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Condenan a periodistas por no revelar las fuentes de información
EE.UU. preocupado por la libertad de prensa en Venezuela

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Develararon la identidad de una agente de la CIA

Condenan a periodistas por no revelar las fuentes de información

Un juez norteamericano ordenó el encarcelamiento de dos reporteros que se negaron a identificar sus fuentes informativas.
El magistrado de distrito Thomas Hogan, dispuso que Judith Miller, de The New York Times y Robert Novak, de The Washington Post, fueran encarcelados hasta que accedan a revelar la identidad del nombre de una agente de la CIA.
La periodista Miller, enfrentará un año y medio de cárcel por negarse a descubrir sus informantes para un artículo que en realidad nunca publicó, sobre un hecho que estremeció al mundo político del país del norte. La comunicadora brindó pistas sobre la filtración de datos que mencionaban a la espía Valerie Plame como miembro de la entidad secreta.
Según los medios localis Plame fue «sacrificada» en las altas esferas del poder de la Casa Blanca para perjudicar a su marido, el ex embajador Joseph Wilson, un crítico de la política de George Bush en Iraq.
La Justicia no investiga quién delató a Plame sino cómo lo supo el periodismo, pues descubrir el nombre de un espía es un crimen federal que se paga con prisión, según la ley estadounidense.
El otro protagonista de esta historia -que comenzó en junio de 2003- fue Novak, quien identificó a Plame como agente encubierta de la CIA, citando “fuentes oficiales pero anónimas” en una columna del diario The Washington Post, publicada después de que el ex embajador Joseph Wilson, su marido, dijera, en otra columna del The New York Times, que Bush utilizó información falsa para justificar la invasión a Iraq.
Wilson viajó a Africa por encargo del gobierno de Bush en 2002, para investigar si Irak intentó comprar allí uranio para fabricar armas nucleares; y concluyó que se trataba de una pista falsa, pero el Poder Ejecutivo desoyó sus informes.
Novak, reconocido como un conservador relacionado con el Gobierno, se niega también a revelar quién le dio su testimonio.
Por su parte, Wilson está convencido que la venganza del gobierno fue revelar que su esposa había trabajado para la CIA, según trascendió en los medios locales.
El abogado de Miller anunció que apelará la resolución condenatoria alegando que la periodista ni siquiera escribió sobre el caso Plame, y que sólo había reunido material para hacerlo.
El fiscal federal a cargo de la investigación, citó también a otros periodistas de la cadena de televisión NBC, la revista Time y del The Washington Post. Algunos dieron información sobre sus fuentes después de que jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, los liberó de su compromiso de mantener el secreto profesional.
Miller y el director ejecutivo del New York Times, Bill Keller, dijeron que no aceptarán atestiguar “bajo ninguna circunstancia”.
En los Estados Unidos, el secreto de las fuentes de información periodística no está protegido en la Constitución y existe jurisprudencia preocupante para los periodistas.
El Gobierno abrió una investigación porque, desde 1975, revelar la identidad de un agente de inteligencia es un delito federal.
Sin embargo, la reportera Miller también tuvo sus problemas. Cuando estuvo en Irak, utilizó como fuente principal a Ahmed Chalabi, un banquero y agente de la CIA que se desempeñó como miembro del desaparecido Consejo de Gobierno, quien gracias a ella, emitió noticias fantásticas que alimentaron el hambre guerrerista de Bush.
En tanto, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) envió una carta al fiscal general de los Estados Unidos, John Ashcroft, en la que condena la decisión del juez Hogan: “El derecho de los periodistas a manejarse con sus fuentes bajo confidencialidad es una herramienta central en su profesión, sin la cual no podrían convencer a algunas personas de brindar información sobre asuntos de interés público”.

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EE.UU. preocupado por la libertad de prensa en Venezuela

“Tenemos inquietudes muy serias sobre el contenido (de los proyectos de ley) con respecto a la libertad de expresión en Venezuela. Consideramos que la propuesta, si se convierte en ley, penalizará la defensa de los derechos humanos en ese país,” dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Richard Boucher.
De esta manera, la potencia mundial expresó su inquietud ante las propuestas legislativas que podrían amordazar a los medios de comunicación y a los grupos defensores de derechos humanos, según informó la agencia Reuters.
Las iniciativas limitan los fondos a las ONG e implementa medidas para enjuiciar por traición a algunos de los principales partidarios del referendo revocatorio.
Caracas rechazó la postura de Washington, respaldada por varios grupos internacionales que defienden los derechos humanos. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Alvarez, dijo que el amplio debate democrático podría llevar a los legisladores a modificar sus propuestas.
”En vez de cuestionar el proceso judicial, Estados Unidos debería investigar si sus fondos entregados a las organizaciones que hicieron campaña a favor del referendo revocatorio no se usaron de manera ilegal”, concluyó el diplomático.

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