| ¿Crisis
u Oportunidad?
Por
Dr. Horacio Martinelli
¿Cómo
debemos interpretar las permanentes contradicciones en materia de radiodifusión?
¿A quien atribuir la errática estrategia del Organismo de
Control, sus marchas y contramarchas?
En algunos casos la mencionada oposición entre actos y palabras
pueden explicarse invocando razones políticas, decisiones tomadas
en niveles de la administración nacional superiores al COMFER,
los que de seguro reciben las presiones que ejercen los grupos de interés
que interactúan en la actividad tratando de influir en los máximos
niveles del Poder Ejecutivo.
Otras, tal vez podrán vincularse a la personalidad del interventor
de turno al frente del organismo de aplicación; pero en la mayoría
de los casos, los actos incomprensibles son el producto de las actitudes,
de los comportamientos de los funcionarios que llegan a la actividad con
el claro propósito de recuperar el orden que alguna vez tuvo y
terminan cometiendo desaguisados que hacen cada vez más difícil
y lejana la solución de los problemas que pretenden resolver.
En el campo político, un día se resguarda la legalidad,
se aplican a rajatabla las normas vigentes, pero al día siguiente
se da prioridad a reglamentos vinculados con la clandestinidad y se avanza
sobre la ley positiva. Así observamos decisiones que, en algunos
casos, mejoran ostensiblemente los parámetros técnicos de
emisoras pendientes de normalización, se les autoriza la instalación
y su funcionamiento como si se tratara de titulares de licencias categoría
“A” y de la mañana a la noche permisos precarios y
provisorios se utilizan para emitir violando incluso los parámetros
establecidos en el Plan Nacional de Frecuencias.
En materia de conducción del Comfer, mucho habría para analizar,
pero de lo que no hay dudas es que su accionar es cambiante. Un día
aspira a normalizar el espectro radioeléctrico, ordenar definitivamente
las transmisiones de radio y televisión y otro, patrocina la instalación
de una FM que sale al aire con mas de 35 Kw de potencia en el transmisor,
y lo que es peor, dicho proyecto es presentado por las propias autoridades
del organismo.
En un momento se preocupa por actualizar el plexo normativo, trabajar
sobre el pliego de condiciones para encarar finalmente el reordenamiento
de las emisoras de baja potencia. En otro parece compartir el proyecto
sostenido por algunas emisoras importantes, quienes afirman, no sin razón,
que estaría próximo el vencimiento de los permisos precarios
y provisorios otorgados a mediados de 1989.-
En efecto, al transcurrir 15 años desde que las emisoras clandestinas
registradas conforme el decreto 1357/89 iniciaron sus transmisiones, por
aplicación analógica del artículo 41 de la ley 22.285,
expiraría el permiso precario, y los permisionarios podrían
entonces solicitar la prorroga del plazo por otros diez años, dando
inicio al complejo proceso de renovación.
Alguien podrá sostener que regir los destinos de la radiodifusión
en nuestro país obliga a incurrir en varias contradicciones, y
que estas son propias del arte de gobernar.
Frente a la enorme cantidad de circunstancias, presiones, pugna de intereses
que participan en este como en otros sectores de la economía, si
el Ejecutivo tiene claro donde quiere llegar en la materia, las contradicciones
en que incurren sus funcionarios, podrán no satisfacernos, pero
si el fin está claro, no cabe abrir juicio de valor al respecto.
En cambio, si las contradicciones reflejan dudas en la acción,
si ellas son el resultado de la improvisación o la ignorancia,
entonces llegó el momento de tratar de influir para que el error
no persista.
Esto es lo que se vislumbra en el medio, son varios los empresarios que
han iniciado consultas a los mejores expertos para que analicen la probabilidad
de demandar con éxito al Ejecutivo a través del COMFER reclamando
la reparación de los perjuicios sufridos por la acción u
omisión del organismo.
Algunos demandaran por que el Comfer no es capaz de garantizar lo más
elemental, el normal funcionamiento de la emisora adjudicada dentro de
su área primaria de servicio. Otros por no haber obtenido aún
la confirmación de la licencia adjudicada en 1999 y cuyo efecto
fue suspendido por el gobierno de la Alianza.
Finalmente varios piensan en accionar contra el organismo por no haber
resuelto aún sus presentaciones dentro del plan de normalización
iniciado ya hace más de 6 años.
Todos tienen parte de razón y se nota un clima enrarecido en el
sector, los administrados han perdido la paciencia, las demandas por reparación
de los daños causados involucran varios cientos de millones de
pesos, y es el Poder Judicial quien como corresponde dirá la última
palabra en este conflicto.
La intervención en el Comfer puede aún encaminar su gestión,
puede explorar formulas creativas dirigidas a resolver el funcionamiento
de las estaciones de radio y televisión en las 17 zonas de conflicto,
puede garantizar a quienes ganaron los concursos, que sus emisoras funcionaran
sin interferencias perjudiciales, de lo contrario antes o después
deberá indemnizar los daños que desde hace 15 años
las sucesivas gestiones han causado.
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