emisiones de muchas radios comunitarias, actúen ilegalmente modificando los parámetros técnicos bajo los cuales las licencias les fueron concedidas, aumentando sin permiso la potencia de emisión, trasladando antenas, dejando de cumplir el perfil de la programación que fuera la base de la concesión, transfiriendo o adquiriendo la explotación comercial de emisoras bajo múltiples disfraces jurídicos, violando sistemáticamente el horario de protección al menor o el régimen publicitario, dejando de cumplir con las sanciones pertinentes, acumulando indebidamente licencias.
Recuerdo un diálogo con un significativo representante de una radio que reclamaba por la pretendida “ilegalidad” de las emisoras alternativas a quién le señalara que su emisora incurría en notoria ilegalidad por emitir con una potencia muchas veces superior a la autorizada, a lo cual me respondió sorprendido: “si no lo hacemos así, no llegamos a nuestra audiencia...”, a lo cual le respondí: “sucede exactamente lo mismo con las emisoras alternativas, si no realizan sus emisiones así, ellas tampoco llegan a su audiencia”.
Para que todos encuentren su lugar dentro de los parámetros de una ley justa, generada democráticamente, con la participación de los protagonistas de la radiodifusión y los sectores interesados en ella, es imperioso retomar con urgencia los trabajos legislativos para que tengamos una marco legal actualizado y comprensivo de los intereses de la sociedad argentina toda.
Mientras tanto, es responsabilidad del Poder Ejecutivo aplicar de inmediato el criterio sustentado por la Suprema Corte al declarar la inconstitucionalidad del artículo 45 de la “ley” 22.285 y para ello tiene a su alcance el instrumento idóneo –y nunca tan justificado- como son los decretos de “necesidad y urgencia” para proceder a su derogación.
Obstaculizar el ya avanzado proceso de generar una nueva ley de radiodifusión configura una opción por los valores y criterios de la dictadura y en favor de los intereses que se beneficiaron y se benefician con la inexistencia de una ley democráticamente generada, en la cual los intereses de la sociedad encuentren cabida y tutela, y los intereses monopólicos encuentren límites.

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Para el desarrollo de los medios católicos

Nombran miembros para la comisión del Episcopado y el Comfer

El arzobispo de Paraná Monseñor Mario Maulión nombró a los miembros, por parte de la Iglesia, de la comisión mixta creada por el Comfer y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con el objetivo de consolidar y desarrollar los servicios de radiodifusión que pertenecen al Episcopado.
De esta manera, Maulión, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, efectuó el nombramiento de los miembros de esta agrupación mixta CEA-COMFER, conformada a través de un acuerdo firmado el 12 de junio de 2001.
Según indicaron desde la comisión, el objetivo es que se pueda brindar una respuesta adecuada a cada medio que se encuentra en funcionamiento. Por esto “se ha venido trabajando en esta línea y la nueva Comisión Mixta continuará el camino emprendido”, explicaron.
La nueva Comisión Mixta CEA-COMFER estará en funciones, según lo que establece el convenio existente, hasta el 12 de noviembre de 2004 y ha sido formada con los siguientes integrantes por parte de la Iglesia Católica:
Miembros titulares: Monseñor Mario Maulión (presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social); Padre José Antonio Medina (secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicación Social) y Julio Rimoldi (responsable de las relaciones de la CEA con el Comfer).
Miembros suplentes: Padre Osvaldo Bufarini (presidente de ARCA, Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos); Ignacio Inzaurraga (Comisión Episcopal de Comunicación Social); Eduardo Barrantes (Arquidiócesis de Buenos Aires) y el ingeniero Mauricio Tulli (Radio María Argentina).

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