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Denuncian a cableoperadores por presunto lavado de dinero

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Irregularidades en las operaciones

Denuncian a cableoperadores por presunto lavado de dinero

Están involucrados los tres sistemas de TV por cable más importantes del país: Cablevisión, Multicanal y Supercanal. A cargo de la investigación se encuentra el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Bonadío, quien aseguró que “han existido conductas financieras delictivas en las empresas que lideran la actividad”.

Un nuevo escándalo vuelve a teñir el negocio de la televisión por cable. Extraños manejos corporativos y diferentes operaciones irregulares llevaron al juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Bonadío, a investigar por presunto lavado de dinero a los tres sistemas de TV por cable más importantes de la Argentina: CableVisión, Multicanal y Supercanal. La denuncia proviene de una investigación que realizó el actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rafael Bielsa, cuando era titular de la Sigen, según publicó Urgente 24 y Edición I.
El magistrado se encuentra convencido de que “han existido conductas financieras delictivas en las tres empresas que lideran la actividad” y llamará a indagatoria a importantes ejecutivos de las distintas compañías involucradas, a partir de mayo. En la industria, aparentemente, todavía no se tomado conciencia de la importancia del problema y dentro de las prioridades aparece la determinación de erradicar a las cooperativas de electricidad y el ingreso de nuevos competidores. Prueba de esto fue la preocupación generada en la sala “A” de la Cámara Federal de Córdoba cuando se confirmó el fallo de 1ra. instancia declarando la inconstitucionalidad del artículo 45 de la Ley 22.285, autorizando a la Cooperativa Telefónica de Servicio Público y Comunicaciones de Villa del Totoral Limitada, a ser adjudicataria de licencias para la prestación del servicio de radiodifusión.
Bonadío, comenzó la investigación a la TV por cable por un presunto delito, según el expediente, de violación de la ley de Radiodifusión, pero ahora también se sumó el supuesto lavado de dinero.

Escenario

Empresas como Multicanal, Supercanal y Cablevisión, han sufrido reiteradas modificaciones de los integrantes de sus personas jurídicas, rotaciones societarias que en escasas ocasiones se notificó debidamente al Comfer y menos aún se solicitó la aprobación de la transferencia, como lo exige la legislación vigente.
Además, sus directivos, en la mayoría de los casos, no cumplen con los requisitos que exige la norma para detentar la propiedad de esos sistemas.
Un caso paradigmático que se estudia en el expediente, son las sucesivas compras y ventas del Canal 5, de Mendoza, que fue comprado por un grupo empresario en $100 millones (US$ 100 millones, en ese momento), y vendido a los pocos meses en US$ 20 millones, para ser vuelto a comprar poco después en cerca de US$ 70 millones.
En este caso, los peritos de la Afip solicitaron, una ampliación de las pericias, aunque le han anticipado al Juez que todo el peritaje de la causa se encontrará terminado antes de mayo.

El Comfer avala la instrucción judicial

Para el Comfer, no hay duda de que la parte más grave de la investigación de Bonadío se la lleva CableVisión porque es 100% de inversionistas extranjeros, y esto viola una legislación vigente sobre participación accionista tope o máxima de extranjeros en una empresa de medios de comunicación local.
En este sentido, Bárbaro admitió que los accionistas extranjeros de CableVisión podrían ser beneficiarios de una interpretación del Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos sobre Promoción y Protección recíproca de Inversiones, suscripto en Washington, el 14 de noviembre de 1991 y convertido en legislación 24.124, el 26 de agosto de 1992.
Sin embargo, la Argentina debe renovar la vigencia del Tratado, y existe un profundo debate en el Gobierno acerca de la conveniencia de renovarlo sólo parcialmente.
Por su parte, el titular del Comfer en declaraciones radiales, explicó que “si Emmis, que era el operador que controlaba las frecuencias con mayor participación de mercado en el área más rentable del país, se marchó es porque asumió que se aproximan cambios en la estructura jurídica del mercado”.
Si bien el juez Bonadío no quiere hacer consideraciones políticas y señala que “solo se remite al expediente y a los posibles delitos que se habrían cometido”; Bárbaro insiste en el enfoque político de la situación que, además, de resolverse favorablemente para el Comfer, le aseguraría al presidente Néstor Kirchner una relación muy fluida con los grandes medios de comunicación.

 
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