Peru
Se promulgó la ley de Radio y Televisión
 |
Libre
competencia, libertad de Acceso, transparencia, uso eficiente del espectro
y neutralidad tecnológica. Con estos principios comienza la nueva
ley de Radiodifusión que promulgó el Poder Ejecutivo peruano.
Además define a estos servicios como privados y de interés
público.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Transportes y
Comunicaciones del Congreso, Mario Ochoa Vargas, expresó su satisfacción
por la ley 28.278, pues “se sustenta en la autorregulación”.
Aunque reconoció que toda ley es “perfectible”.
Entre sus disposiciones principales la reglamentación crea un Consejo
Consultivo, que actuará como veedor en el otorgamiento de autorizaciones,
el empleo del espectro radioeléctrico y la imparcialidad técnica,
en virtud de los cual el Estado no condiciona el uso de una determinada
norma, salvo en beneficio del televidente o radioyente.
Asimismo, estará compuesto por representantes de instituciones
del área, como el Consejo de Prensa, el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, las facultades de Comunicación Social y Periodismo
–elegido por sus decanos– y los titulares de autorizaciones
de servicios de radiodifusión sonora y de televisión comercial.
El representante del parlamento peruano manifestó a R&TA que en el Perú nunca hubo una ley de radio y televisión. Sus antecedentes fueron una única ley de Comunicaciones, sancionada en 1968 y el decreto 013 Ley de telecomunicaciones, en 1993. Este último prohibía la inversión extranjera en radio y TV. Pero “ocasionaba una contradicción con la Constitución Política del Perú que en su artículo 63° establece que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones”, opinó Vargas. Y reconoció que este tema “fue uno de los más polémicos”.
El artículo
controvertido es el 24°, que regula la intervención del exterior
y establece que “en personas jurídicas titulares de autorizaciones
y licencias no puede exceder del cuarenta por ciento (40%) del total de
las participaciones o de las acciones del capital social, debiendo, además,
ser titulares o tener participación o acciones en empresas de radiodifusión
en sus países de origen. El extranjero, ni directamente ni a través
de una empresa unipersonal, puede ser titular de autorización o
licencia”.
La organización civil Veeduría Ciudadana de la Comunicación
Social criticó varios puntos, como la falta de restricciones o
límites a la inversión extranjera, la centralización
del dominio en el sector del Poder Ejecutivo, que “sigue en general
con todo el poder posible”, la falta de autonomía del Consejo
para impedir la influencia política de turno, la renovación
automática de licencias y la ausencia de sanciones contra la corrupción
y la venta de libertad de expresión. Precisamente sobre este punto
respondió Vargas, vía correo electrónico.
Algunas
voces, como por ejemplo las de Veeduría Ciudadana, cuestionaron
duramente la Ley. Por ejemplo, sostuvieron que no fueron debidamente consultadas.
¿Cuál es su respuesta?
La Veeduría es una de las instituciones que ha participado en las
audiencias públicas que la Comisión, que presido, realizó
cuando se recogieron las propuestas de la ciudadanía. Hemos sostenido
reuniones de trabajo y hemos recogido de sus propuestas en más
de 30 artículos. Para ellos el Consejo Consultivo debió
ser autónomo pero ésta propuesta no alcanzó el consenso
necesario; o proponían que la ley sancione casos de corrupción
de parte de los propietarios de los medios, obviando que ya existe el
código penal que ve estos casos como otros delitos, narcotráfico
o terrorismo, y que una nueva ley no puede volver a sancionar. Todos estos
temas resultan polémicos pero estamos seguros que el Consejo Consultivo
abrirá una nueva etapa en las relaciones entre la radio y TV con
el estado y la ciudadanía, y que tal como está establecido
en la ley es muy probable que un representante de la Veeduría o
de las entidades que la conforman participen en él.
La nueva ley permite que un mismo propietario controle hasta el 40% de las licencias, esto abriría las puertas a las fusiones, algo que trae como consecuencia la concentración de medios.... ¿Se hará algo para controlarlo?
Su pregunta
me permite hacer una precisión. La nueva ley prohibe que un mismo
propietario controle hasta el 40% de las licencias. El texto de la ley
aprobada establece en su artículo 22° que se considerará
acaparamiento para efectos de la presente Ley el que una persona natural
o jurídica, sea titular de más del treinta por ciento (30%)
de las frecuencias disponibles técnicamente, asignadas o no, en
una misma banda de frecuencia dentro de una misma localidad, para la radiodifusión
televisiva y veinte por ciento (20%) para la radiodifusión sonora.
En Lima existen 7 canales por lo tanto podría darse una fusión
de dos empresas televisivas, no más de eso, así que no podría
hablarse de monopolios o acaparamientos.