Jornadas de debate Sobre el Sistema Nacional de Medios Publicos
¿Qué hacemos con los medios públicos de gestión estatal?
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Carlos
silva y guillermo amstutz, secretario y presidente, respectivamente,
de la comision de libertad de expresion; osvaldo nemirovsci y carlos
ferreiro, presidente y secretario de la comision de comunicaciones
e informatica Fue una de las 33 ponencias que se escucharon en el Salón Auditorium del Edificio Anexo del Congreso, durante las “Jornadas Sistema Nacional del Medios Públicos: análisis para un nuevo marco legal”, organizada por las Comisiones de Libertad de Expresión y de Cultura, el 24 y el 25 de junio.
Los temas a desmenuzar fueron la finalidad de los medios estatales, la estructura jurídico – institucional, la producción y el contenido, y la financiación.
Los expositores coincidieron en la necesidad de incrementar el desarrollo de los medios públicos de gestión estatal, con un espíritu federal y dentro de un contexto legal y jurídico transparente. También hubo acuerdo acerca de la importancia del estado como pieza fundamental para proteger el derecho a la información y a la comunicación.
“El derecho a la comunicación no es la simple manifestación de la libertad de expresión. Por el contrario, sin la articulación de los tres elementos esenciales, buscar, difundir y recibir información, que contienen el derecho humano a la información, la libertad de expresión se convierte en una mueca”, expresó Eduardo Cosso, Presidente de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA).
Sobre este tema, el diputado Mauricio Carlos Bossa presentó una propuesta llamativa que consiste en que el estado brinde radiodifusión pública, sin ser propietario. Pues aseguró que “estaba en crisis el modelo basado en la propiedad estatal de los medios de radiodifusión”.
Al día siguiente, Damián Loreti, docente y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires discrepó directamente con Bossa y opinó que lo que había existido era una “espantosa administración” , y que de aplicarse ese criterio, las Universidades Públicas, por ejemplo, deberían implementar un fondo común y delegar en sus colegas privadas la función de contratar a los docentes.
Los asistentes se mostraron satisfechos con la oportunidad de ser escuchados, aunque no hubo público general. Precisamente, Fabián Bicciré, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, insistió en la necesidad de involucrar a la mayor cantidad de gente en estas cuestiones, pues se “está discutiendo quien controla el sentido de los mensajes que circulan en la sociedad”.
La situación de Canal 7 y Radio Nacional
Por su
parte, el diputado Osvaldo Nemirovsci, presidente de la Comisión
de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados
y moderador del encuentro, precisó: “A un proyecto de medios
determinado, le corresponde un proyecto de país determinado”.
El presente y futuro de los medios estatales, fundamentalmente de canal
7, fueron temas recurrentes. Gabriel Mariotto, subsecretario de medios
de la nación, expresó su preocupación por la cobertura
que tiene Canal 7 y citó las palabras, que a este medio, realizó
el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER),
Julio Bárbaro, al asegurar que sólo se está cubriendo
el 38% del territorio nacional.
Roberto Santecchia, presidente de Cooperativas, Mutuales y otros prestadores
comunitarios de radiodifusión (CARCO) se quejó de que “en
un país que se jacta de su superavit fiscal, cueste tanto asignar
recursos para mejorar la tecnología de sus medios de comunicación”.
Para que no queden dudas, Roberto Brennan, gerente de emisoras de Radio
Nacional, ofreció un rápido panorama de la situación:
“Las repetidoras de canal 7 están destruidas, los equipos
más nuevos de Radio Nacional tienen 50 años, el principal,
ubicado en Pacheco, es un Marconi de 1946”.
Asimismo, calificó de “mamarracho” a la ley 22.285
vigente desde 1980. Y reflexionó: “Es muy difícil
sacar una nueva ley, si cada dos años tenemos elecciones y dependemos
de los señores de los multimedios, quienes chantajean y a veces
crean calumnias”.
La mayoría de las instituciones sin fines de lucro destacaron la
labor de los empleados de los medios estatales, quienes evitaron, por
ejemplo, su privatización, en 1998.
Organización y contenidos
Algunas
ideas surgieron a la hora de formular planes para la estructura jurídica
– institucional y la organización externa e interna de los
medios estatales. Así, Daniel Hugo Alonso, Director de Radio Universidad
Nacional de la Patagonia, propuso generar políticas para que las
empresas y organismos de jurisdicción del Estado (AFIP, Banco de
la Nación Argentina, aduana) patrocinen el mantenimiento y reequipamiento
de las instalaciones. Mientras que Luis Fontoira Hollman, periodista del
programa “Tendencias” de Radio Splendid, consideró
que el estado debía recuperar el “poder de policía”,
como garante de la información y sugirió la creación
de un ombudsman mediático, ante quien el ciudadano pueda reaccionar.
La senadora Silvia Giusti se centró en la importancia de los contenidos
educativos. En la misma línea, la ponencia de la Academia Nacional
de Educación, firmada por el secretario académico Alfredo
Manuel Van Gelderen, propuso integrar al (Sistema Oficial de Radiodifusión)
SOR al Ministerio de Educación. Asimismo, Gustavo Martínez
Pandiani, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación
Social de la Universidad del Salvador, se interesó en los “costos
y beneficios de la lógica audiovisual en el campo político”
, dada su situación de “deterioro”, que adjudicó
tanto a la lógica mediática, como a la falta de interés
de los políticos.
En relación a la financiación, las posiciones se diferenciaron
entre las actores sin fines de lucro y los privados, aunque concordaron
en la necesidad de que un medio público no entrara en la lógica
del rating. Pero las opiniones volvieron a dividirse sobre si se debe
o no emitir publicidad comercial.
Felipe Boccoli, secretario de la Federación de Cooperativas Telefónicas
(Fecotel), intentó resumir la política implementada hasta
ahora: “Para los malos negocios (están) los ´giles´
del cooperativismo, para los buenos, la gente sabia e inteligente, que
generalmente viene del exterior”.
Por su parte, Carlos Molinero, director ejecutivo de Asociación
de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), reclamó que la televisión
estatal no compitiera con la privada “ni en contenido ni en publicidad”.
Y acusó a las radios clandestinas por la pobreza de recursos económicos.
Más concreto, Walter Burzaco, presidente de la Asociación
de Televisión por Cable (ATVC), sostuvo: “Tenemos un canal
público financiado en buena medida con la tasa del COMFER”.
Al respecto, Brennan puntualizó que si bien la única radio
autorizada a tener 100 Kilowats de potencia era Radio Nacional, algunas
privadas excedían el máximo permitido, como Radio 10 que
transmite con una potencia tres veces mayor a la legal o La Red, que lo
hace con una diez veces superior. Y concluyó: “Quizá
estos (mismos) señores se quejan de que financian los medios públicos”.
También sugirió que los equipos capturados en la aduana
pasaran directamente a los medios públicos.
El día después
Una vez
más, luego de los intercambios, la posta pasará a la dirigencia
política. En el cierre, el diputado Nemirovsci prometió
hacer todo lo posible para que en este año se sancione la nueva
ley.
Finalmente, Martín García completó: “Acá
lo que se define es si somos una nación o una colonia. O somos
un país dependiente de los EE UU y del sistema financiero internacional
o somos una nación con un espacio de soberanía política,
independencia económica y justicia social. No hay forma de negociar
con los propietarios de los medios privados, ellos quieren todo.”